La crisis migratoria deriva ya en un choque político a gran escala

En lo que va de año, más de 23.000 inmigrantes han desembarcado en las islas Canarias, que reclaman medidas al Ejecutivo y solidaridad al resto de regiones. Pero más allá del punto de vista territorial, la cuestión migratoria ha derivado ya en un choque político. La derecha y la izquierda enfocan el asunto desde perspectivas diferentes. El PP y Vox acusan al Gobierno en funciones de un cierto «buenismo» que promueve un «efecto llamada», mientras Sumar aboga sin complejos por un reparto equitativo de los inmigrantes para aliviar la presión migratoria, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reivindica que la competencia es únicamente suya, y no de comunidades ni municipios.

Alrededor de 13.000 inmigrantes están acogidos ahora mismo en España. 7.000 de ellos están en la península, de los cuales 5.000 -3.000 en plazas de nueva creación con motivo de la crisis- han sido trasladados desde el inicio de la emergencia migratoria. En el archipiélago hay otras 6.000 personas en esta situación, según el ministerio.

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La disponibilidad de plazas en la península, tanto públicas como privadas (hosteleros que han ofrecido sus establecimientos) y las características personales de los migrantes son los criterios prioritarios que está siguiendo el ministerio de Escrivá para los traslados desde las islas, según fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones. «Se da prioridad a las situaciones de vulnerabilidad y se busca plaza en función de esa necesidad». Embarazadas, niños, enfermos, víctimas de trata o de violencia de género son algunos de esos casos. Zonas que cuenten con colegios u hospitales cercanos, por ejemplo, se priorizan para esos perfiles, detectados tras las entrevistas largas que se realiza a los migrantes cuando tocan tierra.

Los alojamientos exóticos que han aparecido -y que han criticado distintos partidos- se han ofrecido por parte de sus responsables, con los que ha habido reuniones, y forman parte de esas plazas temporales para una emergencia migratoria como ya ocurrió con la llegada de afganos y ucranianos.

Ayer, el presidente del Gobierno autonómico de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), dijo que los cincuenta millones de euros que aprobó el martes el Consejo de Ministros para que el archipiélago asimile la inmigración «se quedan cortos». Según él, los gastos derivados de la crisis se elevan ya en torno a 79 millones de euros. Clavijo deseó que ahora, con el traslado de inmigrantes a la península, toda España comprenda «la situación tan complicada» que vive el archipiélago, según Ep.

Mientras el coordinador general del PP, Elías Bendodo, pedía ayer que no se tomen decisiones unilaterales desde el Gobierno, el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, cargó contra los populares por «negarse», según él, a acoger menores inmigrantes. Santiago tachó de «sorprendente» que no haya «la debida solidaridad entre comunidades autónomas» con las islas Canarias.

En este contexto, y también tras el recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina tras los atentados de Hamás en territorio israelí, Vox lleva semanas apelando al Ministerio del Interior para que tome cartas en el asunto migratorio e impida nuevas llegadas. Anteayer, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, exhibió una portada del semanario alemán 'Der Spiegel' en la que el canciller Olaf Scholz, socialdemócrata, reconocía que habrá que proceder a «deportar» gente «a gran escala».

Vox utiliza a Scholz, de la familia política de Pedro Sánchez, para poner al PSOE ante el espejo. Pero el partido va más allá y la semana pasada llegó a registrar una iniciativa que pedía paralizar de inmediato los trámites para la concesión de la nacionalidad española a todas las personas procedentes de la «cultura islámica». El motivo, «el riesgo de atentados yihadistas». Y es que la formación de Santiago Abascal vincula terrorismo e «invasión migratoria».

Fuera del Congreso, el traslado de inmigrantes a distintas partes del país también inquieta. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pidió ayer al Ejecutivo que abandone su política «populista» y «buenista», y que no se limite a «desperdigar a los inmigrantes, sin apenas información, por toda España». También los Gobiernos de Castilla y León y la Región de Murcia exigieron a Sánchez que no actúe con «improvisación» y «sin transparencia». En Castilla y León el PP y Vox tuvieron sus propios roces, al desmarcarse los populares de las palabras del vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, tras un duro mensaje en el que habló de «invasión migratoria» por los inmigrantes acogidos en su comunidad. El PSOE pidió a la Fiscalía que actúe contra él por un presunto «delito de odio».

Desde la Comunidad de Madrid, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales envió una carta al ministro Escrivá para que convoque la Conferencia Sectorial de Inmigración. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reclama en la misiva, a la que tuvo acceso ABC, «seriedad y lealtad institucional» para abordar este delicado asunto, informa Mariano Calleja.

Desde Migraciones, tras las críticas, aseguran que a diario se informa a los delegados del Gobierno y subdelegados sobre los traslados a la península y son estos quienes deben comunicarlo a comunidades autónomas o ayuntamientos. «Es una cortesía institucional», dicen, porque ni una ni otra Administración tienen competencias en Inmigración. Admiten que puede haberse producido algún retraso y lo achacan al insólito número de entradas y la necesidad de respuestas rápidas.