Sánchez cuela en el BOE cesiones a vascos y catalanes

Los gravámenes transitorios y extraordinarios sobre empresas energéticas y entidades financieras instaurados por el Gobierno para sufragar la factura de las ayudas a hogares y tejido productivo acabarán convertidos en impuestos, que por otra parte es lo que son en realidad según el consenso acuñado casi desde su aprobación por juristas, académicos y profesionales del ámbito fiscal. Será así porque el Gobierno necesita este paso previo para poder traspasar su gestión a las Haciendas Forales de Navarra y País Vasco como se ha comprometido a hacer con el PNV, cuyo apoyo necesita para poder sacarlo adelante.

El texto del real decreto ley 'ómnibus' aprobado el miércoles por el Consejo de Ministros y publicado ayer en el BOE concreta la intención del Ejecutivo de revisar «la configuración de ambos gravámenes par su integración en el sistema tributario en el propio ejercicio fiscal 2024». La «integración en el sistema tributario» es, básicamente, su transformación en impuestos, según confirmaban ayer a ABC fuentes del Ministerio de Hacienda.

Esta es necesaria porque a día de hoy ambos gravámenes son prestaciones patrimoniales no tributarias, que fue la fórmula -ideada en origen para compensar los beneficios marginales proporcionados a actores privados por inversiones públicas en concesiones u otros instrumentos de gestión- concebida por los servicios técnicos de la Dirección de Tributos para esquivar los potenciales problemas de doble imposición que se podrían derivar de gravar la cifra de negocio de estos sectores con dos impuestos diferentes, el de Sociedades y estos gravámenes extraordinarios.

Y es necesaria también porque el Gobierno se compromete de forma expresa en el real decreto ley a concertar y conveniar estos gravámenes con las haciendas forales de País Vasco y Navarra, una operación que solo se puede realizar respecto de figuras de naturaleza tributaria y en su actual configuración ni el de la banca ni el de las empresas energéticas lo son.

En el delicado juego de equilibrios en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido sumergirse para ser presidente, esta vez parece haber priorizado las demandas del PNV sobre las de Sumar. El real decreto ley accede a dos de las principales peticiones formuladas por los nacionalistas vascos en relación a estos gravámenes: su conversión en impuestos para que la gestión pueda cederse a las Haciendas Forales y el establecimiento de una deducción en el gravamen sobre las energéticas que permita a las empresas desgravarse las «inversiones estratégicas» realizadas en infraestructuras industriales y proyectos de descarbonización. Hay que recordar que el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, había dejado en el aire inversiones por valor de 1.500 millones en España, muchas de ellas en el País Vasco, a la espera de lo que ocurriera con el impuesto.

Peor parado ha salido Sumar. Yolanda Díaz ha insistido en los últimos días en que su formación se tomará cualquier modificación en estas figuras como un incumplimiento del acuerdo y el real decreto ley no parece cumplir con sus exigencias. Para empezar, aplaza la decisión sobre la conversión en permanentes de los gravámenes sobre la banca y las energéticas, que únicamente prorroga un ejercicio más, el de 2024; pero es que además compromete la revisión del gravamen a la banca, que la vicepresidenta segunda criticó con dureza cuando Calviño sugirió que se haría la semana pasada.

El Gobierno revisará el gravamen a la banca y lo hará para que su modificación tenga efectos el año que viene, según se aclara en la letra pequeña del decreto ómnibus aprobado el miércoles por el Consejo de Ministros.

La comprometida conversión en impuestos de los gravámenes sobre la banca y las energéticas abre otro flanco jurídico de consecuencias imprevisibles. Asesores fiscales y académicos ya advirtieron en su día de que la concentración de dos impuestos sobre una misma base imponible supone un supuesto de doble imposición de libro, que a buen seguro desencadenará una respuesta en los tribunales por parte de los sectores afectados, que ya llevaron los gravámenes originales a la Audiencia Nacional.

Además, una vez convertidos en impuestos, las empresas afectadas podrían exigir desgravarse su cuota en el Impuesto de Sociedades, lo que reduciría de forma significativa su capacidad de recaudar, una de las líneas rojas que ha planteado a la parte socialista del Gobierno sus socios de Sumar. Yolanda Díaz calificó de incomprensible que se plantee una desgravación fiscal para las empresas energéticas que en su opinión están obteniendo beneficios «absolutamente obscenso» y avanzó que su formación trabajará para corregir el real decreto ley en ese punto.

El Gobierno ha aprovechado el real decreto ley para corregir una de las disposiciones más controvertidas y con mas riesgo de inconstitucionalidad del gravamen sobre las grandes fortunas, la limitación que se establecía a los no residentes para aplicarse el mínimo exento de 700.000 euros que sin embargo sí se reconocía a los nacionales.

La modificación se realizará con carácter retroactivo desde la misma entrada en vigor del impuesto y permitirá a los afectados reclamar las cuotas pagadas de más.

