Encarni Iglesias, presidenta de Stop Violencia Digital: «Necesitamos juzgados rápidos de delitos digitales. Hay un aluvión»

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Javier Palomo

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Desde hace un año, entidades como esta alertan de que la inteligencia artificial ha venido a agigantar el poder de los ciberdelincuentes. La batalla de las Fuerzas de Seguridad aún resulta más descompensada con esa herramienta a merced del malhechor, al enfrentarse no solo a lo real, sino a un delito mucho más rápido, la falsificación de la imagen con índole sexual. Ante esta rapidez del mal, Iglesias reclama la celeridad del bien: más juzgados y más rápidos. «Se está tardando dos años en resolver algo como lo de Almendralejo«, censura y hay personas «sufriendo mucho» sus efectos.

La presidenta de Stop Violencia Digital sospecha que ahora, con la mediatización, se destapará una bolsa de casos que siguen ocultos. «Para bien, y para mal -apunta a ABC- porque al tiempo que dar publicidad a lo que le ha ocurrido a 22 jóvenes en la localidad extremeña anima a la denuncia, invita a otros jóvenes a emular ese borrado digital de la ropa de conocidas suyas« y empezar de nuevo el ciclo.

En Almendralejo había jóvenes padeciendo que se jugase con su reputación desde junio. «Hay muchas veces que quiero tirar la toalla porque cuesta un mundo que denuncien. Es un tema básico, este acoso es violencia», afirma Iglesias. Esta mujer decidió hace ocho años fundar la primera asociación en nuestro país que reivindicó eso precisamente, que el hostigamiento a través del móvil y de redes también es una forma de violencia. Rompió moldes al remarcar, por ejemplo, que cuando el agresor con una orden de alejamiento da un 'like' a su maltratada está quebrantando esa orden. Muchos la oían con resistencias y hoy participa en un congreso en Bilbao sobre ciberseguridad en el que, junto a fiscales y empresas de 'software', formará a policías para perseguir estos comportamientos indeseados.

Para su desgracia, durante el tiempo de vida de la asociación -consensúa- la legislación ha cambiado, ha avanzado, pero la pega es que «el Poder Judicial va por detrás de internet y cuando se saca una ley para juzgar un delito, hay ocho delitos informáticos nuevos». Lo que sí se ha modificado mucho en estos años es el volumen de casos que llegan a la entidad, que «se ha disparado», así como el perfil de las víctimas. Según la ONU, el 90% de quienes sufren los delitos de 'pornografía sintética', 'sextorsión' y difusión de imágenes sexuales no consentidas son mujeres; pero en España, ellos están subiendo muchas posiciones, son el 30%. Según las encuestas de Stop Violencia Digital, el 51,56% de las mujeres se han sentido acosadas por un medio digital; el 48,44% de los hombres.

«Desde la pandemia hemos acelerado demasiado; estos delitos se han multiplicado por ocho o por diez. Hay un sector especialmente problemático y son mujeres de 50-60 años cuyos hijos se van de casa y se quedan con el ordenador y el móvil. Tenemos muchísimos casos de estafadas, extorsionadas...«, detalla la presidenta.

En una sociedad donde el primer acceso a la pornografía se produce a los 8 años como edad promedio, Iglesias no cree que la culpabilidad deba recaer sobre los jóvenes; hay que impartir mucha educación sexual, la sexualidad no es un tabú». Tanto si la imagen es real como distorsionada, «su difusión hace daño, pero hay que educar en que un desnudo al final no puede servir para que te chantajeen toda una vida».

A diferencia del jefe de Protección al Menor de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, Javier Izquierdo de la Rosa, que informó el miércoles de que los montajes que sean «realistas» pueden llegar a ser un delito de pornografía infantil, Iglesias consid era que dependerá del criterio del juez y «no todos lo ven así».

«En el caso de Almendralejo, con fotos movidas y cabezas mal encajadas en el cuerpo, ese realismo no se da, se puede quedar en nada. No es segura la pena».