La ley de Universidades no se ejecuta pese a llevar ya seis meses en vigor

La cuestión, con o sin mesa, es que el estatuto del PDI ya se debería haberse puesto sobre la mesa del Congreso en forma de proyecto de ley, pero esto no ha ocurrido. Y es que la nueva ley de Universidades (LOSU) marca en una disposición final que «en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de ley del estatuto del personal docente e investigador universitario».

La ley entró en vigor el pasado 12 de abril y del estatuto no hay noticia. «Es una norma fundamental», recuerda Caballero, que agrega «que regula un montón de cosas de la carrera académica del profesorado, temas tan importantes como el salario, el régimen de dedicación, la carrera académica...En definitiva, múltiples aspectos relevantes que se encuadran dentro de una normativa general que aglutina los aspectos básicos de la vida de un profesor e investigador universitario».

En su importancia también incide Eva Alcón, presidente de los rectores (CRUE) y rectora de la Universidad Jaume I. «Es urgente que se retome el estatuto del PDI porque lo necesitamos para regular todos los cambios que van a venir marcados por la nueva Ley de Universidades», señala a ABC. Los seis meses se han cumplido este mes de octubre pero el Gobierno está en funciones, algo que para algunos juristas explica el hecho de que el estatuto no esté terminado. «En efecto, la LOSU prevé que tiene que presentarse un proyecto de ley del estatuto en seis meses desde la entrada en vigor de la ley pero el problema es que hay otra norma, la del Gobierno, que señala que en funciones este no podrá ejercer las siguientes facultades: aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado».

Pero otras fuentes jurídicas consultadas discrepan. «La Ley Orgánica del Sistema Universitario contempla la obligatoriedad de aprobar el proyecto de ley en seis meses y es una ley posterior, en el tiempo, a la ley del Gobierno, que es de finales de los años 90. De esto se puede entender que para este caso concreto, la aprobación del estatuto no rige la norma general de la Ley del Gobierno si no la norma especifica que contempla la Losu; el legislador podría haber señalado que la aprobación del estatuto se tenía que hacer de acuerdo con las norma general para la aprobación de proyectos de ley, y no lo hizo, precisamente, por el carácter urgente de este texto legal».

Por otro lado, Ricardo Rivero, catedrático de Derecho Administrativo y rector de la Universidad de Salamanca recuerda que «esos mandatos que están en disposiciones adicionales se incumplen sistemáticamente». Cita otro ejemplo: el real decreto para regular los derechos de los estudiantes se aprobó en tiempo de Zapatero y no se aprobó hasta que llegó Sánchez y se aprobó la ley de convivencia universitaria. En cualquier caso, opina, «teniendo en cuenta lo mal hecha que está la LOSU es casi mejor que no hagan el estatuto», ironiza Rivero.

Además, cabe recordar que el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, envió una carta a los rectores el pasado 31 de mayo en el que ya avisaba de que dado el adelanto electoral el Comité de Dirección del Ministerio de Universidades evaluó las posibilidades de continuar con la tramitación de alguno de los reales decretos pendientes. Nada se menciona sobre el estatuto del PDI. «No lo han considerado prioritario, pero sí han tenido interés en sacar adelante el real decreto de acreditación estatal», critica Caballero. De hecho, en la misiva señalan que «se hace necesario establecer una prioridad de solicitud de informes y tramitación siempre teniendo en cuenta las disposiciones que ya aparecen en la LOSU y la incidencia de los citados proyectos de reales decretos en el funcionamiento ordinario de las universidades».

«La falta de un nuevo estatuto ha obligado a las universidades a empezar el curso académico inventándose la legislación sobre la que realizar las contrataciones necesarias al principio de las clases y con un aumento de los costes que no tenían estimados y de los que ministerio no se quiere hacer cargo y remite a las comunidades», critica Jorge Sainz, exsecretario general de Universidades. ABC pidió su versión al ministerio pero no ha obtenido respuesta.

Otra crítica que hace el CSIF y los rectores es la financiación. En un comunicado el CSIF criticó que la ley tras «seis meses tras su entrada en vigor, sigue sin contar con la financiación necesaria». Añade que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) al que Subirats encargó un informe sobre financiación en las universidades, calcula que para alcanzar el 1% del PIB hay que incrementar la inversión anual un 15%, es decir, 3.100 millones de euros de aquí a 2030. «Ha habido rectores que ya han dicho que si no hay financiación adicional no van a poder desarrollar la LOSU. Esto significa que no se renovarán, incrementarán ni estabilizarán las plantillas», apunta Caballero.

Sobre la financiación también manifestó su preocupación la CRUE. Alcón le trasladó su inquietud al ministro en su encuentro del pasado 11 de octubre donde la rectora calificó la situación «de urgencia y pidió a Subirats que se detalle con la mayor brevedad el compromiso de las distintas administraciones para alcanzar el incremento, como mínimo, de hasta el 1% del PIB que fija la LOSU», señalaron en un comunicado. «Sin financiación no se va a poder desarrollar la norma; me consta que el ministerio está haciendo los cálculos pero nosotros tenemos que insistir en que esto es fundamental, el Gobierno debe ser consciente de que la Losu sin financiación no será una realidad», explicó la rectora a este periódico.