Bustinduy, a ABC: «La crianza no es un asunto privado y debe ser costeada por todos»

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El responsable de la cartera social ha tomado prestado un cálculo realizado por la profesora de Economía Olga Cantó, de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid (UAH), y cree que es posible atajar nada menos que a la mitad la tasa de pobreza infantil en el país, la segunda más alta de los Veintisiete solo por detrás de Rumanía. Además, bonificar a todos los padres por la crianza «reduciría un 40% la intensidad de la pobreza a la otra mitad», repite del mismo estudio el ministro. La medida que agita con más fuerza Sumar desde hace unas semanas no sería un cheque-bebé por nacimiento, la formación magenta quiere extender la ayuda desde los 0 años hasta la mayoría de edad.

Lo percibirían los padres por cada hijo (600 euros mensuales si tienen tres) y costaría a las arcas públicas unos 20.600 millones de euros, siempre según los cálculos que hace el departamento de Derechos Sociales. Bustinduy confirma a ABC que a partir del lunes, cuando pasen las europeas y todo el Gobierno se avenga a negociar las cuentas generales del Estado (PGE) para 2025, va a ser la máxima prioridad de los de Yolanda Díaz.

Y es que la dirigente ferrolana volvió a lanzar la idea en un acto preelectoral a comienzos de mayo. Al día siguiente, el ministro del ramo repitió el compromiso que adquirió su partido al negociar la investidura con el PSOE. Ahora confirma que es irrenunciable y que presionarán para lograr esta exigencia. «Cuando lo hagamos, veremos los resultados y nos lamentaremos de no haberlo hecho antes», augura Bustinduy. «No podemos esperar más».

¿Pero, por qué libra ahora esa batalla? ¿Toca, o es por rédito en las urnas, sabedor de que es una medida muy popular entre los adultos-votantes españoles? El mismo ministro se quejó el pasado martes en el Senado de que la ley de Familias lleva estancada desde que la presentara en La Moncloa en febrero y culpó al «constante ciclo electoral en el que estamos» inmersos de paralizar por completo la agenda social prometida. Bustinduy asumió su frustración por que no cristalice ninguna medida: ni el permiso de paternidad ampliado a 20 semanas ni los mecanismos para activar el permiso parental retribuido de ocho semanas para el cuidado de hijos menores de 8 años cuyo plazo expira en agosto por imposición europea.

El político madrileño no ocultó tampoco, a preguntas del senador bildutarra Josu Estarrona, que Sumar lo fía todo a materializar dos iniciativas. Una es ese permiso parental retribuido que comenzará pagando el Estado (cuatro semanas) y se irá ampliando a lo largo de la legislatura (hasta ocho). Y la segunda es esta prestación universal por crianza que Sumar daba por hecha ya para este ejercicio, aunque Pedro Sánchez decidió que «decayesen» los PGE «ante el desacuerdo explícito de Yolanda Díaz». Desempolvar esas propuestas a partir del 10-J, reconoció Bustinduy, es una obligación porque si no «el Gobierno carecería de sentido».

La propuesta estrella de la prestación por crianza no es nueva ni es suya. El ministro lleva meses escuchando a responsables de la Plataforma por la Infancia (que agrupa a 70 ONG como Save the Children) señalar la imperiosa necesidad de que España deje de batir plusmarcas en pobreza infantil y no clame al progreso si desprotege a las familias y sigue siendo un islote en Europa en este asunto. «Alemania, Austria, Holanda, Irlanda y Suecia tienen prestaciones universales o 'cuasi-universales' y, según Unicef, son los que han conseguido reducir la pobreza infantil de manera más efectiva», cita el ministro.

Con la ayuda se pretende, en lenguaje propio de Sumar, «redistribuir la riqueza, reducir las desigualdades y garantizar unas condiciones mínimas de bienestar para las mayorías trabajadoras en este país».

Para el ministro, la crianza no debe ser un oficio costeado en la esfera individual de las personas. «Nosotros consideramos que es importante que los poderes públicos reconozcan que los gastos que ocasiona la crianza no son un asunto privado, sino que la sociedad en su conjunto hace un esfuerzo para que todos los niños tengan sus necesidades básicas satisfechas independientemente de la familia en que hayan nacido», dice. Confía en que esto no suponga un punto de fricción con el PSOE.

Se trata, aduce, de saldar una «deuda democrática con las familias», tal y como dijo a comienzos de mayo, y dejar por tanto que sea el Estado quien alivie esa carga. A razón de 20.600 millones de euros, calcula su gabinete.

Los números se pueden ver con distintas ópticas. Los expertos que trabajan en su ministerio para esta medida hablan de que las arcas públicas se gastan en «infancia» 8.700 millones (en bonificar los 100 euros que se ingresan durante 36 meses en la cuenta de los padres, además de las deducciones por descendientes del IRPF y el Complemento de Ayuda para la Infancia dentro del Ingreso Mínimo Vital). Fuentes de la cartera que antes ocupó Ione Belarra y antes Pablo Iglesias destacan que «el coste neto, absorbiendo partidas que ya existen, sería de 13.000 millones». Esta cantidad no supone el 1% del PIB, que es la brecha que España tiene respecto a la UE en su inversión media en familias. El ministro asevera que el objetivo final sería ese, aunque no se haría de golpe, sino «con un incremento progresivo por tramos de edad».

En la actualidad, algunas de las ayudas existentes solo se entregan como deducciones en el IRPF, lo que hace que las rentas más bajas no tengan acceso; en el caso de la promesa de Bustinduy, «llegará a todo el mundo, mediante una prestación directa sin obstáculos burocráticos».

En sus declaraciones a este diario, el ministro continúa: «España todavía tiene un diferencial de cuatro puntos con la UE en la ratio de ingresos públicos sobre PIB, por lo que hay margen fiscal suficiente para conseguirlo. En el acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar hay líneas específicas para lograr una reforma fiscal progresiva que nos permita financiar este objetivo». Y repite: «Esa es la clave: no se trata de una ayuda que suponga trabas y estigmas para las personas vulnerables, sino un derecho social que percibirá todo el mundo, y que debe ser financiado por quienes más tienen».