El abogado del novio de Ayuso acorrala al fiscal general con una batería de diligencias: «Nadie borra su inocencia»

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Nati Villanueva

En un escrito al que ha tenido ABC, el letrado de González Amador pide al juez que requiera a la UCO para que reclame al departamento de informática de la Fiscalía General del Estado que aporte el número de veces que el fiscal general ha cambiado de dispositivo móvil con indicación de los datos de referencia de cada terminal (IMEI y modelo); que entregue a los agentes los dispositivos móviles que dejó de utilizar desde el pasado 7 de marzo. También que informe sobre si esos dispositivos han sido formateados y en caso afirmativo, quién se ha encargado de hacerlo así como la fecha en la que se ha hecho y el software utilizado.

Solicita, además, que se requiera al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal (Agustín Hidalgo de Morillo) para que aporte copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existentes en la institución del Ministerio Fiscal y, específicamente, en la Fiscalía General del Estado relacionados con el uso de teléfonos móviles por los miembros del Ministerio Fiscal con ocasión de sus actuaciones como funcionarios públicos (detallando sus versiones y vigencias desde su inicial aprobación, y copia de todas las versiones); con el uso de direcciones de correo de carácter personal por los miembros del Ministerio Fiscal con ocasión de sus actuaciones como funcionarios públicos (detallando sus versiones y vigencias desde su inicial aprobación, y copia de todas las versiones); relación de ocasiones en las que desde el 7 de marzo de 2024 fiscales del órgano han cambiado de dispositivo móvil indicando de quién o quiénes se trata y datos de referencia de cada terminal (IMEI y modelo).

La acusación particular solicita que se ordene a la UCO ampliar el objeto de su pericia al análisis de los dispositivos pertenecientes a García Ortiz y Pilar Rodríguez, a los mensajes de cualquier tipo de mensajería instantánea en relación exclusivamente con los hechos y las conversaciones mantenidas con el número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe (que reclamó a Pilar días antes los correos reservados) y con los cargos de Moncloa Pilar Sánchez Acera (entonces jefa de Gabinete de Óscar López y quien mandó el correo a Lobato cuando nadie lo había publicado todavía), los exsecretarios de Estado de Comunicación Francesc Vallés e Ion Antolín (relevado este lunes después de 20 días en el cargo) y la directora de comunicación de Vivienda Laura Sánchez Espadas, así como varios periodistas de la Ser, de El diario y de El plural.

El letrado pide también que se oficie a las compañías Movistar, Vodafone, Orange y Grupo Mas Movil para que, respecto de las líneas de teléfono móvil usadas por García Ortiz, Diego Villafañe y Pilar Rodríguez, faciliten desde el 7 hasta el 30 de marzo de 2024 (ambos inclusive) todos los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación. También que inste a estas mismas compañías a aportar los datos generados y tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones desde el 7 de marzo de 2024 hasta la fecha de la solicitud, respecto de las siguientes personas y líneas de telefonía móvil: Diego Villafañe, Pilar Sánchez Acera, Francesc Valles, Ion Antolín y los periodistas de los medios antes citados.

También pide que se requiera a Google Ireland Limited91 para que, en relación con la cuenta de correo personal del fiscal general remita copia de todos los correos electrónicos recibidos y/o enviados que contengan (en el asunto, en el cuerpo del email o en sus adjuntos) alguno de los siguientes textos: «Ciertamente se han cometido dos delitos» o »ayuso«. También información sobre el posible borrado de correos electrónicos enviados o recibidos de la cuenta persona de García Ortiz hasta la fecha del requerimiento y, en caso de que se confirme dicho borrado: enviar la relación de correos electrónicos borrados y los datos de las operaciones de borrado (fecha y objeto del borrado), y efectuar, si es posible, su recuperación.

Y a Meta para que envíe copia de todas las conversaciones y archivos que el fiscal general y Diego Villafañe hubieran generado como usuarios de whatsapp desde el 7 de marzo de 2024 y hasta la fecha del requerimiento, así como información sobre el posible borrado de conversaciones y archivos de whatsapp y en su caso, efectuar, si es posible, su recuperación.

Las diligencias alcanzan también al móvil del socialista Juan Lobato y la necesidad de esclarecer la conexión con Moncloa. Entre estas últimas pide que se solicite al jefe de prensa del grupo socialista de la Asamblea de Madrid David del Campo que aporte las conversaciones de whatsapp (en formato digital) de que disponga entre los días 7 y 14 de marzo con Vallés, Antolín y Sánchez Espadas, y que se amplíe la pericial del móvil de Lobato del 7 al 12 de marzo (en su declaración judicial Lobato dijo que días antes a la mañana del 14, cuando Sánchez Acera le envió el correo, había estado en contacto con ella)

El letrado se muestra convencido en su escrito de la culpabilidad del fiscal general porque «nadie borra su inocencia» y pide que se impute a Villafañe por «haber protagonizado» los hechos que se investigan por cuanto fue una pieza esencial a la hora de recabar la información que afectaba al procedimiento abierto a González Amador por presuntos delitos fiscales.