La luz, el gas, los peajes y los sellos suben más del 5% y superan el 3,1% del IPC del año pasado

El año ha arrancado con subidas en las facturas de la luz y del gas. El inicio del repliegue de las medidas fiscales aprobadas para bajar el precio de estos suministros esenciales de los hogares hará que los españoles paguen unos tres o cuatro euros más por el recibo de la luz desde ayer y una cantidad similar por el del gas debido a la subida del tipo de IVA aplicable del 5% al 10%. A partir de marzo, la factura del gas será aún más cara, ya que se reinstaurará el tipo ordinario del 21%. Asimismo, el aumento progresivo del impuesto especial de la electricidad, del 0,5% al 2,8% en el primer semestre y hasta el 3,5% en el segundo y la recuperación del impuesto sobre la producción de la energía eléctrica también incrementarán los recibos de la luz.

La tarifa regulada del gas natural (TUR) ha subido un 10% de media. El término variable (coste de gas) de la TUR 1, para consumos inferiores o iguales a 5.000 kWh/año (cocina y agua caliente sanitaria), es de 0,0510 céntimos de euro el kWh, un 9,3% más; la TUR 2, entre 5.000 kWh/año e inferior o igual a 15.000 kWh/año (cocina, agua caliente sanitaria y calefacción), es de 0,0481 céntimos el kWh, un 9,9% más; y la TUR 3, para consumos superiores a 15.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año, el incremento es del 10,6%, hasta los 0,0454 céntimos el kWh. Por su parte, el término variable de la tarifa regulada no registra cambios en esta revisión trimestral. Para la TUR 1 será de 3,85 euros al mes; la TUR 2 de 7,12 euros/mes y la TUR 3 de 14,92 euros/mes. Los nuevos precios estarán en vigor hasta el 31 de marzo próximo.

Los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa han subido entre un 5 y un 6,65%, en función de las condiciones específicas de cada concesión. En concreto, la revisión de tarifas de 2024 ha supuesto un alza del 6,65% para la AP-46 y AP-7 Alicante-Cartagena; del 6,55% para la AP-9; del 5,12% para la AP-68; del 5,07% para la AP-6, AP-51, AP-61, AP-53, AP-71 y AP-7 Málaga-Guadiaro, y del 5% para la AP-66. El departamento que dirige Óscar Puente ha justificado el incremento en las medidas extraordinarias y temporales aprobadas a finales de 2022 para limitar el alza de los peajes en el 4% durante al año pasado. En 2022 se habilitó una subvención para mitigar el impacto de la inflación en el pago por el uso de estas carreteras, que habría supuesto una subida de entre el 8,4% y el 9,5%. El ministerio recordó el sábado en un comunicado que «de no continuar en 2024 con las subvenciones ya previstas, el alza de los peajes habría superado el 8,5%».

El recién nombrado presidente de Correos, Pedro Saura, se estrena en el cargo con una subida un 5,1% del precio de los sellos de las cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta 20 gramos de peso a destinos nacionales. Según ha informado la compañía, la tarifa es ahora de 0,82 euros, lo que supone un aumento de cuatro céntimos. El año pasado la subida fue de tres céntimos (4%). La empresa pública argumenta que esta actualización tiene como objetivo adecuar los costes de forma progresiva. Las cartas y tarjetas postales internacionales ordinarias y normalizadas hasta 20 gramos se franquearán con 1,70 euros (cinco céntimos más) cuando el destino sea Europa, incluido Groenlandia (excluido Albania, Armenia, Bosnia, Chipre, Georgia, Malta, Moldavia y Rusia). El precio se mantiene sin cambios cuando el destino es Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Rusia, con 2,1 euros; y de 1,75 euros para el resto de países. En cuanto a la paquetería, aumentará sus precios un 1,99%. Los burofax también mantendrán sus precios.

El año ha empezado con una nueva dentellada a los salarios para avanzar en la sostenibilidad del sistema público de pensiones. La cotización extra exigida a las nóminas este año dentro del bautizado como Mecanismo de Equidad Intergeneracional será de un 0,7%, del que el 0,58% se cargará al empresario y el 0,12% al trabajador, y absorberá una cuantía salarial de entre 48 y 428 euros anuales según el rango salarial en el que esté el trabajador. El golpe será más acusado en el caso de las rentas más altas. Este año la base máxima de cotización se aplicará a una porción más amplia de los grandes salarios, que este año estarán sometidos a cotización hasta los 56.600 euros, cuando en 2023 solo cotizaron por los 53.000 primeros euros.

Los trabajadores por cuenta propia tendrán algo más de manga ancha en lo que constituye uno de sus principales quebraderos de cabeza a la hora de hacer la Declaración de la Renta: los gastos de difícil justificación. Podrán desgravarse el 7% frente al 5% actual. Los autónomos económicamente dependientes podrán acceder a la reducción fiscal que se les reconoce con un umbral de ingresos más elevados.

Las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros tendrán que echar cuentas para ver si les corresponde incrementar su contribución fiscal como consecuencia de la entrada en funcionamiento del tipo mínimo europeo del 15%. Este se calcula de una forma un tanto diferente al implantado hace un par de años en España y podría elevar la factura fiscal de un puñado de grandes corporaciones multinacionales con sede en España, aunque esta carga extra rondará en el mejor de los casos los 700 millones de euros. Por contra, las pymes con una facturación inferior a un millón de euros podrán empezar a aplicarse el tipo reducido del 23%.

La entrada en vigor de la renovada ley de Mecenazgo mejorará el tratamiento fiscal de los donativos a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. La donación susceptible de deducción del 80% aumenta de 150 a 250 euros y el resto se podrá aplicar un tipo del 40%, por encima del 35% actual. En el caso de las empresas el tipo de deducción pasa del 35 al 40%, lo que incrementará el ahorro fiscal.

En 2024 seguirá habiendo límites a la revisión anual de los contratos de alquiler, pero estos se elevarán del 2 al 3% como así se fijó en la ley de Vivienda que entró en vigor en mayo. Ese será el tope que los caseros podrán subir a sus inquilinos durante todo el año tras la eliminación definitiva del IPC como referencia para el alza de los contratos, índice que había marcado tradicionalmente las subidas. La misma norma obliga al INE a crear un nuevo indicador que será el que marque a partir de 2025 las alzas máximas de las rentas.

Otra novedad que trae la ley de Vivienda es la rebaja para los propietarios de la deducción de la vivienda en alquiler. La reducción general sobre el rendimiento neto del arrendamiento que se pueden aplicar los arrendadores pasará del 60 al 50% para los nuevos contratos firmados a partir de la entrada de la norma, que fue publicada en el BOE el pasado 24 de mayo. En todo caso, el nuevo régimen de deducciones entró en vigor ayer, por lo que no será aplicable para los caseros hasta la declaración de la Renta de 2025. El nuevo esquema de deducciones contempla reducciones de hasta el 90% en el IRPF, pero solo en casos en los que la vivienda se encuentre en un mercado tensionado, algo que a día de hoy no ocurre en ninguna población.