La defensa de Rato acusa a la ONIF de prácticas ilegales y pide la nulidad del juicio por su patrimonio

Rato ha sido ya juzgado dos veces, si bien en la Audiencia Nacional. La primera lo fue por las conocidas como 'tarjetas black' en Bankia y resultó absuelto. La segunda, se trataba de la salida a Bolsa de la entidad: fue condenado a cuatro años de prisión de los que acabaría cumpliendo dos, entre 2018 y 2020, dentro de un penal madrileño. Esta es la tercera y última causa que tiene pendiente con la Justicia y se le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios -la petición inicial de condena rondaba los 70 años-.

El juicio procede de la causa abierta en 2015 que perseguía esclarecer cuál era el origen de su patrimonio. La sospecha, que durante su presidencia de Bankia se embolsó comisiones por supuestas adjudicaciones irregulares de campañas de publicidad -más de 800.000 euros- y se sirvió de una estructura societaria para poder repatriar el dinero evitando tributar por ello -se estiman por encima de 7 millones de euros-.

Este viernes, primera sesión, se ha iniciado el trámite de cuestiones previas con el turno de la Fiscalía, que ha aportado documentación y ha solicitado que se le garantice acceso a todos los testigos aunque alguno de los abogados que los haya propuesto renuncie a su declaración. Por su parte, la Abogacía del Estado ha introducido cambios en su acusación sobre algunos de los considerados cooperadores necesarios de Rato rebajando las responsabilidades civiles. En total, son 16 las personas que se sientan con el exministro en el banquillo.

Ha sido su defensa, desplegada por la penalista María Massó, la que ha abierto el turno de asuntos que someter a consideración del tribunal antes de que arranque, en puridad, el juicio y ha dedicado dos horas a exponer sólo la primera de ellas: que toda la investigación sobre Rato es nula, empezando por el auto que, a partir de un análisis de riesgos elaborado por la ONIF con 35 páginas de «generalidades» sobre una treintena de personas «plasmadas con absoluta falta de rigor» y sin anexos, acordó la detención y las entradas y registros.

Aquella resolución, conforme ha sostenido la letrada, se adoptó considerando tanto ese documento como la denuncia de la Fiscalía, que pivotaba en torno a un delito que luego resultó ser falso, como el propio Ministerio Público acabaría reconociendo, el de alzamiento de bienes. «Nadie, absolutamente nadie, confirmó ni contrastó», ha señalado Massó, para incidir en que el relato de la ONIF y el fiscal podía haber valido para abrir una investigación, pero no era suficiente para acordar medidas lesivas de derechos fundamentales.

Pero no ha sido la irregularidad más grave que ha denunciado. Ha detallado que en la causa consta que funcionarios de la ONIF se presentaron en el domicilio de una sociedad y en la empresa que gestionaba sus servidores el 17 de abril de 2015 y se llevaron información y dispositivos informáticos. El problema es que el auto de entrada y registro lo fue para el día 16, cuando un Letrado de la Administración de Justicia dio fe de lo incautado y de la finalización de la diligencia. Del día 17 no hay acta ninguna.

«De esa actuación no consta acta, básicamente, porque fueron solos a practicarla», ha denunciado la abogada. «Se presentaron los funcionarios sin letrado de la Administración de Justicia, desprecintaron la oficina, entraron e hicieron lo que consideraron hacer», ha añadido, para incidir en que «casi el 100% de la documentación incautada en esta causa» se obtuvo ilegalmente. Dieron cuenta de lo que habían incautado al juzgado «siete días después de las entradas y registros» inicialmente autorizadas.

«Esto es una actuación absolutamente ilegal, no tiene ningún tipo de autorización judicial ni consta ningún tipo de salvaguarda sobre lo que allí se pudo producir», ha destacado la letrada, para instar la nulidad de todo lo obtenido a partir de los dispositivos electrónicos que se llevaron ese día, cuando se recuperó información «de hace más de 35 años pese a los tres a los que se ceñía la investigación» y que afectaba a un centenar de personas.

Esa información, de hecho, constituye toda la prueba de cargo contra Rato en este juicio. La defensa calcula que de 70.000 folios que tiene la causa, 40.000 deberían ser expulsados por obtenidos de manera ilegal. Pide por ello la absolución libre del que fue presidente de Bankia y lo argumenta ahondando es que se trataba de una investigación general sobre él, porque siendo una denuncia sobre dos personas y tres ejercicios fiscales, se acabó convirtiendo en la monitorización de un centenar de sociedades y personas.

«Esa ha sido la dinámica de esta causa. Se lo llevaron absolutamente todo. Lo analizaron absolutamente todo sin ninguna resolución que ampare ni limite esa actuación», ha señalado, para zanjar: «Lo único que buscaban era un delito que imputarle al señor Rato».

Por otra parte, la abogada ha vuelto a pedir al tribunal que cite a declarar como testigo en el juicio al exministro de Justicia Rafael Catalá porque parecía conocer de la situación fiscal de Rato cuando la investigación acababa de arrancar. Esta testifical fue rechazada antes de que se abriese juicio oral pero la defensa la ha reivindicado por la causa abierta en Tarragona sobre integrantes del despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro.

En esa investigación, como informó este diario, afloraron unos correos electrónicos que contenían inspecciones fiscales realizadas, entre otros, al periodista de ABC Javier Chicote, una información que compartían en la cúpula de Hacienda y la ONIF y que a él nunca le fue notificada.

Rato siempre ha sospechado que con él, ocurrió algo similar y que todo el procedimiento que ahora le sienta en el banquillo empezó así, con una investigación ilegal. Quiere que Catalá diga ante el tribunal de dónde sacó aquel aparente conocimiento de la situación del exvicepresidente.