El Congreso rechaza las enmiendas contra la amnistía en el hemiciclo que aprobó el artículo 155

La enmienda a la totalidad de Vox ha recibido 309 votos en contra, incluidos los del PP, y solo 33 a favor -los suyos propios-, en una votación que ha permitido visibilizar, también, la división en la derecha. Después se ha votado la de los populares, por llamamiento como habían solicitado, y esta segunda sí ha cosechado el respaldo de los de Santiago Abascal. En total, la propuesta del partido de Alberto Núñez Feijóo ha contado con 171 síes y 178 noes. No estaba entre ellos el de Pedro Sánchez, convenientemente ausente en ese momento.

El PP y Vox han defendido sendas enmiendas a la totalidad con las que planteaban distintos textos alternativos para dejar sin efecto la amnistía planteada por el PSOE. Esa misma figura que antes de las elecciones generales del 23 de julio, cuando todavía no necesitaban los votos del partido del prófugo Carles Puigdemont, los socialistas tachaban de «claramente inconstitucional». Los populares proponían sustituir el derogado capítulo de la sedición, en otra concesión al independentismo, por unos nuevos tipos en el Código Penal que censurasen los delitos de «deslealtad constitucional».

Por primera vez, el PP se ha abierto a disolver partidos independentistas, siempre y cuando cometan dos nuevos delitos: el referéndum ilegal y la declaración de independencia. Un matiz respecto a la propuesta ya clásica de Vox, que pide ilegalizar directamente a las formaciones cuyo ideario sea contrario a la unidad de España. La principal novedad en el texto de los de Abascal es la prohibición de entablar negociaciones con fugados de la Justicia, lo que en el futuro impediría conversaciones para una investidura en el extranjero, como ha sucedido ahora. Los derechistas querían también recuperar el eliminado delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes del 'procés', y recuperar las penas de la malversación, rebajadas también a exigencia independentista.

Los argumentos durante el debate han sido muy parecidos a los escuchados en diciembre, cuando se discutió la toma en consideración de la proposición de ley socialista, esa vez sí, en el Palacio del Congreso. La portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, han coincidido en su defensa de las enmiendas a la totalidad en señalar la incoherencia entre la hemeroteca del PSOE, cuando abjuraba de la amnistía, y el impulso de una ley a medida de ERC y Junts a cambio, han dicho, de un puñado de votos.

«Las doce páginas de la exposición de motivos se resumen en una frase: necesitamos los votos de los separatistas», decía Millán. Después, remataba Gamarra: «Solo por siete votos». La lógica parlamentaria dicta que un diputado del PSOE debería haberse subido a la tribuna de oradores del Senado -donde se celebra este pleno por obras en el Congreso- para hacer uso del turno en contra de unas enmiendas que pretenden dar un giro de 180 grados a una ley, no se olvide, rubricada con la rosa socialista. El perfil bajo del Gobierno era evidente, con la bancada azul vacía de ministros en la primera parte del debate.

Ha sido el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha confrontado directamente con el PP y Vox. Le acusaba Gamarra de ser «el señor del frac», presto a cobrar las deudas que amontona el PSOE por la investidura de Sánchez. El independentista, con su habitual sorna, ha tirado del comodín de los casos de corrupción del PP para responderle que aceptaba el pago «en sobres». Chascarrillo aparte, ha criticado que las enmiendas de PP y Vox podrían dejar sin representación política a todos los independentistas catalanes; un argumento repetido después por Enrique Santiago (Sumar).

Gamarra, con la mirada posada en la bancada socialista, se preguntaba qué problema había en incluir el referéndum o la declaración de independencia en el Código Penal si no están en la hoja de ruta de sus socios. Pero el diputado republicano le ha pedido que su partido se parezca más a José Antonio Bermúdez de Castro (PP) -diputado que defendió la posición en contra del PP en una ley de Vox para ilegalizar a los partidos independentistas- que a Javier Ortega Smith (Vox).

Bermúdez de Castro, por alusiones, ha intervenido desde su 'escaño prestado' para tratar de explicar el matiz entre la propuesta del PP y la de Vox, porque los populares no quieren ilegalizar ninguna formación por sus ideas sino por actos que se tipificarían en el Código Penal. El socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ejercía las funciones de presidente de la Mesa en ese momento, le ha cortado rápido y ha dado por resuelta su queja.

Todo ha seguido como esperaba, con el resto de partidos posicionándose en la línea ya expresada estos meses. Desde Junts, Josep Maria Cervera ha aseverado que la judicialización nunca será «el terreno de juego» para resolver «el conflicto político entre Cataluña y España». Una dialéctica ya asumida por el PSOE, con mediador a la espera de una nueva reunión en Ginebra (Suiza).

El socialista Artemi Rallo, diputado raso, ha sido el encargado de fijar la posición del PSOE. De nuevo, poca originalidad. Para «deslealtad constitucional», ha dicho en un dardo a los populares, la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace más de cinco años. Después, ha afirmado que con el anterior Código Penal, en el que se incluía el delito de sedición, al PP, cuando gobernaba, le hicieron «dos referéndums ilegales». Olvidaba que Sánchez, entonces, afirmaba que el 'procés' se enmarcaba claramente en los supuestos de rebelión; aún más grave. La amnistía, sin sorpresas, sigue ahora su recorrido parlamentario, con voluntad de que la Cámara Baja culmine su parte este mes de enero. Después hablará el Senado.