Universidades reconoce que dio más de 30 millones de ayudas de forma ilegal pero lo minimiza por un «error humano»

El problema es que dichas ayudas, como tiene que hacerse con todas las de este tipo, es decir, públicas, deben pasar por el órgano fiscalizador del ministerio: la conocida como intervención delegada. Sin embargo, este trámite no se ha hecho. ABC se puso en contacto este miércoles con el ministerio y no obtuvo respuesta. Este jueves, sin embargo, ya publicada la información, contestó.

Fuentes del ministerio lo atribuyeron a un «simple error» fruto de las «prisas». Cuando ayudas de este tipo no son fiscalizadas la única vía para poder subsanar la infracción es hacerlo es mediante el Consejo de Ministros.

Este se encarga, tal como señala el documento para tal efecto al que ha tenido acceso ABC, de convalidar «la omisión del trámite de la función interventora de la aprobación del gasto». En concreto, la cifra que no pasó ningún tipo de control fiscal asciende a 31.195.000 euros, «cantidad que se financiará por el Ministerio de Universidades en el ejercicio 2023».

«Como se sacaron a la vez la orden de bases y la convocatoria, las prisas hicieron que se fiscalizara la orden pero a la subdirección que gestiona esto se les olvidó hacerlo con la convocatoria por lo que hubo que convalidarlo en Consejo de Ministros», explicaron desde el ministerio. Esta explicación, sin embargo, no tiene sentido para algunas fuentes consultadas. «Se ha enviado un único documento a la intervención, tal y como queda reflejado en el título de la orden del BOE que dice «bases y convocatoria». ¿Cómo es posible entonces que se les haya olvidado una parte?«».

Al no haberse llevado a cabo la correspondiente acción fiscalizadora, la intervención delegada, según señala el documento al que accedió ABC, ha estimado que finalmente las ayudas pasen por el Consejo de Ministros «quien podría adoptar una resolución favorable, mediante la convalidación de la omisión de la función interventora de la aprobación del gasto correspondiente a la respectiva convocatoria por importe de 31.000.000 euros más 195.000 euros en concepto de asistencias a abonar a los evaluadores científicos y tecnológicos, a fin de posibilitar la concesión de subvenciones para la financiación de planes de investigación en cooperación en el área de la inteligencia artificial desarrollados por grupos de investigación interdisciplinares».

Si bien es el propio órgano fiscalizador el que accede a que las ayudas sigan su curso y sean convalidadas por el Consejo de Ministros sin que se hayan llevado a cabo los controles previos de control del gasto público, «eso no impide que el Tribunal de Cuentas pueda exigir responsabilidad contable al ministro por las ayudas tramitadas», apuntan fuentes consultadas.