El recibo de la luz, precio del transporte, subida de pensiones: todo lo que cambiará si no sale el decreto del Gobierno

De concretarse el rechazo de Junts a la propuesta gubernamental, en suspenso tras el empate registrado en la primera votación, a partir de este jueves un puñado de precios de suministros y servicios básicos se encarecerían de manera automática, al menos en tanto La Moncloa no encuentre una solución jurídica al embrollo, y se aplazaría la prometida subida del 3,8% de las pensiones y del 7% de las prestaciones mínimas quedaría en el aire.

La retirada de los decretos económicos lanzados el Gobierno dejaría a 9,1 millones de pensionistas con la incertidumbre de saber qué pasará con la nómina que percibirán a finales del mes de enero. En primera instancia, el efecto sería automático: si caen los decretos, decaen las medidas. Es decir, no se aplicaría la revalorización de 3,8% fijada para 2024. «No votar a favor de los decretos es recortar un 3,8% las pensiones», advertía este miércoles el ministro de Justicia, de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un intento por forzar un apoyo parlamentario suficiente a los decretos.

Consciente de la situación que generaría el dejar a nueve millones de pensionistas sin la revalorización anunciada, fuentes del Gobierno consultadas por ABC aseguran que en ese caso se trabajaría en un plan alternativo para salvar este punto concreto incluido en los decretos, informa Gonzalo D. Velarde. Admiten que se trata de un tema «complejo» y no aclaran cuál sería esa alternativa. La propia portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, sugería este miércoles al Ejecutivo que convocara un Consejo de Ministros extraordinario para modificar los reales decretos ley presentados y articular un nuevo texto en el que se agreguen todas las medidas que sí cuentan con un amplio consenso entre las formaciones políticas.

Cabe recordar que la subida de la renta mensual de los beneficiarios de una pensión estaba previsto incrementarse en una cuantía sustancial, que sería la parte de la nómina que quedaría pendiente del enjuague legislativo que active el Gobierno para consumar la revalorización. De media, los jubilados percibirían 52 euros más al mes, unos 733 euros en el conjunto del año. Si nos fiamos en la pensión más habitual, la de los jubilados procedentes del régimen general, el incremento sería de 58 euros más al mes (816 euros al año). Aunque en los supuestos de las jubilaciones más elevadas, la de los trabajadores del carbón, la cuantía que se dejaría de percibir asciende a los 102 euros mensuales (1.431 euros en el año).

Otra de las medidas que decaería sería la de las rebajas de IVA prorrogadas, aunque con menor intensidad, sobre los recibos de la luz y el gas. El Real Decreto Ley ómnibus aprobado por el Gobierno el 27 de diciembre y que entró en vigor el 1 de enero corregía al alza los tipos superreducidos del 5% en el IVA aplicados durante el año pasado sobre el consumo de electricidad y de gas, instaurando un tipo del 10% para la electricidad durante todo 2024 y arbitrando una retirada progresiva de las ventajas fiscales al gas: el tipo subirá del 5% al 10% durante el primer trimestre para volver al tipo estándar del 21% a partir del 1 de abril. Lo mismo sucedería con el resto de impuestos que se bajaron en su día para rebajar el precio del recibo, el Impuesto Especial de la Electricidad y el Impuesto sobre Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, para los que el Gobierno habría programado una subida progresiva a lo largo de los próximos meses que saltaría por los aires si decayera el texto impulsado por el Ejecutivo para volver a su situación original.

El cambio de situación se notaría a partir de este mis jueves. Las compañías eléctricas y gasistas facturan habitualmente a sus clientes cada 30 días y aplican el IVA que está en vigor en ese momento. Eso quiere decir que las facturas de luz y gas cerradas entre los días 1 y 9 de este mes tendrían un IVA del 10%, tal y como recoge el decreto ley. Sin embargo, si no se convalidara, los recibos que se emitan desde este jueves día 10 se cargarán con el IVA original del 21%, lo que supondría un incremento en cada factura media de unos 10 euros tanto en la de la luz como en la del gas, informa Javier González.

También decaería la rebaja IVA de los alimentos, prorrogada hasta junio de 2024 por el Gobierno, pero que si no consigue los apoyos necesarios dejará de aplicarse e implicará un freno en la progresiva caída de los precios que en los últimos meses está recogiendo a cesta de la compra. «Queremos evitar que esa senda de reducción de precios se detenga y por eso es importante que se aprueben esas medidas«, insistió este martes tras el Consejo de Ministros el ministro de Agricultura, Luis Planas, que recalcó que la medida «favorece a una inmensa mayoría de ciudadanos».

