La amnistía perjudicará económicamente a las comunidades, según el informe de la comisión de las autonomías del Senado

En el mismo, se recoge el conflicto que produce la amnistía en el Estado de las Autonomías, pues acaba con el principio de igualdad recogido en la Constitución e «incide de forma negativa sobre el principio de solidaridad en la medida que lo desprotege». El informe, de 26 páginas y al que ha tenido acceso ABC, hace un repaso inicial por lo ocurrido en Cataluña durante el llamado 'procés' antes de entrar de lleno en la dimensión autonómica de la ley y de analizar las causas por las que considera que el texto aprobado por el Congreso es inconstitucional.

«Si hoy se amnistía a quienes pretendieron destruir el Estado Constitucional y Autonómico en 2017, se siente un precedente muy peligroso para la subsistencia» del mismo. Además, señala que «las comunidades autónomas y los ciudadanos de todas ellas resultan afectados negativamente por la ley de amnistía».

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Uno de los aspectos novedosos de este informe es el que habla de la amnistía de los delitos de malversación y su afectación al sistema de financiación común. «Toda malversación, en cuanto implica detraer fondos públicos de forma ilícita, afecta a la Hacienda única del Estado de la que se financian todas las comunidades de régimen común», apunta el borrador, que será debatido y votado el próximo lunes en un pleno al que está invitado el Gobierno y todos los presidentes autonómicos, entre ellos el catalán, Pere Aragonès.

Otro de los aspectos que el informe apunta como vulneración de la amnistía sobre las autonomías es el procedimiento, pues al no llevarse a cabo la ley como una reforma constitucional «se hurta al Senado» de parte de sus competencias, siendo éste la cámara territorial.

«Una vez justificado y expuesto el contenido o dimensión autonómica de la ley de amnistía y el legítimo interés de las comunidades autónomas en denunciar su inconstitucionalidad» el informe se centra en analizar el procedimiento seguido para su tramitación, haciendo suyas las tesis del informe de los letrados, que hablaban ya de «tramitación fraudulenta y tortuosa» al hacerlo a través de una proposición de ley y no de una reforma constitucional.

Resalta el informe que «la finalidad de la ley no es la reconciliación nacional (insiste en que los amnistiados ya están avisando que lo volverán a hacer) sino la obtención de los siete votos de Junts necesarios para la investidura de Sánchez». Asemeja la ley a «un contrato entre dos partes (Sánchez y el prófugo Puigdemont) que pactan una investidura a cambio de una amnistía» y habla abiertamente de la «manifiesta inconstitucionalidad» de la ley, pues «el constituyente debatió y rechazó expresamente la posibilidad de incluir la concesión de amnistías como una facultad de las Cortes».

El borrador de la comisión incide en la diferencia de otorgar indultos y amnistías y cómo eso afecta a la separación de poderes y al principio de exclusividad del Poder Judicial. «Es indudable que se trata de la invasión de competencias del Poder Judicial por parte del Poder Legislativo. El indulto no impide al juez cumplir con su función de juzgar, sino que únicamente le priva de la facultad de hacer cumplir la sentencia», señala en contraposición a la amnistía, que lo que hace es borrar el delito y eliminar la condena.

Por último, el borrador del informe pone de «manifiesto que la amnistía, lejos de servir a la reconciliación y a la integración -como señalaba la Comisión de Venecia en su informe- solo conduce a la polarización y a la división de los españoles».