La Xunta desmiente al BNG: no habrá multa por retrasos en la tramitación del proyecto de Altri

Concretamente, fuentes de la Xunta desmintieron que se enfrenten a una posible multa que el diputado del BNG cifró en medio millón de euros por el retraso en la tramitación de este proyecto industrial estratégico. Una sanción a la que supuestamente se enfrentaría el Ejecutivo liderado por Alfonso Rueda debido a uno de los cambios efectuados en la conocida como ley de acompañamiento aprobada junto a los Orzamentos de 2025, según aventuró Bará este lunes.

«Cumple aclarar que no hay una fecha límite que se cumpla en los próximos meses, como se difundió en relación a la supuesta responsabilidad patrimonial por parte de la Xunta de Galicia que, según dicha información, errónea, se producirá el 20 de febrero», especifican fuentes del Ejecutivo autonómico, que defendieron el procedimiento como «riguroso, garantista y transparente».

Si bien la tramitación de este proceso, que cumplirá un año en las próximas semanas, se está dilatando más que en otros casos debido a la magnitud del mismo, según alega la Administración autonómica, desde la Xunta aseguran que el tiempo que se computa para calcular el retraso que podría traducirse en sanción no incluye los plazos en los que los expedientes ya han sido remitidos al promotor, por lo que el periodo que la empresa portuguesa ha dedicado a responder a las alegaciones y a preparar la documentación adicional solicitada por los informes sectoriales -proceso que continúa a día de hoy- no consta para esa hipotética multa.

«El proyecto sigue los plazos habituales en este tipo de procedimientos. Como es habitual en una iniciativa de esta envergadura, se hicieron requerimientos de información a la empresa», indican fuentes del Ejecutivo autonómico, que destacan también el elevado «volumen de alegaciones recibidas» y la necesidad de «analizarlas pormenorizadamente, tal y como establece la normativa vigente». Lo que explicaría que la tramitación de este proyecto se esté demorando más que en otros casos. «En todo caso, los técnicos están trabajando con total profesionalidad e independencia», inciden desde la Xunta de Galicia.

A pesar de las afirmaciones de las últimas semanas por parte de miembros del Ejecutivo gallego, todavía no hay fecha concreta para la que se espere que trascienda el veredicto de los técnicos. En la actualidad, la Consellería de Economía e Industria cuenta con «aproximadamente dos terceras partes» de los informes sectoriales, 36 en total, que se realizan desde las posibles partes potencialmente afectadas por el proyecto, a la espera de que Altri aporte la documentación pendiente para los informes sectoriales que solicitaron más información a la compañía portuguesa,

Será entonces cuando la Consellería reciba toda la información y los técnicos analicen que se han tenido en cuenta las alegaciones pertinentes por parte de la compañía, cuando el expediente será trasladado a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que tendrá un plazo de dos meses desde su recepción para formular la declaración de impacto ambiental necesaria para la aprobación del proyecto de la fábrica de fibras textiles. Un plazo inferior al habitual, de cuatro meses, debido a que esta propuesta fue declarada como proyecto estratégico por el Gobierno de Galicia, facilitando un procedimiento más ágil de acuerdo a la legislación.

Será en esta declaración de impacto ambiental donde se establezca si el proyecto es viable o no, además de una tercera posibilidad, en la que sea favorable cumpliendo una serie de condiciones. «Los plazos, en definitiva, más allá de lo que marcan las leyes, están determinados por el tiempo necesario para garantizar que este proyecto, como todos los que aspiran a instalarse en Galicia, afronta un conjunto de trámites de la máxima exigencia técnica», concluyen desde la Xunta.