La inclusión del aborto como derecho fundamental: una «hoja de ruta simbólica» pero sin efectos prácticos

«La modificación de los tratados requiere unanimidad de los países miembros por lo que esta decisión no tiene ninguna implicación directa», explica a ABC José María Beneyto, director del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. En esta línea, considera que la iniciativa busca más tener un «efecto simbólico en contraposición a lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo tumbó el derecho al aborto al anular el histórico fallo de Roe vs. Wade».

Beneyto explica que además, para ser efectiva una decisión de este tipo se tendría que «introducir en cada una de las constituciones nacionales, como ha hecho Francia, para que tuviera una aplicación directa». En todo caso, el experto señala que la iniciativa aprobada «sí que podría tener una cierta implicación en cuestiones de financiación de los denominados programas de salud reproductiva». «Con este respaldo, va a ser más difícil que algún estado miembro pueda impedir que se destinen fondos europeos a entidades que realizan este tipo de programas.

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Para el experto en Estudios Europeos, el hecho de que la propia iniciativa inste a todos los Estados miembro a «despenalizar completamente el aborto de acuerdo» e incluso pida a Polonia y Malta «que deroguen sus leyes y otras medidas relacionadas con prohibiciones y restricciones al aborto», demuestra que «no tiene ningún efecto legal y que existe un consenso en este sentido dentro de la Unión Europea». Y reitera la idea del «efecto simbólico» que se ha buscado, porque «aunque no tiene efectos jurídicos, sí que se pretende crear un ambiente político y social como el que ha conseguido que se le dé una vuelta a la Constitución en Francia».

En la misma línea se manifiesta Ana del Pino, coordinadora en España de la plataforma provida europera One of Us y Asamblea por la Vida, que entiende que la «resolución, a pesar de no ser vinculante ni tener efectos legales, pretende marcar a las instituciones europeas una hoja de ruta para que la sigan en el futuro». Para la entidad, el Parlamento Europeo «desafía a la Carta de derechos fundamentales de la UE con una resolución que socava los cimientos de la UE y pone en riesgo la soberanía de los Estados miembros al atacar el principio de subsidiariedad».

Por su parte, desde la plataforma NEOS, también recuerdan que la decisión «no es vinculante», aunque destacan que «atenta contra la soberanía nacional y el propio principio de subsidiariedad, otro de los pilares de la construcción europea, ya que la inclusión del aborto como un derecho no es una cuestión ni mucho menos unánime entre los países miembros«. Para su iniciador, Jaime Mayor Oreja, la controversia que ha generado esta moción »ha trascendido, con mucho, el ámbito político para entrar de lleno en un debate filosófico-cultural sobre Europa«.

Por otra parte, la decisión ha sido valorada como un «reconocimiento de la decadencia moral» por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. Según el también arzobispo de Valladolid,» para la Eurocámara el aborto es un derecho humano contra la vida humana naciente». «Quiere defender a la mujer a costa de la vida que gesta. Dice asegurar el progresismo frente a los reaccionarios, cuando impide el progreso de la vida», añade.

Para modificar el Tratado de Niza, que recoge la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tras la decisión del Parlamento, el Consejo Europeo (formado por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros) deberá ahora decidir si decide examinar la modificación propuesta.

En ese caso, su presidente deberá convocar una convención compuesta por representantes de los parlamentos nacionales, de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, del Parlamento y de la Comisión que examinará las propuestas de enmienda y adoptará por consenso una recomendación que trasladará a una conferencia de representantes de Gobiernos de Estados miembros. Ésta, también debe aprobar por unanimidad las modificaciones, que sólo entrarían en vigor después de ser ratificadas por todos los Estados miembros.

Un complejo sistema que, en este caso, casi garantiza que la iniciativa aprobada por el parlamento nunca llegue a materializarse, ya que necesita el consenso y ratificación de todos los Estados miembros, algo a lo que no parecen dispuestos los Gobiernos de Polonia, Hungría o Malta.