Juanma Moreno afianza su modelo centrista frente al ruido general

Con esa especie de dirección asistida, los populares han sacado adelante sin problemas el presupuesto del año 25 aplicando su ya recurrente receta del diálogo y el mayor consenso posible, batiendo un récord al incorporar enmiendas de todos los grupos hasta llegar casi a los 80 millones de euros, la mitad de esa cantidad de propuestas de la oposición. No hay precedentes. Precisamente de ese talante moderado y aglutinador está haciendo Moreno parte fundamental de su argumentario a modo de contraste con el tormentoso panorama nacional y, aunque eso nunca se vaya a admitir, con otras formas de gestionar las administraciones públicas en su propio partido; léase, Madrid. El soterrado pulso con Ayuso para estar bien colocado por si hay sucesión exprés de Feijóo no escapa ya a casi nadie y en ese contraste con las maneras de la Puerta del Sol está una de las 'ideas fuerza' del andaluz. El juanmismo sonriente y centrista sigue consolidando sus cimientos y lo intenta demostrar cada vez que puede, desde el abrazo al andalucismo con los actos del 4D, aquellos que antes reclamaba la izquierda y en los que ahora no aparece, hasta el reciente pacto con los sindicatos y los empresarios al mismo tiempo para desarrollar los planes de empleo juvenil movilizando más de 500 millones.

Con todo, o precisamente por ese sosiego que permite analizar con mayor profundidad la situación, el presidente aprovechó la salida de Carmen Crespo a causa de las elecciones europeas para plantear una crisis de gobierno en pleno verano y apartar de la primera línea, o al menos rebajar su protagonismo, a varios puntales de su equipo. Los cambios, en áreas muy sensibles: Salud y Educación. Pese a los devaneos de los meses previos, Moreno finalmente relevó a la consejera de la primera de las áreas, la que más críticas acumula por motivos obvios, y derivó a Catalina García a Medio Ambiente, convertido en consejería al desgajarse de Agricultura. Este segundo departamento (Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural) quedó para Ramón Fernández Pacheco, que ha visto disminuido claramente su peso al perder también la portavocía del Ejecutivo, en posesión ahora de la pujante consejera de Economía y Hacienda, la malagueña Carolina España. Como el exalcalde de Almería, también ha caído en desgracia, valga la expresión, la sevillana Patricia del Pozo, a la que Moreno sustituyó en una cartera clave, Educación, por Carmen Castillo.

Con el repaso de chapa y pintura en el gabinete, el Gobierno andaluz ha mantenido el rumbo y aumentado la velocidad, incluso, en varias vertientes de la gestión pública en la que ya lleva varios años incidiendo. De un lado, el impulso a las condiciones para la generación de empleo. Las cifras de este año refrendan la labor: el paro ha bajado un 9% en un año y prácticamente uno de cada tres trabajos que se crean en España radica en territorio andaluz. De otro, se han anunciado a final de año varias medidas llamativas para intentar paliar el gran problema con el que carga Moreno, el de la atención primaria en la sanidad. Poco o nada ha variado en estos años de gobierno popular en esta faceta, como el mismo presidente ha admitido. Las cosas no han mejorado y desde San Telmo se promete ahora que cualquier andaluz va a ser atendido en menos de 72 horas aunque sea por un médico de familia y desde un distrito sanitario que no son los suyos. Habrá que calibrar si se trata de meros anuncios efectistas o de decisiones efectivas, pero no cabe duda que en la sanidad tiene el Gobierno autonómico su principal agujero y no termina de saber taparlo. Entre los profesionales del sector la protesta es ostensible y en las calles las politizadas 'mareas' redoblan su esfuerzo.

Otra de las patas del banco en una fiscalidad centrada en la bajada de impuestos, medidas con las que se busca incentivar la inversión privada y lanzar un mensaje radicalmente opuesto al del Ejecutivo central. En ese punto, el choque es frontal con la ministra de Hacienda, la hispalense María Jesús Montero, que viene impulsando una escalada tributaria que marca época. Con la sevillana, no obstante, y con el propio presidente, Pedro Sánchez, la gran batalla se está dilucidando con la financiación autonómica. Este frente lleva años sin resolverse y generando una desventaja colosal para Andalucía, cada vez más beligerante en este sentido una vez confirmado el agravio sangrante de las ventajas que desde el Gobierno central se están concediendo a Cataluña para que no se escapen los votos independentistas que sostienen al socialismo en el poder. Moreno y su equipo han ratificado en los últimos meses su oposición a que se privilegie a otros territorios y, de manera concreta, al acuerdo del PSOE y ERC sobre la financiación singular de Cataluña y cómo puede afectar al conjunto de las comunidades de régimen común. La Junta ya ha recalcado la inviabilidad económica del modelo propuesto, debido a que su extensión a otros territorios, como han defendido algunos miembros del Gobierno de España, supondría prácticamente la quiebra del Estado o el favorecimiento de una competencia fiscal nociva entre las comunidades autónomas, al otorgar competencias en materia fiscal y tributaria diferentes a unos territorios y otros. En este flanco la lucha es encarnizada y promete seguir siéndolo en los próximos meses dadas las concesiones que se vienen otorgando a los partidos catalanes e incluso a los vascos.

El asunto, además, está suponiendo una enorme erosión del PSOE andaluz, subyugado por completo a los designios de Sánchez e incapaz de mantener la coherencia discursiva. No se puede defender a Andalucía y la igualdad de las comunidades y, a la vez, apoyar el régimen especial para los catalanes sólo porque el jefe así lo ordene. Pero lo están haciendo. El equilibrio inviable. Malabarismos. No extraña, por tanto, la quiebra absoluta del partido en la región y la merma enorme de autonomía y protagonismo del secretario regional, un Juan Espadas al que le han crecido los enanos y que no termina de acertar ni con sus palabras ni con sus decisiones. Los críticos se han rearmado y la calculada falta de apoyo explícito por parte de Ferraz augura semanas de agonía para Espadas, que sin el calor necesario insiste en que no hay problema pero intuye el jaque mate, y un congreso regional de febrero con reconstrucción y la figura de la citada María Jesús Montero en el horizonte para la reconquista del que fuera su mayor vivero.

Estos tres o cuatro últimos meses, apretado por el panorama que tiene y el eco que no tiene, el PSOE regional ha intentado elevar a la categoría de escándalo mayúsculo —lo ha llegado a equiparar al Caso ERE sin el más mínimo pudor— una denuncia que ha interpuesto en torno a contratos de emergencia del SAS. El juzgado de Instrucción 13 de Sevilla investiga desde verano una querella del grupo parlamentario socialista en la que se acusa a dos ex directores gerentes del SAS de mantener durante dos años y medio las contrataciones de emergencia cuando ya se daba por finalizada la pandemia del Covid 19 y estos contratos debían de volver a tramitarse con los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Con todo, este mismo diciembre, el Tribunal de Cuentas ha avalado la acción de la Junta recalcando que no detecta «responsabilidad contable» al considerar «justificadas y solventadas» las presuntas irregularidades. El tema se va diluyendo.