Salvador Viada: «García Ortiz debería dimitir aunque sólo fuera por no haber controlado la filtración»

-Hay quien intenta minimizar la importancia de su testimonio por el hecho de que cuando usted presenció esa escena, el fiscal general ya había recuperado el móvil que consultaba con su mano derecha...

-A mí lo que me llama la atención no es el hecho de mirar un móvil, sino el contexto en el cual se mira ese móvil: dos personas, una de las cuales es el fiscal del asunto y otra es el investigado, sin presencia de abogado y rodeados de funcionarios de Policía haciendo su trabajo en una diligencia acordada por el juez que precisamente tenía por objeto el intervenir, clonar los móviles del fiscal general de Estado... Esta es una situación que desde el punto de vista profesional no es admisible porque está relacionado con algo que es la clave de todo esto: la imparcialidad del Ministerio Fiscal. Todo este proceso penoso en el que estamos es muy difícil de llevar en la Fiscalía porque el investigado es el jefe de todos los demás, incluida la fiscal del asunto.

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-Pero la circunstancia de que el imputado sea precisamente el fiscal general hace que cualquier fiscal que represente a la institución en esa causa sea su subordinado...

-Es una situación imposible, porque no hay manera de solucionarlo. La teniente fiscal es la más inmediata colaboradora del fiscal general del Estado. ¿Cómo se puede sostener que haya apariencia de imparcialidad? Estas cosas hay que decirlas porque es la única manera de acabar con esto, con este modelo del Ministerio Fiscal básicamente concedido en favor del Gobierno. A favor de que el Gobierno pueda manejarlo de muchas maneras.

-¿Cree que el fiscal general en cierto modo está utilizando la institución para protegerse?

-Para mí no hay ninguna duda. Desde su posición puede dar ruedas de prensa, entrevistas, defendiendo su inocencia; puede elegir a las personas que le rodean; puede convocar o no a la Junta de Fiscales de Sala para que informen en un sentido u otro. Naturalmente que puede influir. De hecho, en una comparecencia que hizo, si no recuerdo mal en abril dijo: «Yo asumo la responsabilidad institucional de todo esto porque no puedo permitir que los compañeros sufran las consecuencias de haber querido hacer un comunicado«. El comunicado salía de él, lo forzaba él. ¿Utilizó o no la institución en ese momento en beneficio propio? Pues claro, intentaba apartarse, apartar el asunto. Cuando semanas después, unos fiscales encargados del asunto en el Tribunal Superior de Justicia, María de la O Silva y Carlos Ruiz Alegría, su jefe inmediato, empiezan a investigarlo entonces les piden que lo archiven, un asunto que afectaba directamente al fiscal general del Estado. Ellos dijeron que no y entonces la número dos convocó la junta de fiscales de Sala, que tiene la composición que tiene, y entonces los apartaron...

-Si usted fuera fiscal general del Estado y estuviera en la situación de García Ortiz y realmente confiara en su propia inocencia, ¿dejaría el cargo?

-La hipótesis que usted plantea es absolutamente imposible, primero porque los gobiernos no nombran a gente independiente para estos puestos; en segundo lugar, evidentemente yo estaría convencido de mi inocencia porque yo no hubiera hecho una cosa como esa. Y por último, naturalmente que me habría ido, porque la institución no tiene por qué padecer las consecuencias de la voluntad de alguien de aferrarse a un cargo estando investigado en el Tribunal Supremo. Es de cajón. El destrozo que está haciendo este señor en la institución es enorme, en todos los niveles. Hoy sabemos que el Gobierno tenía ese email, el que había sido pasado al fiscal general de Estado la noche anterior. Había sido recogido su contenido, pero no publicado en la prensa. Pero ¿en qué país vivimos? Había que dimitir, naturalmente había que dimitir, aunque solo fuera por no haber sido capaz de controlar la filtración.

-¿Se llegará a demostrar la conexión directa entre Fiscalía y Moncloa?

-Yo lo que le puedo decir es que el juez de instrucción está actuando con la intención, con la voluntad, con el carácter y con la independencia de averiguar lo que ha ocurrido ¿Se conseguirá demostrar? Pues ya lo veremos. La APIF está personada para actuar como fiscales en este asunto. Si vemos que hay indicios suficientes, pediremos al tribunal que continúe la investigación y si vemos que no los hay, haremos lo contrario. Todo esto está teniendo un precio. En la asociación estamos soportando por parte de la institución algo que a mí no me parece correcto. Nos están breando a expedientes disciplinarios, no hemos tenido un solo nombramiento discrecional de los 90 que se han producido. Nos están castigando, están intentando acobardarnos. No es el mejor camino. La gente que estamos aquí somos gente convencida de que la única manera de cambiar las cosas es dar la cara. Todos los gobiernos, del Partido Popular, del Partido Socialista, han ido incidiendo en la misma línea de «si tú lo has hecho antes, también lo puedo hacer yo». «Si tú has elegido uno de mucha confianza, también voy a elegir uno de mucha confianza». Y así hemos visto hasta una ministra nombrada fiscal general del Estado. Y poco a poco una institución se deteriora hasta el momento actual, en el que además de una situación política muy compleja, de casos de corrupción que aparecen a diestro y siniestro, nos encontramos con un fiscal general del Estado sometido no solo a un juicio público y político, sino penal. Cuando llegamos a esto casi es mejor que el fiscal general de Estado este continúe para que, cuando caiga, la catarsis sea tan grande que todo el mundo entienda que esto tiene que cambiar. Ojalá algún día la Fiscalía pueda ser lo que tiene que ser, una institución capital en el Estado de derecho.

-¿Usted cree que la Fiscalía ha sido todo lo objetiva que tenía que haber sido en cuestiones como la aplicación de la amnistía, por ejemplo?

-Desde mi punto de vista, los fiscales de a pie, los fiscales de base, fiscales de la Audiencia de Barcelona, que son los que han tenido que aplicar muchas veces la amnistía, los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, han actuado correctamente, como debe hacerse. Y como debe hacerse nos lo ha marcado el Tribunal Supremo, el presidente Marchena. La amnistía no tiene que interpretarse en favor del reo, porque es una ley excepcional. Hay que interpretarla caso por caso, para que nadie pueda verse acogido a la ley de amnistía sin que estrictamente le corresponda. Él no dice 'indubio pro reo'; el señor Marchena dice 'indubio pro estudio', estudiar las causas de cada uno. En ese sentido la Fiscalía General del Estado ha actuado en una posición completamente contraria. Ha decidido aplicar la amnistía de manera acrítica, chocando con los fiscales del 'procés', con los fiscales encargados del asunto en la Audiencia Nacional con los CDR; con Tsunami, y sobre todo con la justicia del Tribunal Supremo. Esto es el mundo al revés.