Una asociación de fiscales suma otros dos delitos a la actuación de García Ortiz en la filtración

En un escrito de 12 folios al que ha tenido acceso ABC, la APIF no solo pide que se investiguen las circunstancias en las que este borrado se produjo, sino que a la vez denuncia un cúmulo de irregularidades anteriores en la actuación del fiscal general del Estado, a quien ahora, tras la eliminación de las presuntas pruebas delictivas, ve en una situación más delicada si cabe que antes. En concreto, a la revelación de secretos por la que está siendo investigado, esta acusación suma el apoderamiento ilícito de la información, pues el fiscal general no utilizó los cauces oficiales que le brinda el Estatuto de la carrera para recabarla (puede convocar a cualquier miembro del Ministerio Fiscal para recibir directamente sus informes y darle las instrucciones que considere oportunas), sino que lo hizo tras un «cruce frenético de llamadas» (a la jefa provincial de Madrid y coimputada Pilar Rodríguez).

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«Al igual que la presidenta del CGPJ o un presidente de Sala del Tribunal Supremo no pueden pedir por whatsapp o llamada a un magistrado una documentación de una causa judicial para que se la acaben remitiendo a un correo no corporativo, el fiscal general del Estado tampoco, por su cargo, tiene a su disposición toda la documentación de todas las causas nacionales «a granel» o sin control alguno«, argumenta.

En este caso, llamar a su presencia a un fiscal y por por los cauces reglamentarios «es algo muy distinto a quebrantar el descanso o tiempo libre de un funcionario fiscal para que, con total nocturnidad, se le exija una documentación sensible vía whatsapp (se le sacó de un partido de fútbol en el Bernabéu) y para que esta acabe depositada en un correo electrónico no corporativo. Es una brecha de seguridad en materia de protección de datos en toda regla. El apoderamiento ilegal (artículos 197.2 y 198 del Código Penal) está claramente consumado«, y ello sin perjuicio de la acreditación de la filtración (la revelación de secretos investigada).

La APIF considera también acreditado el delito de prevaricación administrativa por no haberse documentado formalmente lo que se reclamó por vía oral en ese «cruce frenético» de llamadas y mensajes que han quedado acreditados en la causa a través del análisis del móvil de su subordinada Pilar Rodríguez.

Alude en este punto al artículo 36 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en virtud del cual los actos administrativos «se producirán por escrito a través de medios electrónicos a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión«. A ello se suma la exigencia, desde hace nueve años, de firma electrónica de cualquier acto administrativo. »Ser condescendiente con la ausencia de cumplimiento de los dos preceptos es abonar que en cada administración se haga lo que plazca«, apunta el equipo jurídico que encabeza Juan Antonio Frago.

«Por tanto, es insalvable la forma (llamadas y whatsapp fuera manifiestamente de horario laboral), la falta de constancia posterior (no se volcó esta actuación a documentos oficiales), el borrado posterior de los whatsapp del móvil del investigado, prueba incriminatoria donde las haya, la falta de firma electrónica, la ausencia de legalidad al no cumplir los cauces del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la brecha de seguridad al sacar de un entorno seguro la información secreta a un correo no corporativo... todo esto nos lleva a apuntar a un delito de prevaricación administrativa en concurso con el de infidelidad en la custodia de documentos públicos o bien de descubrimiento y revelación de secretos«.

Relacionado con estas circunstancias, la APIF pide al juez que requiera expresamente al delegado de protección de datos del Ministerio Fiscal al efecto de que acredite documentalmente: los protocolos de borrado de datos que existen de terminales de almacenamiento, «lo que incluye teléfonos móviles y ordenadores de toda índole, particulares o corporativos, de los miembros del Ministerio Fiscal». También para que explique si se ha informado a alguna autoridad competente de la «brecha de seguridad de los datos», o si ha llevado a cabo cualquier tipo de actuación al respecto (los datos que acaban en el correo no corporativo de García Ortiz).

«Cumplimentado lo anterior, interesaremos sea expresamente acordada su testifical o declaración de investigado, en función siempre de lo aportado, dado que es garante su titular». Se trata de Agustín Hidalgo de Morillo, cónyuge (desvela la APIF) de la fiscal jefe de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz y a quien la APIF ya pidió anteriormente que se la requiriera para informar sobre si se ha abierto una investigación interna sobre las circunstancias de la filtración.

A propósito de María Antonia Sanz, nombrada fiscal de Sala por Delgado y persona de máxima confianza de García Ortiz, Frago informa de una circunstancia hasta ahora desconocida y que pide investigar: el cambio de número de teléfono el día siguiente a los registros de la UCO en la Fiscalía General del Estado. «No tenemos manera de acreditarlo por nuestros medios, pero esta no sería la única fiscal del entorno de García Ortiz que cambió de número en fechas inmediatamente siguientes al registro. En este punto «no es ocioso recordar», dice la APIF que Pilar Rodríguez se refiere al «equipo Fortuny», como si en la sede de la Fiscalía estuvieran conectadas con la filtración más personas aparte del fiscal general.

La APIF considera «necesario» que más allá del análisis que la UCO ha hecho de los dispositivos del fiscal general, de Pilar Rodríguez y del socialista Juan Lobato, se confeccione un atestado de investigación sobre los siguientes extremos: el listado de llamadas entrantes y salientes de los García Ortiz y de Rodríguez Fernández, que constarán en sus respectivas facturas telefónicas (siempre que no se hayan hecho por whatsapp u otras aplicaciones). Especialmente, las de la noche del 13 al 14 de marzo de 2024 van a poder acreditar si Álvaro García Ortiz habló con algún periodista, «especialmente de la Ser, el País o La Sexta, a lo largo de esa noche».

«Es necesario determinar en el atestado, de manera que no deje lugar a la duda, de si pueden recuperarse los whatsapp u otra mensajería instantánea, así como correos electrónicos borrados, mediante aplicaciones como Cellebrite o cualesquiera que use la UCO. Para ello, probablemente necesitará la UCO los backup de Meta, Google o de Icloud, pedidos a las filiales españolas, al efecto de evitar comisiones rogatorias«.

También que se listen las aplicaciones que permiten la mensajería en todos los terminales incautados (por si hubiera que pedir los backup de otras aplicaciones como Telegram, Signal, etc.). Asimismo, deben pedir a los proveedores de correo de @madrid.org, @fiscal.es y @gmail.com las correspondientes copias de seguridad que legalmente deben conservar respecto de todos los documentos administrativos.

Pide, además, que se determine dónde estaba físicamente el fiscal general del Estado en la franja de las 20:00 del 13 de marzo de 2024 a la 1:00 del 14 de marzo de 2024 a través de geolocalizadores de los móviles, pues «aunque la presunción hasta el momento parte de que redirigió la información, no es impensable que, directamente, estuviera junto a un periodista aquella noche«.

Por último, si Álvaro García Ortiz ha cambiado de terminal móvil desde el 13 de marzo a nuestros días y los IMEI afectados, pues la UCO ha podido peritar un teléfono que no fuera usado por el investigado la noche del 13 al 14 de marzo.