El PP plantea disolver partidos que convoquen referendos ilegales en la enmienda a la amnistía

Así lo ha explicado en rueda de prensa a mediodía, en la sede nacional del partido, en la madrileña calle de Génova, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado. Ante una nutrida presencia de periodistas, pese a ser la primera comparecencia del año y producirse en pleno periodo vacacional, el diputado ha enumerado los puntos clave de la enmienda a la totalidad de los populares, donde promueven un giro de 180 grados respecto a las intenciones del PSOE, que propone sumir en el olvido todas las causas judiciales del 'procés'.

Tellado ha evitado explicitar la idea de ilegalizar partidos políticos, pero de sus palabras se deducía ya, antes de conocerse el texto, que el PP está dispuesto a ello. En 2020, los populares votaron en contra de la toma en consideración de una ley de Vox para ilegalizar las formaciones separatistas y recientemente hicieron lo mismo con una moción debatida en el Senado. Concretamente, el portavoz popular ha hablado de promover «la disolución de organizaciones o personas jurídicas» que cometan los nuevos delitos que los populares quieren reflejar en el Código Penal. Y esos tipos penales no son otros que la convocatoria de consulta o referéndum ilegal -algo que prometía Pedro Sánchez en la campaña electoral de noviembre del 2019- y la declaración de independencia de un territorio nacional.

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Con ello, el PP plasma en la enmienda a la totalidad contra la ley de amnistía el plan de su líder, Alberto Núñez Feijóo, para incluir en el Código Penal los «delitos de deslealtad constitucional». En el texto, los populares reemplazan el capítulo del régimen sancionador antes dedicado a la persecución de los delitos de sedición con una nueva redacción sobre esa «deslealtad constitucional», que va de los artículos 544 al 547.

En primer lugar, el PP sugiere penas de prisión de cinco a diez años e inhabilitación de seis a doce para las autoridades o funcionarios que declaren la independencia o trabajen para su consecución. Las consultas ilegales o referendos de independencia tendrían horquillas de entre uno y cinco años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación. Los casos de conspiración o preparación ostentarían las mismas penas, pero rebajadas en uno o dos grados. Y por último, en el artículo 547 se aborda la ilegalización de formaciones políticas.

«Cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis una persona jurídica sea responsable de cualquiera de los delitos establecidos en este capítulo se le impondrá la pena de disolución, salvo que la persona jurídica realice antes de la apertura de juicio oral actos inequívocos de colaboración activa al esclarecimiento de los hechos y la restauración del orden constitucional, en cuyo caso se le impondrá la pena de suspensión de actividades de seis meses a cinco años o pena de multa de seis meses a cinco años», dice.

La idea de los populares es revertir no solo la intención de Sánchez de amnistiar a los responsables del 'procés', sino la acción de los últimos años en lo que, a su juicio, ha supuesto «el debilitamiento del Estado» para defenderse de las «amenazas» a su integridad. Se refería Tellado a la rebaja de las penas contempladas en el delito de malversación y a la supresión de la sedición, ambas acordadas la legislatura pasada con ERC a cambio de la estabilidad parlamentaria. Ahora, con Junts en la ecuación, llega «el cénit», según el portavoz popular, con la ley de amnistía. «De esta forma arranca el PP el año 2024: con una enmienda a la totalidad a la amnistía y al Gobierno de Pedro Sánchez», ha dicho el diputado del PP.

Superada la toma en consideración el pasado diciembre, la ley de amnistía se enfrenta ahora a las enmiendas a la totalidad que, en principio, no tienen visos de prosperar. En el mejor de los casos, 'a priori', las propuestas de la oposición lograrán tan solo los votos de PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria, insuficientes para frenar la mayoría que aglutina el PSOE con Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y BNG.

Vox, tras dejar en el aire si iba a presentar enmienda a la totalidad, finalmente la ha registrado también. Su líder, Santiago Abascal, ha ironizado en X con la propuesta del PP: «Pide ilegalizarlos después de negociar con ellos… y después de votar en contra de todas las propuestas de Vox para ilegalizarlos. Increíble… pero cierto».

Cabe recordar que la legislatura pasada los letrados de la Cámara Baja se posicionaron en contra de tramitar una ley de amnistía de los independentistas por considerar que entraba «en contradicción palmaria» con la Constitución. Ahora, ante una propuesta del PSOE y con un nuevo jefe, Fernando Galindo, que procede del Gobierno, los servicios jurídicos sí han avalado la tramitación de la norma. Si no hay sorpresas, la Mesa y la Junta de Portavoces del próximo martes incluirá el debate de totalidad de la medida de gracia a los encausados del 'procés' en el pleno del miércoles día 10. Será el segundo debate importante de la norma en el Congreso. Un «calendario perverso» –ha dicho Tellado en un dardo a la presidenta Francina Armengol– que lleva la amnistía al mes de enero, habitualmente inhábil en la lid parlamentaria, al compás de La Moncloa.