La comisión sobre la contratación pública y el Cunqueiro concluye sin pena ni gloria

La oposición trató de convocar un pleno extraordinario en agosto para debatir el informe. Pero el PP, con su mayoría absoluta, tiró por tierra la petición, e hizo lo propio con la posterior solicitud para constituir la comisión, consciente de que el BNG tenía la opción de lanzar una de forma automática al tener un tercio de los diputados. La modificación del reglamento que lo permite, como reiteraron en varias ocasiones los populares, la incluyeron ellos en 2015, y solo se puede usar una vez por legislatura. Una bala que la oposición ya ha gastado, con tres años aún por delante.

El Bloque la constituyó en septiembre, con derecho a establecer el objeto de la misma, que terminó abarcando década y media de Gobierno: el sobrecoste, la contratación en pandemia, y la contratación pública desde 2009. Prometía acabar con «15 años de chanchullos» pero, a medida que pasaron los días y las comparecencias, su atractivo mediático se fue desinflando.

Primero, la oposición no fue capaz de trasladar a Galicia la política nacional. Pese a la «tranquilidad» de la que se jactaron los populares desde el principio –Rueda llegó a retar a Pontón a dejarse de «amagos» y constituir la comisión de una vez–, no fue suficiente para que aceptasen sentar a Alberto Núñez Feijóo de nuevo en O Hórrreo. Por su parte, en su obcecación por traer a los que hubiesen sido los comparecientes estrella – al líder nacional del PP, sus familiares y la pareja de Isabel Díaz Ayuso, entre otros– ni socialistas ni nacionalistas se plantearon aceptar la transacción del plan de trabajo que propuso el grupo popular. No incluía a estas personas clave para ellos, pero sí la documentación que pedían y representantes de las empresas que presuntamente se beneficiaron de esos «chanchullos».

Después arrancaron las comparecencias de una comisión que ya dejaba entrever su escasa utilidad. Ni siquiera los líderes de ambos grupos acudieron a las intervenciones –solo a la de Rueda, un cara a cara que no se podían perder–. En lo relativo al Cunqueiro, varios comparecientes concluyeron que la colaboración público-privada era la única que permitiría levantar la infraestructura cumpliendo con los objetivos de déficit marcados por la UE en plena crisis, pese a que varios cargos del bipartito defendieron que ellos tenían pensado construirla a través de la Sociedade Pública de Investimentos, aunque incurriese en deuda –y el propio bufete contratado por ellos, Garrigues Abogados, dijese que no era económicamente viable–. Y sobre la contratación, Contas aseguró que, de haber detectado irregularidades en sus informes, los habrían remitido a Fiscalía.

Este viernes se vota el proyecto de dictamen, que concluye que no hubo ninguna «tacha de legalidad» –y que presumiblemente saldrá adelante, con la mayoría del PP–. Pero desde agosto, ni el discurso de la oposición ni el de los populares ha cambiado. Socialistas y nacionalistas mantienen sus acusaciones de corrupción, sumadas ahora a críticas a un PPdeG «absolutista» y «autoritario» que «boicoteó» la comisión y ahora la cierra «en falso». Esto último lo dirimirá la justicia, cuando el Constitucional resuelva el recurso presentado por el BNG por «vulneraciones» de sus derechos en la Cámara. Pero ni los de Pontón ni los de Besteiro avanzan si irán a los tribunales en caso de que no falle a su favor.

Mientras, el PP se mantiene firme en su buen hacer y en la intención de los otros grupos de hacer oposición en clave nacional para tapar la corrupción del PSOE, «echar abajo la imagen» de su buena gestión y, en el caso de Pontón, reafirmar su posición ante las corrientes críticas con su liderazgo dentro del partido. Aprovecharon, además, para devolver al Bloque sus propias acusaciones, destacando contratos en la época de Touriño con empresas relacionadas con la formación. Habrá que esperar a ver cómo se concluye, pero, por ahora, más allá de titulares y argumentos para los plenos, la comisión no ha dado mucho de sí.