Aborto como «derecho fundamental»: una iniciativa de los grupos de izquierda y liberales a la estela de la propuesta de Macron

La modificación más importante que plantea la moción va en la línea de instar al Consejo Europeo que revise los Tratados fundamentales de la Unión para «agregar la atención médica sexual y reproductiva y el derecho al aborto seguro y legal a la Carta». Además, también propone modificar el artículo 3 de manera que quede redactado de la siguiente manera: «Derecho a la integridad de la persona y a la autonomía corporal:. 2a. Todo el mundo tiene derecho a la autonomía corporal, al acceso libre, informado, completo y universal a la salud y derechos sexuales y reproductivos, y a todos los servicios de salud relacionados sin discriminación, incluido el acceso al aborto seguro y legal».

De esta forma, el aborto quedaría consagrado como derecho desde la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, siguiendo la estela de la reciente decisión del parlamento francés, a la que, de hecho alude la moción y la califica de «votación histórica». Así, señala, que «los legisladores franceses consagraron la libertad garantizada de tener un aborto en la Constitución francesa», lo que le convirtió en «el primer país del mundo en hacer explícitamente del aborto un derecho constitucional».

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De hecho, Emmanuel Macron es uno de los grandes promotores de esta iniciativa, y la propuso al Parlamento Europeo el 19 de enero de 2022, cuando presentó las prioridades de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea para ese semestre. «Debemos usar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para proteger el clima y reconocer el derecho al aborto«, sostuvo entonces Macron ante los eurodiputados, ante una Eurocámara que la víspera había elegido como presidenta a Roberta Metsola, procedente de Malta, donde, entonces, el aborto estaba prohibido en cualquier circunstancia.

Una muestra de que pese a la decisión del Parlamento, las políticas con respecto al aborto no son uniformes en los países europeos. Por ello, la iniciativa presentada señala que «algunos Estados miembros aún tienen leyes altamente restrictivas que prohíben el aborto excepto en circunstancias estrictamente definidas, lo que lleva a que las mujeres tengan que recurrir a procedimientos inseguros y potencialmente mortales, viajar a otros países o llevar su embarazo a término en contra de su voluntad, lo que constituye una violación de sus derechos humanos y una forma de violencia de género».

Una explícita referencia que es entendida como medida de presión frente a países como Polonia, Hungría o Malta que, lejos de consagrar el aborto como derecho fundamental como Francia, mantienen legislaciones mucho más restrictivas. En la práctica, la decisión del parlamento francés, en la que se apoya la iniciativa, es excepcional en la normativa europea, aunque el propio texto presentado recuerde que «desde la inclusión del derecho al aborto en la Constitución francesa, ya se han considerado iniciativas similares en otros países como España y Suecia», una afirmación no del todo cierta, pues aunque Sumar reclamó al Gobierno que siguiera los pasos de Francia, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo descartó a la vez que afirmaba «que en España se estén dando ahora mismo las circunstancias que exigen esos cambios constitucionales».