La Guardia Civil investiga chats de escolares con intercambio de imágenes sexuales y de violencia en Cantabria

El curso ha empezado revuelto en un colegio concertado de El Astillero, con dos denuncias ante la Guardia Civil. Una de ellas, además, con varias aristas, porque una madre descubrió al revisar el móvil de su hijo de 14 años que en varios grupos de WhatsApp se habían difundido fotos y vídeos de pornografía infantil y violencia extrema (y ambos mezclados). También se enteró de que el adolescente estaba siendo acosado por compañeros de clase con insultos de índole sexual y con alusiones para menoscabar su autestima. Supuestamente los mismos acosadores y distribuidores del porno habían incluido a esta víctima en otro chat -sin el consentimiento del chico- en el que había adultos sin identificar que le habrían hecho insinuaciones de connotación sexual.

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Además, se ha cursado otra segunda denuncia. En ésta se acusa al escolar 'conflictivo' de haber amenazado a una compañera de clase por haber expresado su rechazo a los vídeos dentro del chat colectivo creado, en teoría, para intercambiar informaciones sobre cuestiones prácticas del curso entre los alumnos de una de las clases de 4º de la ESO del colegio concertado San José. Las amenazas se las hizo llegar 'por privado' a una amiga: «El año es muy largo», les hizo ver.

Ambas -hechas oficiales en el cuartel de la Guardia Civil de El Astillero- están siendo investigadas por dos unidades de la Comandancia de Cantabria (los especialistas en delitos telemáticos y los de delitos contra las personas). También lo estarán por la dirección del centro, que este viernes pasado solo tenía conocimiento de una de las dos. El San José dará mañana, lunes, por abierto un procedimiento interno con asesoramiento de la Inspección de Educación.

Existe e una «inquietud inmensa» entre los padres y madres que están al tanto del asunto y que han visto los vídeos, las fotos y los 'stickers' en los móviles de sus vástagos debido a su contenido «absolutamente brutal». «Estamos hablando de pedofilia en su peor versión» y de que las piezas habrían llegado a los 24 integrantes de todo un aula donde las edades están en los 14-15 años. «Pornografía infantil, zoofilia y violencia extrema», se dice en la declaración realizada en el cuartel el pasado 7 de septiembre, justo un día antes del comienzo del nuevo ciclo lectivo.

La fecha es importante. Según las fuentes, el que estos hechos se pusieran en conocimiento de las fuerzas del orden antes de que arrancara el curso habría servido al director del centro, Miguel Ángel Lavín, para responder al principio que no se podían tomar medidas contra quienes han difundido esas imágenes en un chat «de clase» por haberlo hecho fuera del tempus académico.

No lo ven así en el AMPA, desde donde se ha enviado una carta a la dirección del colegio para pedir que se avise a todas las familias de 4º de la ESO de lo que ha pasado, para quejarse de que no se ha constituido el grupo de convivencia (en el que teóricamente se tratarían estos asuntos) y de que no se está aplicando el reglamento interno. La falta de acción «deja desprotegidos a los menores, incluido al alumno» o alumnos que han estado distribuyendo esos contenidos, lamentaba la Asociación de Madres y Padres en su misiva. Por eso ha pedido que se actúe «con contundencia» y con rapidez.

El director del San José ha reconocido que en el centro -perteneciente a las Hijas de la Caridad- están «muy preocupados» y que se han puesto manos a la obra con el asesoramiento de la Inspección de Educación, con cuyo respaldo se ha iniciado «un procedimiento ordinario» de investigación, tal como regula la Consejería de Educación. Lavín es consciente de que existe alarma en El Astillero entre las familias afectadas, pero al tiempo defiende los pasos que ha dado hasta ahora: ya se ha designado un instructor (un profesor del colegio) para tramitar el asunto. Según asegura, la Inspección no le instó a alertar a todas las familias de 4º de la ESO. «Esto es tan sensible, tan peliagudo y serio que no tomaremos ninguna decisión sin el respaldo de Educación».

El pasado viernes, Lavín aún no había visto las pruebas aportadas por las familias y remarcó su desazón porque el centro ha estado tres meses sin saber de sus estudiantes (en referencia al periodo de vacaciones estival) y ahora se encuentra con este problema. Igualmente, pidió que «no se pongan etiquetas a nadie, porque todos son menores».

La Consejería de Educación confirmó que está informada de lo ocurrido. Su papel, a partir de ahora, es supervisar que el colegio lleva a cabo la investigación. «se han tomado medidas cautelares para que no haya conflicto» entre los alumnos y para que «los profesores estén pendientes», sostuvo una portavoz.

Desde la Guardia Civil el mutismo es total como siempre que una investigación involucra a menores de 18 años. De oficio, los investigadores tienen que comunicar el caso a la Fiscalía de Menores.

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