Escrivá planea un nuevo golpe a los sueldos de más de 4.500 euros

Como ya informó ABC, la incomunicación es total con las empresas, lo que impide un pacto a tres bandas en el diálogo social. Por este motivo, Escrivá ha tenido que buscar el apoyo de Unidas Podemos y de los sindicatos y realizar concesiones, teniendo en cuenta que el ministro ya se ha comprometido con la Comisión a ampliar los años que se toman para calcular la pensión de los actuales 25 años a 30. Esta medida es el mayor obstáculo para que prospere la reforma de pensiones. Ha sido públicamente rechazada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por los recortes que implica y no le gusta a la formación morada, ni a los sindicatos, pero Bruselas la demanda y justifica en que España es el país europeo con la tasa de remplazo (porcentaje que representa la pensión sobre el último salario) más elevada junto con Italia y Grecia.

Solo negociando concesiones, el ministro Escrivá logrará un acuerdo parlamentario y el respaldo de UGT y CC.OO. De entrada, los morados quieren mayor esfuerzo de las rentas más altas para sostener las pensiones. No les basta con el planteamiento de destope de las bases máximas, el hachazo del 30% planificado para 25 años más el IPC anual, ni la entrada en vigor el 1 de enero del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y la subida del 0,6% en las cotizaciones que lleva implícita.

Unidas Podemos exige que se eleve el listón para los sueldos altos. En estos momentos, tras el alza de las bases máximas en un 8,6%, el tope de cotización se sitúa en 4.500 euros mensuales; todo lo que exceda de esa cantidad está exento de pagar cotizaciones sociales. El planteamiento de está 'cuota de solidaridad' está sobre la mesa como extra, más allá del citado destope, la actualización el IPC y el MEI que ya está en vigor. Ahora habrá que ver hasta dónde quiere o puede llegar el ministro, dado que los morados siempre ha defendido que se eliminen los topes actuales y que el trabajador cotice por todo lo que ingresa.

La medida es bien vista por los sindicatos UGT y CC.OO. que, a cambio de su apoyo a la reforma, también quieren sacar sus réditos. Al igual que el socio de Gobierno exigen al ministro un alza sustancial para las pensiones mínimas, que ya este ejercicio subieron un 15%, frente al 8,5% general, así como reducir de 15 a 12 los años mínimos necesarios para poder percibir una pensión contributiva. Esta última propuesta ha sido puesta encima de la mesa por UGT, que entiende que si se aplica una ampliación del número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión debería rebajarse también el número mínimo de años que se exigen para acceder a una pensión contributiva y eliminar también la exigencia de que dos de estos años cotizados se hayan producido en los últimos 15, lo que supondría un aumento del gasto.

El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, justifica la rebaja en que los sistemas europeos tienen un acceso a la pensión mucho más fácil que España, por debajo de diez años, y en que «la suma y la resta que se pagarán de más (con la reforma) tienen que ser cero» y por ello está defendiendo introducir ahora la revisión de las condiciones de acceso a la pensión. Lo que piense Bruselas de este coste cero es todavía una incógnita.

Sobre la mesa de negociación también está una mejora del complemento por maternidad que ayude a reducir la brecha de la pensión, menor de media para las mujeres, mientras también se pone el foco sobre este aspecto en la propuesta de mejora de tratamiento de las lagunas de cotización que se negocia con los sindicatos.

El visto bueno del Ejecutivo a este conjunto de medidas que plantean los sindicatos sería la llave para poder aprobar la reforma en el Congreso a posteriori. Principalmente, porque suavizaría la postura de los sindicatos ante el aumento de los años cotizados para el cómputo de la pensión, abriendo también una espita en la férrea postura de la formación morada hacia esta medida.

Fuentes cercanas a la negociación explican a este diario que en la mesa de diálogo con los sindicatos no se están abordando los puntos mollares de esta segunda fase, y que desde diciembre pasado se dirimen en el terreno político y en la negociación entre Escrivá y Yolanda Díaz. Aunque el plazo para articular la reforma cumplió en diciembre, el examen exhaustivo de Bruselas está previsto para primavera.