El juez pide analizar las tarjetas asociadas a los móviles de García Ortiz requisados por la UCO

Con esta diligencia el magistrado trata de averiguar si los teléfonos intervenidos fueron los utilizados por Álvaro García Ortiz la noche del 13 al 14 de marzo, cuando presuntamente se produjo la filtración del correo reservado del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El instructor da este paso a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por la UCO en el que constaba que había «cero mensajes» en el móvil del fiscal general durante la semana clave de la filtración, una conclusión que ha llevado al Gobierno a sentenciar que "no hay nada" y que "se acabó el asunto".

Las acusaciones personadas en la causa han tenido claro desde el primer momento que el borrado de mensajes era "gravísimo" y un indicio incriminatorio más, y que la UCO tenía que seguir profundizando en este aspecto, entre otras cuestiones porque del análisis del móvil de la otra imputada, la jefa de la Fiscalía provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se desprende ese "papel preminente" de García Ortiz en el episodio de la filtración. Así lo reflejaba el intercambio de mensajes con Rodríguez la noche del 13 de marzo y su interés por conseguir los correos de la defensa de Alberto González Amador (el novio de Ayuso) y del fiscal del caso, Julián Salto.

Esta misma mañana la Asociación Profesional e Independiente de Fiscakes (APIF) había pedido al magistrado Ángel Hurtado una batería de diligencias relacionadas con los dispositivos requisados. Una de ellas era averiguar si García Ortiz "ha cambiado de terminal desde el 13 de marzo a nuestros días y los IMEI afectados". Alertaba la API de que la UCO pudo peritar un teléfono que no fuera el usado por el investigado los días 13 y 14 de marzo.

Asimismo pedía que se investigara si ha habido "otros fiscales" que hayan cambiado de número de terminal inmediatamente después de que se produjeran los registros, porque al abogado de esta asociación Juan Antonio Frago, fiscal en excedencia, le consta que al menos la jefa de inspección, María Antonia Sanz, sí lo hizo, además al día siguiente de esos registros del 30 de octubre.