Según los últimos cálculos realizados por PwC para Aecoc, la rebaja del IVA concebida como hasta ahora -aceite y pastas gravados al 5% (en lugar de al 10%) y pan, harina, huevos, leche, queso, frutas y verduras al 0% (desde el 4%)- supondrá un ahorro en los hogares españoles de 824 millones hasta junio, contabilizándolo desde el pasado noviembre. Este ahorro se multiplicaría por más de dos, hasta los 1.865 millones, si se incluyera carne y pescado, como ha exigido el PP para dar su apoyo al real decreto ley gubernamental, por su relevante peso (30%) en la cesta, informa Nerea San Esteban.

Según un estudio realizado por Fedea el ahorro medio que esta rebaja impositiva proporciona a las familias es de unos 80 euros anuales, 40 euros al semestre y de algo menos de siete euros al mes.

Aunque el aterrizaje del IPC en los últimos meses de 2023 puso en la diana la continuidad de esta rebaja, debido a que ya se habían alcanzado los niveles de inflación subyacente que en un principio el Ejecutivo consideró límites, el Gobierno ha defendido estos días su continuidad por ser una «medida beneficiosa» para la bajada de los precios alimentarios, insistía Planas.

Otra de las medidas estrella del decreto ley que caerá si el Parlamento no respalda el texto gubernamental son las ayudas al transporte público y la gratuidad del Cercanías y de los abonos para trenes de Media Distancia, que se prorrogaban durante todo 2024 con el texto. Se trata de uno de los paquetes de más cuantía económica, unos 1.400 millones de euros, según la estimación del Ejecutivo.

De ambas medidas ya se han beneficiado miles de usuarios durante los primeros días de enero. Es el caso de los descuentos para el transporte público, que bonifican hasta el 50% de los títulos de transporte interurbanos (los célebres abonos transporte) -aunque regiones como Madrid han elevado las ayudas al 60%-. La derogación de la ayuda estatal, a la que se condicionan las subvenciones autonómicas, podría provocar que renovar el abono transporte o adquirir los títulos multiviaje pudiera volver a su precio original a partir de mañana. Por el momento, ni los gobiernos regionales ni el Ministerio de Transportes, han aclarado lo que ocurrirá con estas bonificaciones si decae el decreto, informa Antonio Ramírez.

Tampoco se han pronunciado sobre la gratuidad de los servicios de Cercanías y Media Distancia para viajeros frecuentes. Renfe abrió el periodo para adquirir los títulos bonificados el pasado 30 de diciembre con vigencia para todo el primer cuatrimestre de 2024 (hasta el 30 de abril) a través de la app de Cercanías y ya han sido adquiridos por miles de usuarios que todavía no saben si sus títulos tendrán validez a partir de mañana o no. También quedan en 'stand by' los descuentos del 50% para trenes Avant y la bonificación del 100% en los viajes en autobús en las 77 rutas de larga distancia que dependen del Estado, que también se sostenían en el real decreto del Gobierno y que sin él se quedan sin el sostén jurídico necesario para poder liberar las aplicaciones presupuestarias necesarias para abonar esas ayudas.

El reguero de disposiciones que caerían se extiende también al ámbito de la vivienda. El decreto anticrisis que puede tumbar Junts incluye medidas para evitar los desahucios de hogares vulnerables durante todo 2024. Una norma que podría perder por primera vez su vigencia desde que fuera aprobada durante los primeros compases de la pandemia en 2020. La medida prohíbe los lanzamientos cuando se trate de una vivienda habitual en la que convivan personas dependientes, víctimas de violencia o menores de edad a cargo, pero quedaría sin soporte jurídico de no convalidarse el real decreto ley.

Otra de las medidas que decae con la no convalidación de los decretos en cuestión serían parte de las ayudas hipotecarias que se extendieron. El Gobierno incluyó extender a todo 2024 la gratuidad de las amortizaciones anticipadas y para cambiar el préstamo de tipo variable a fijo o mixto. Aparte de ello, también en materia financiera decaería la prohibición de cobrar comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla para las personas mayores y con discapacidad, informa Daniel Caballero.

En cambio, la modificación del código de buenas prácticas para familias en riesgo de vulnerabilidad sí mantendrá su aplicación ya que se trató de un acuerdo de Consejo de Ministros que no necesitaba incluirse en los decretos aprobados a finales del ejercicio pasado.