El año judicial: la aplicación de la amnistía marcará los tribunales

Si se cumple el calendario previsto por el PSOE y sus socios de investidura, la ley podría ver la luz en primavera y los juzgados y tribunales estarían obligados prácticamente desde la publicación en el BOE a revisar de oficio o a instancia de parte la situación de encausados y condenados por delitos relacionados con el 'procés'. La Fiscalía General del Estado, de hecho, empezó en noviembre a inventariar las causas para hacerse una idea de la magnitud y en Cataluña le han pedido más tiempo: sólo por los disturbios hay decenas de asuntos relacionados en sus archivos.

El impacto no lo será sólo intramuros: la perspectiva es que el debate jurídico llegue al Constitucional y a la justicia Europea en cuanto se ponga sobre la mesa, con resultado incierto. Están en juego desde la vuelta impune del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont hasta la rehabilitación de Oriol Junqueras pasando por el futuro de doce CDR acusados de terrorismo en la Audiencia Nacional y la macrocausa sobre Tsunami Democràtic, por ilícitos similares.

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Este asunto, no obstante, tiene un hito previo y es la decisión del Tribunal Supremo de asumir las pesquisas, como pedía el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 o devolvérselas. El desenlace se espera en las próximas semanas. Y de fondo, lo que resuelva la propia Audiencia Nacional sobre la pertinencia, precisamente, de haberle pasado la pelota al Supremo. Sí está claro que se encuentre en la instancia que se encuentre, los afectados pedirán la amnistía cuando llegue.

Algo más perdido del foco, pero robando muchas horas en la Audiencia Nacional, está el caso Villarejo, que alcanzó las 47 piezas separadas en 2023 y que pierde dos fiscales de los cuatro que manejaban el asunto. Miguel Serrano, que estaba desde el inicio, se ha marchado a una plaza en Tenerife, como adelantó este diario; y Jorge Andújar, que se encarga de la pieza Pit -corrupción con unos navieros y alcance internacional- tiene previsto dejar Anticorrupción antes de verano.

Los ojos están puestos en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Este año se prevé la resolución de los recursos contra la sentencia que condenó al comisario por varios delitos, pero le exoneró del cohecho, hilo conductor de toda la investigación. Decida lo que decida, la previsión es que el asunto acabe en el Supremo.

Sí verá el final este año la instrucción de alguna de las piezas más destacadas, como la relativa al BBVA donde el banco, su expresidente y una decena de directivos siguen imputados; y se espera la apertura de juicio oral de al menos la pieza Kitchen, donde un error en el auto que enviaba el caso ante un tribunal ha obligado a parar máquinas.

Pero el hito más inmediato en esta causa es el juicio que arranca el 8 de enero contra el comisario Carlos Salamanca y el empresario Francisco Menéndez, denunciante original del asunto, ambos por la pieza número 1 del caso.

Se solapará en las fechas con el juicio contra el exministro Rodrigo Rato por delitos fiscales a partir de su patrimonio, que arrancó en diciembre y se prevé celebrar hasta el mes de mayo. No habrá terminado cuando en febrero se siente en el banquillo en Barcelona el futbolista Dani Alves por agresión sexual.

En marzo llegará el turno al exconsejero madrileño Alfredo Prada por el proyecto fallido del Campus de la Justicia, en mayo la trama murciana de la Púnica se someterá al tribunal y en junio, la Gürtel volverá a las salas de la Audiencia Nacional con el pelotazo en Arganda. Iba a ser también el año de los primeros juicios por la trama Lezo que afecta al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, pero los señalamientos se suspendieron y ahora esperan hueco en el calendario.

Y sin fecha pero en pista de salida está el juicio contra los 12 miembros de los CDR acusados de terrorismo y el relativo a la operación Mito, la última gran caída del narco Sito Miñanco que arrastra al célebre abogado Gonzalo Boye, por blanqueo. En idéntica situación pero más llamativa por el retraso sigue el caso Pujol. Se supone que en 2024 se fijará la fecha de celebración, aunque sea a más de un año vista y hayan pasado 12 desde que se inició la causa. También se espera la apertura de juicio, aunque la fecha aún tardará, contra el 'hacker' conocido como Alcasec por el robo de datos de medio millón de contribuyentes a través del Punto Neutro Judicial.

