Sánchez cede también al País Vasco los «medios» para homologar títulos extranjeros

El acuerdo continúa diciendo que este traspaso «establecerá los mecanismos de cooperación necesarios para garantizar por parte de los funcionarios autonómicos una aplicación homogénea de la normativa estatal aprobada en base al artículo 149.1.30 de la Constitución, así como para garantizar, en el caso de las profesiones tituladas, la igualdad, la libertad de circulación y establecimiento, y la libre prestación de servicios. Asimismo, se establecerán los puntos de conexión adecuados para el ejercicio de las funciones ejecutivas por parte de la comunidad autónoma».

¿Qué dice el citado artículo 149.1.30 de la Constitución? Reserva al Estado la función normativa de la homologación. En concreto dice que es este el que se hará cargo de las «condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia».

En este sentido, el Consejo de Estado recuerda en su dictamen sobre el decreto de homologación del año pasado una sentencia del Constitucional que señala lo siguiente: la extensión de la competencia estatal exclusiva de la homologación «que supone la reserva al Estado de toda la función normativa en relación con dicho sector (...) determina que las comunidades sólo puedan asumir competencias ejecutivas en relación con esta materia (...)». Dicho de otro modo, el Estado regula y la comunidad ejecuta.

Por otro lado, el Estatuto de Guernica -cuyo contenido defienden fuentes consultadas del PNV para justificar el acuerdo- señala que la comunidad vasca tiene la competencia de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades «sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149 1.30».

Fuentes jurídicas explican que «lo que se produce con este acuerdo es un traspaso de medios, no de funciones normativas». Es decir, «el País Vasco no puede regular un procedimiento de homologación propio y específico separado del estatal, solo pueden aplicar el aprobado por el Estado».

Ello no va a impedir, sin embargo, que este acuerdo genere desigualdad respecto al resto de comunidades: «Se potencia la diferenciación entre sistemas teniendo en cuenta que el Ministerio de Universidades tiene un tapón con la homologación de los títulos extranjeros que llega a los cinco años de paralización de los procedimientos», añaden las fuentes consultadas. «Al «salir» el País Vasco del tapón que hay en el ministerio agilizan su mercado laboral y en consecuencia, su mercado económico».

Las mismas fuentes avisan de que con este acuerdo se abre la puerta a una «fragmentación de los elementos estatales que garantizan la unidad del sistema educativo».

Por otro lado, desde el PP señalan que «al solicitar la competencia de homologación de títulos, el País Vasco abre la puerta a que se inicie una carrera entre las comunidades por la homologación de títulos que puede convertir el sistema español en un coladero para el acceso de titulaciones de terceros países el área europea», apunta Jorge Sainz, exsecretario general de Universidades del PP.

Para hacerse una idea de dificultad del proceso, Sainz pone el ejemplo de Reino Unido, donde hay más de 50.000 títulos de educación superior. «El funcionamiento del sistema español es a través del dictamen de una comisión técnica, que es la que tiene que apreciar la equiparación de los títulos en competencias y formación para acceder a la homologación o la equivalencia. Es imposible que dos comisiones interpreten de forma similar que los conocimientos y competencias adquiridas en cualquiera de los miles de universidades de todo el mundo son similares en todos los casos a los que se expiden en España».

Se abre la puerta a que, «en un marco donde es imposible determinar con precisión las condiciones para cada caso, acabará produciéndose una competencia para la homologación de títulos que redundará en perjuicio de población, que puede recibir servicios de profesionales con titulaciones menos exigentes que las nacionales y, por lo tanto, recibir un servicio peor», continúa Sainz, que pone como ejemplo profesiones como enfermería medicina o arquitectura «donde esta situación puede tener consecuencias importantes para la vida de los ciudadanos, tanto españoles como de la Unión Europea».