Los alumnos de enseñanzas artísticas tendrán las mismas becas que los universitarios

Uno de los grandes debates sobre esta ley era si finalmente los títulos de enseñanzas artísticas (música, danza, arte dramático, conservación y restauración de bienes culturales, artes plásticas, etc.) que regula este anteproyecto iban a integrarse o no en el sistema universitario. La respuesta es 'ni sí ni no'. Ya en un 'briefing' con periodistas, el secretario de Estado, José Manuel Bar, dijo que lo que se buscaba era «acercamiento». «Queremos que se acerquen a la universidad pero que no sean absorbidas por la universidad», dijo entonces en alusión al futuro de las enseñanzas artísticas.

Lo que sí habrá, según se desprende del anteproyecto y de la memoria de impacto normativo, a los que ha accedido ABC, es el establecimiento de convenios de colaboración entre los campus y los centros de enseñanzas artísticas superiores. Estos convenios incluirán, incluso, el reconocimiento mutuo de créditos ECTS o la colaboración de los respectivos equipos docentes. Por si esto fuera poco, hay un artículo que prevé acuerdos con las universidades para la organización de programas de doctorado propios de las enseñanzas artísticas. Por otra parte, la ley señala que se establecerá una «plena equiparación» del estudiantado de enseñanzas artísticas superiores con el universitario en lo referente al acceso a becas y ayudas (aunque esto ya está reflejado en otras normativas).

El mismo tratamiento en cuanto a las becas de los alumnos de artísticas con el de las universidades es una reivindicación que hizo el sindicato UGT al Gobierno para el momento en que se aprobara esta ley. Este sindicato también pidió la compatibilización de la labor docente de los profesores con la investigación. Y, al igual que CC.OO., reclamó para la nueva ley el reconocimiento de la autonomía de los centros de enseñanzas artísticas superiores. Todo ello está incluido en el texto que hoy llega al Consejo de Ministros.

El anteproyecto señala que «las universidades y las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán promover la generación de entornos integrados de educación superior que posibiliten la colaboración entre centros de enseñanzas artísticas superiores y universidades. Esta colaboración podrá referirse a actividades académicas, de innovación e investigación, oferta de extensión científica y cultural y a los servicios que ofrezcan». En este sentido, el texto detalla que en el marco de esos acuerdos «se podrán contemplar, entre otros aspectos, el reconocimiento mutuo de créditos ECTS, la colaboración puntual de los respectivos equipos docentes y, en su caso, el uso ocasional de las respectivas instalaciones».

En la misma línea, también se prevé que «las administraciones educativas, a iniciativa propia o a propuesta de los centros de enseñanzas artísticas superiores, fomentarán acuerdos con las universidades, [...] para la organización de programas de doctorado propios de las enseñanzas artísticas». Estos programas, continúa el texto legal, «deberán tener en cuenta las particularidades propias de la formación investigadora en el marco de las enseñanzas artísticas superiores, que podrá incorporar, entre otros aspectos, la creación o la investigación artística en cualquiera de sus dimensiones: teórica, creativa o performativa. Por vía reglamentaria se determinarán las especialidades en las que, conforme a las funciones docentes que desarrollan, quedarán adscritos quienes se acojan a este procedimiento».

El anteproyecto señala que «el estudiantado de enseñanzas artísticas superiores tendrá la misma consideración que el universitario en el sistema general de becas y ayudas al estudio establecido por el Estado, incluyendo la compensación de los precios públicos por servicios académicos, en los términos que se determina reglamentariamente». Esta reivindicación la hizo UGT en un documento facilitado a ABC por el propio sindicato en el que piden «el establecimiento de becas y ayudas al alumnado y a su movilidad equiparables a las de universidad». Pero no son los únicos. También lo pidió la Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño (CEA) en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados que tuvo lugar el pasado 16 de febrero. «Nuestros alumnos no acceden a determinadas becas, no me refiero al sistema general, sino a otras específicas. Si su preparación es reconocida en el ámbito profesional por las empresas e instituciones deberían tener un reconocimiento similar por parte del propio sistema educativo», dijo Eugenio Vega, presidente de CEA.

El sindicato UGT llamaba la atención en su documento de reivindicaciones en la necesidad de establecer «permisos que permitan al profesorado compatibilizar su labor docente con la investigación». El texto señala que «las administraciones educativas favorecerán la actividad y dedicación investigadora del profesorado de los centros públicos y su contribución a la investigación o a la creación artística por medio de los incentivos económicos y profesionales correspondientes». Así, se podrá «regular un procedimiento de concesión de licencias al profesorado, sin reducción de sus retribuciones, para la sustitución ocasional de la jornada lectiva por actividades de esta naturaleza».

La autonomía de los centros de enseñanzas artísticas es una petición tanto de UGT como de CC.OO. La memoria de impacto normativo de la ley aclara, en cualquier caso, que «dicha autonomía no debe suponer un obstáculo que dificulte la cooperación entre las diferentes instituciones de educación superior. Por el contrario, es necesario prever nuevas fórmulas de colaboración que permitan la conexión, tanto entre los centros que imparten enseñanzas artísticas superiores, como entre estos y las universidades». La norma le dedica un artículo a la mencionada autonomía «académica y de gestión», que contempla la implementación de su oferta educativa; la concreción de los planes de estudios; el establecimiento de los procedimientos de admisión y del régimen de permanencia de su estudiantado; el desarrollo de proyectos que impulsen la investigación, la transferencia e intercambio del conocimiento y la innovación; el establecimiento de acuerdos y convenios con otras instituciones u organismos, públicos o privados, etc.

La memoria de la ley no desglosa la incidencia directa o indirecta que tiene la ley en la economía, en la educación, en la creación de empleo o en la generación de riqueza; en cuanto al impacto presupuestario, sucede lo mismo.