Fuera de la Audiencia Nacional, se celebrarán este año, entre otros, los juicios por la causa de corrupción Perla Negra en Valladolid y otra pieza separada de los ERE en Sevilla. También espera el banquillo en Madrid al bailaor Rafael Amargo por un asunto de drogas y al empresario Javier López Madrid por el presunto hostigamiento a la doctora Elisa Pinto, mientras el aristócrata Luis Medina y su socio Alberto Luceño en el caso mascarillas esperan fecha.

Si hay una causa que da ya sus coletazos finales, es la que se sigue por el beso que propinó el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso en el Mundial de Sídney y las presuntas coacciones para que diese la cara por él. La previsión es que el instructor envíe el asunto a juicio en el Juzgado Central de lo Penal, que por tener una agenda más despejada que los tribunales de la Audiencia Nacional, podría celebrar este mismo año. Aún no hay, no obstante, una decisión tomada. Se espera en las próximas semanas, como también el desenlace de otro asunto anterior: el caso sobre la resolución del Banco Popular, pendiente de la decisión final.

En instrucción hay causas mucho más antiguas. Púnica sigue adelgazando y algunas de sus piezas separadas, como la denominada de financiación irregular del PP de Madrid, esperan cola para los autos de apertura de juicio oral. Mientras, la macrocausa sobre presunta corrupción en la petrolera venezolana PDVSA se estructuró en piezas separadas, alguna archivada ya y otras a punto de apertura de juicio, como las que afectan en el Central 1 al exembajador en Caracas Raúl Morodo.

Vínculo venezolano tiene igualmente la causa que se sigue en el Central 6 derivada de las revelaciones del general chavista Hugo Carvajal: se sigue la pista de dos empresas por delitos de blanqueo, pero bajo secreto de sumario aún y en una fase más incipiente, tras las detenciones y los registros practicados hace unos meses por Anticorrupción.

En el Central 2 sigue viva la investigación sobre Duro Felguera, también de rama venezolana, y la incoada por blanqueo fruto del tráfico de armas contra unos navieros ucranianos que podrían tener este año ya fecha de fin. En paralelo, la causa sobre la macroestafa de iDental sigue encallada en el reconocimiento de los perjudicados.

Sobresalen también las causas sobre la implicación de la cúpula de ETA en diversos atentados aún abiertas en la Audiencia Nacional que en algunos casos penden de recurso y en otros, de que Francia atienda las peticiones de colaboración judicial.

Mientras ellos esperan juicio, hay quienes esperan sentencia. En la Audiencia Nacional se prevé la publicación en 2024 del fallo sobre la pieza de Gürtel que afecta al expresidente valenciano Francisco Camps en la que ha sido su décima causa judicial. Fue absuelto de todas las anteriores.

En el Supremo, a su vez, espera casación el caso Ausbanc y Manos Limpias, cuyos responsables fueron condenados a ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente, por extorsionar a bancos y empresas en 2021. Los recursos no se han resuelto aún, como tampoco los interpuestos por la defensa de Francisco Nicolás Gómez Iglesias -Pequeño Nicolás-, que acumula cuatro condenas de las que sólo una es firme. Del resto depende que siga en libertad o entre en prisión.

También en instrucción sigue un año más el caso Mediador y con el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo -Tito Berni- en el elenco de investigados. La instructora profundiza en el alcance del presunto cohecho y tráfico de influencias en el rastro de la actividad profesional desarrollada por él y otros miembros de la trama. Eso, en Tenerife, porque en Madrid la Fiscalía Europea analiza los contratos de la fundación pública Fiiapp para el proyecto GAR-SI Sahel. Un general de la Guardia Civil, un empresario y un corredor de seguros siguen investigados.

Y en los juzgados de Madrid sigue el caso Cuarteles esperando informes periciales sobre obras realizadas en distintas instalaciones de la Guardia Civil por toda España. En función de su resultado la causa podría coger alas o acabar sobreseída después de más de dos años abierta.

Pero si hay un asunto que dará de sí en 2024, es el incoado en septiembre tras la detención de dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia bajo sospecha de pasar información secreta a espías estadounidenses. Se trata de un teniente coronel que está en prisión provisional y un sargento, en libertad con medidas cautelares. La instrucción se sigue a puerta cerrada.

Otro de los grandes asuntos de 2024 está en un juzgado de instrucción de Majadahonda, en Madrid: la investigación a Luis Rubiales, esta vez, por la gestión al frente de la Federación.