El aumento del gasto en pensiones forzará al futuro Gobierno a tomar medidas ya en 2025

Sobre este escenario que comparten todos los servicios de estudio que en las últimas semanas han ahondado en el balance de medidas de la reforma las miradas se dirigen directamente al desempeño de la cláusula de cierre que incluyó el Gobierno en la modificación del mecanismo de equidad intergeneracional y sobre la que se asume que deberá operar tras la primera revisión de la evolución de gasto en 2025. Cabe recordar que esta cláusula se activa siempre y cuando el gasto en pensiones supere el 13,3% del PIB en el promedio 2022-2050, una vez descontado el incremento de los ingresos.

Y es precisamente este escenario el cual lo expertos dan por descontado en base a las estimaciones propias, siendo el escenario planteado por la Seguridad Social el único en el que no sería necesario activar las palancas de compensación. Concretamente, la ley aprobada prevé que llegado el momento la Airef evalúe la desviación del gasto que sería necesario cubrir para mantener la senda de gasto, instando al gobierno de turno a adoptar nuevas medidas o, en su defecto, se produciría un incremento adicional de las cotizaciones sociales de forma automática a través del mecanismo de equidad intergeneracional.

«El análisis conjunto de los principales cambios normativos introducidos en nuestro sistema de pensiones desde 2021 —si bien está sujeto a una elevada incertidumbre— apunta a que, previsiblemente, será necesario adoptar nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar su sostenibilidad financiera», explica el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la sección sobre el impacto presupuestario de las medidas en pensiones incluida en el informe anual.

Concretamente, el supervisor prevé que tras la evaluación del primer trienio de la reforma se necesiten compensar 0,8 puntos porcentuales del PIB de desviación del gasto. Es decir, estima que se deberán adoptar medidas para compensar unos 11.200 millones de euros de exceso de gasto, impulsado por las medidas incluidas en los dos paquetes de medidas aprobados por el Gobierno, y que deberán cubrirse o con más ingresos o con una reducción del gasto.

«Nuestro sistema de pensiones probablemente deberá afrontar mayores obligaciones de gasto a largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos», apunta el informe. Cabe recordar que los cálculos más recientes de la AIReF relativos a las medidas de ingresos sitúan el crecimiento de los recursos de la Seguridad Social en el 1% del PIB en promedio entre 2022 y 2050, mientras que el gasto en pensiones en el escenario base de la Autoridad Fiscal alcanzaría el 15,1% del PIB de media durante el mismo período. «En este contexto, en el marco del mecanismo automático de ajuste establecido recientemente, podría ser necesario que, a partir de 2025, se adoptaran nuevas medidas para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones», augura el supervisor.

Si bien recuerda que la decisión en cuanto a una eventual activación de dicho mecanismo dependerá, entre otros factores difíciles de precisar en la actualidad, de la evaluación formal de las medidas de ingresos que la AIReF realizará en marzo de 2025 y de la senda de gasto en pensiones que recoja el Informe de Envejecimiento que se publicará en la primavera de 2024. Eso sí, recuerda el Banco de España que la estimación del impacto que las distintas actuaciones desplegadas en los últimos años podrían tener sobre los gastos y los ingresos del sistema de pensiones español a lo largo de las próximas décadas «se encuentra sometida a una extraordinaria incertidumbre».

Y es en este punto donde, como viene reseñando este medio, que las medidas incluidas principalmente en la segunda pata de la reforma ponen al mercado laboral en el centro de la diana. Según las estimaciones que recogen en su últimos análisis expertos como Miguel Ángel García (Fedea), Enrique Devesa (Instituto de Actuarios) o Rafael Doménech (BBVA Research), por cada punto del PIB de ganancia de ingresos para la Seguridad Social mediante cotizaciones sociales sería necesario incrementar el tipo medio de cotización (actualmente en el 37,25% del salario bruto) en 2,7 puntos porcentuales. Y según advierte el Banco de España, en base a modelos de proyección económica, un incremento de un punto porcentual en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%, unos 51.500 puestos de trabajo con el actual nivel de afiliación.

Teniendo en cuenta que para cubrir los 0,8 puntos de desviación de gasto haría falta elevar el tipo medio de cotización en 2,1 puntos porcentuales, la pérdida de ocupados a causa de nuevas subidas de cotizaciones sociales ya supondría en un plazo de cuatro la pérdida de 108.000 puestos de trabajo.

El Banco de España asegura tras el análisis de evaluación que teniendo en cuenta la relevancia de los cambios implementados, «se recomienda una evaluación rigurosa, continua y transparente de la magnitud de sus efectos, incluyendo sus consecuencias sobre la equidad intergeneracional».

«En particular, sería deseable contar con análisis ex post que revelen el alcance de los incentivos a posponer la edad de jubilación, ya que estos constituyen la principal palanca de contención del gasto en pensiones en el futuro. Asimismo, convendría estudiar los posibles efectos sobre el mercado de trabajo y la competitividad de las empresas españolas derivados del incremento establecido sobre las cotizaciones sociales, ya que, como se ha señalado anteriormente, estos podrían suponer una minoración de los impactos sobre los ingresos estimados ex ante», abunda el informe sobre las deficiencias de la reforma del ministro José Luis Escrivá.