El Gobierno de Pedro Sánchez hace un nuevo guiño a sus socios independentistas catalanes a los que mimará con un reguero de inversiones en infraestructuras durante toda la legislatura. El decreto antiinflación aprobado en el último Consejo de Ministros del año contempla agilizar algunas de esas transferencias y en la Generalitat se frotan las manos. Por lo pronto, el Govern de Pere Aragonès podrá recibir alrededor de 900 millones de euros por adelantado para la ejecución de varias obras comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado en 2023.

Son inversiones en infraestructuras viarias y ferroviarias que Sánchez se comprometió a sufragar con dinero del Estado para que ERC diera el visto bueno a las cuentas de este año y a las que ahora se suman dos nuevas actuaciones: las obras para la implantación de carril bus de entrada a Barcelona en la autopista B-23 y las obras de mejora de los elementos funcionales existentes en la B-23 entre Barcelona y Sant Feliu de Llobregat por 17 millones de euros (a cargo de fondos europeos) y las actuaciones para dar continuidad al corredor de la B-40 en Tarrasa.

Ambas son añadidas en el decreto como parte del convenio que Sánchez y la Generalitat firmaron el año pasado para trabajar en la ejecución de estas obras. En dicho acuerdo están ya incorporadas las actuaciones en el Maresme, derivadas de la cesión del Estado a Cataluña en 2009 de la N-II (384 millones a abonar por el Estado); la ejecución de actuaciones de mejora de la conectividad de la AP2 y AP7 (250 millones de euros)y el plan de actuaciones en el Eje Pirenaico (260 millones).

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Originalmente el acuerdo permite a la Generalitat licitar, contratar, efectuar el seguimiento y supervisar tanto las obras como las asistencias técnicas vinculadas a ellas, pero con la publicación del decreto, la región ahora también podrá pedir el dinero de las obras por adelantado al Ejecutivo. «En los convenios que se suscriban al amparo de esta disposición podrá efectuarse el desembolso anticipado de las aportaciones a la Generalitat de Cataluña, hasta los límites determinados por las normas de aplicación, sin que sea necesario prestar la garantía que legalmente fuera exigible», se añade como disposición adicional.

Las aportaciones del Estado anticipadas también se extenderán a las obras ferroviarias. Concretamente para la ejecución de intercambiadores entre la Red Ferroviaria de Interés General (las que dependen del Estado) y la red autonómica, también objeto de convenio entre el Gobierno y la Generalitat catalana.

El nuevo texto también da la potestad a Cataluña para licitar y contratar los estudios y proyectos «que sean precisos para la posterior ejecución de dichas obras». Aunque estos deberán ser revisados y aprobados por el EJecutivo.

El Gobierno ubica estas medidas con motivo de «agilizar la licitación y ejecución de determinadas infraestructuras ferroviarias y viarias en Cataluña». «Las carencias normativas han impedido que se puedan hasta el momento formular los convenios para la ejecución de determinadas infraestructuras viarias y ferroviarias en Cataluña, siendo urgente que se corrija esta limitación» redacta el Gobierno en el BOE.

No son las únicas transferencias que esperan de manera inmediata en la región. En el pacto entre PSOE y ERC para investir a Pedro Sánchez como presidente también se compromete la agilización de las inversiones pendientes para Rodalies, los Cercanías catalanes que serán transferidos a la Generalitat como parte del mismo acuerdo. Ambas formaciones tienen sellada la creación de un organismo de seguimiento y actualización para la ejecución del Plan de Rodalies que prevé inversiones de 6.300 millones de euros hasta el año 2030.

La entidad se creará durante el primer semestre de 2024 y en ella estarán presentes la Generalitat, el Ministerio de Transportes y Adif. El objeto de la mesa es el de «compartir el desarrollo de las actuaciones y proyectos del Plan, así como determinar las prioridades de las actuaciones a impulsar», figura en el texto del acuerdo entre PSOE y ERC.

Pero el contrato del PSOE con los independentistas va más allá. Sánchez también se comprometió a adoptar una calendarización anual de las actuaciones e inversiones infraestructurales previstas en el proyecto, por el que la Generalitat incluso podrá cobrar penalizaciones económicas al Estado si llega a incumplirse.

Por lo pronto, desde 2020 se han ejecutado 1.154 millones de euros en obras de Rodalies y para los dos próximos años están pendientes de liquidar otros 1.800 millones. El plan concluirá con la inyección de 2.727 millones en inversiones que se desgranarán entre 2025 y 2030.

El acuerdo para la investidura de Sánchez concreta que «para determinar los tramos a traspasar de Rodaleis se incluirá en el análisis toda la red ferroviaria de Cataluña, sin excluir ningún tramo», y que su factura incluirá las inversiones necesarias en las infraestructuras así como los recursos necesarios para la renovación de los activos traspasados.