Al Gobierno no le salen las cuentas para pagar las becas y recurrirá a los reintegros del año pasado

En total, el presupuesto para las becas de este año es menor que el coste previsto, por lo que el Ministerio de Educación está obligado a cubrir la diferencia de alguna forma. ¿Cómo lo hará? Tal y como reconoce en la memoria de impacto normativo del decreto, a la que ha accedido ABC, se hará con los reintegros, es decir, con el dinero que tengan que devolver los becarios que no hayan cumplido con anteriores convocatorias.

«Si bien el presupuesto previsto para el año 2023 afectado por el ámbito de aplicación de este proyecto de real decreto asciende a 2.471,3 millones de euros y el coste previsto de las convocatorias de él derivadas se estima en 2.520,7 millones de euros, hay que señalar que se espera cubrir la diferencia (49,4 millones de euros) con las generaciones de crédito procedentes de reintegros de becas que se aprueban anualmente y que en el ejercicio 2022 han ascendido a 70.720,1 millones de euros, así como, de ser preciso, mediante el reajuste de anualidades entre los ejercicios 2023 y 2024».

«No es muy correcto planificar una convocatoria así porque dependes de un dato aleatorio, que no es posible precisar, es una estimación que se hace sobre datos de años anteriores», explican fuentes académicas.

El dictamen del Consejo de Estado sobre este decreto no hace observaciones respecto al dinero porque cuenta con el visto bueno de Hacienda. Sin embargo, sí le reprocha el argumento que usa Educación para hacer una subida tan grande de la cuantía fija ligada a la residencia.

El ministerio dice que la medida busca «facilitar que los alumnos y alumnas puedan continuar sus estudios en una localidad distinta de la propia, con especial incidencia en familias de entornos rurales, particularmente de la España vacía, cuyos hijos e hijas tienen que desplazarse y residir en otras ciudades para poder cursar estudios postobligatorios».

En este sentido, el órgano consultivo dice que esta medida «no está específicamente justificada en el expediente con una zonificación específica que la sustente, pudiendo responder a otras cuestiones, como los costes del transporte o de la vivienda temporal o la ubicación y la deslocalización de centros escolares o universitarios, con independencia del nivel de población. Por ello, se sugiere revisar esas menciones», insta el Consejo de Estado.