Empresas y trabajadores negociarán planes de pensiones de empleo al margen del fondo público de Escrivá

Se trata del llamamiento nítido y meridiano que los representantes empresariales y de los trabajadores hacen para incluir a los planes de pensiones de empleo en los procesos de negociación de convenios que se lleven acabo de aquí en adelante. Supone, no en vano, un espaldarazo de los agentes sociales a ese punto que se incluyó en la primera parte de la reforma de pensiones que pretendía la articulación de un fondo público para instrumentar planes de pensiones colectivos, con una mayor facilidad de acceso que con la actual oferta, como impulso para la previsión social complementaria. Es decir, como ayuda para la extensión de los planes de ahorro privado que se configuran a través de la empresa y que se nutren de pequeñas aportaciones procedentes de la nómina del trabajador.

Sin embargo, en estos momentos se produce una anacronía entre la labor legislativa del Gobierno y la necesidad de comenzar cuanto antes a extender el modelo de ahorro entre los trabajadores. Cabe recordar que aunque las medidas introducidas por el Gobierno no suponen un recorte de la pensión, la inclusión de cotizaciones finalistas para el pago de prestaciones (el mecanismo de equidad intergeneracional o la cuota de solidaridad) que no tienen carácter contributivo, es decir, no generan mayores derechos para la pensión, supone en la práctica una pérdida de generosidad ya que se pagará más para obtener el mismo volumen de prestación.

Es por eso que uno de los principales esfuerzos del Gobierno en materia de pensiones ha sido el ejercicio de concienciación sobre la importancia del ensanchar la base de ahorradores individuales que sirva para complementar la futura prestación pública de la Seguridad Social en términos de suficiencia. Si bien, como se viene explicando, el gabinete dirigido por José Luis Escrivá ha preferido abonar el terreno de los planes colectivos, lo de empleo, y de hecho lo pretende hacer a costa de los planes individuales mediante el desplazamiento de los incentivos fiscales de una bolsa de ahorro a otra. Ya los planes privados disfrutan de un 85% menos de deducción en IRPF que hace dos ejercicios cuando se iniciara el recorte fiscal en este denominado como tercer pilar ahorro de jubilación.

En este sentido, el texto del V AENC suscrito por CEOE, Cepyme, UGT y CC.OO. al cual ha tenido acceso este medio, recoge en un apartado de previsión social complementaria que las organizaciones firmantes comparten una «valoración positiva» sobre los sistemas de ahorro complementarios, por lo que consideran «conveniente» abordar el desarrollo de los mismos en el marco de la negociación colectiva.

Noticia Relacionada

Las subidas salariales dependerán de la situación de cada empresa pese a la recomendación del 10% en tres años

Susana Alcelay

Las direcciones de las organizaciones sindicales y empresariales ratifican un acuerdo marco con subidas del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025

«Por ello, planteamos fomentar en los convenios colectivos los Planes de Pensiones de Empleo, en su caso, a través de Entidades de Previsión Social Empresarial (EPSE), como medida de ahorro a largo plazo de carácter finalista y de complemento de las pensiones públicas«, señala el texto.

No en vano, como ya informó ABC, el retraso persistente del fondo público de pensiones y de los planes de empleo simplificados a causa de la burocracia que conlleva la aprobación definitiva del reglamento de funcionamiento está provocando la paradoja de que mientras que el sector asegurador, los trabajadores y las empresas ya han recogido el guante del Gobierno sobre la necesidad de poner en marcha estos sistemas de ahorro, aún se carece del instrumento legal que articule los planes de promoción pública.

El resultado, a medio camino entre los deseos y los planes del Gobierno: mientras que es cierto que la medida impulsada en el primer paquete de la reforma de pensiones para abrir la llave de paso de los planes de empleo en España está agitando el avispero en las empresas y compañías aseguradoras, la falta de un reglamento y un fondo público efectivamente hábil está generando que sea el sector privado al margen de la estructura prevista por la Seguridad Social el que se anticipe en la formalización de estos planes.