La desigualdad en España «es mayor cuanto más tamaño tiene el municipio»

Ocho de cada diez personas en España, concretamente el 81,4%, consideran que en el país «existe desigualdad» y el 47% cree que esta es «muy notable». Por regiones, se observan niveles «sensiblemente superiores a la media» en Madrid, el litoral mediterráneo y las islas.

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ABC

Así lo desvela el 'VI Informe sobre la Desigualdad en España 2024' presentado este martes por la Fundación Alternativas y en el que, en colaboración con la Fundación 1º de Mayo (CCOO) y Oxfam Intermón, así como el Consejo Económico y Social de España, aborda, desde un «énfasis» en la perspectiva territorial, el análisis de los «efectos» sobre la desigualdad y la pobreza «provocados« por las transiciones demográfica, climática y digital, tal y como se puso de manifiesto en el acto de presentación del documento.

Según la Fundación Alternativas, la opinión «más compartida» es que los cambios producidos de manera simultánea por el envejecimiento de la población, la transición climática y la transformación digital «van a afectar de manera notable a las desigualdades interterritoriales e interpersonales del país».

«En consecuencia, el trabajo propone una reflexión enfocada en las políticas públicas para acometer estos retos y ofrece una serie de recomendaciones que permiten avanzar en el conocimiento de los efectos de las transformaciones en marcha y de las que habrán de producirse en el futuro», apostilla.

A este respecto, el documento advierte de que las transiciones demográfica, climática y digital van a «generar cambios pronunciados» que van a «afectar de forma significativa» a los ciudadanos, los sectores de actividad y los territorios, con «efectos posiblemente negativos sobre las desigualdades», tanto desde una perspectiva territorial como personal.

En este sentido, aboga por «conocer en profundidad» esas consecuencias con el fin de articular las «políticas necesarias» que «garanticen» la «limitación de las desigualdades» y que permitan «avanzar en su disminución y convertir las transiciones en ventanas de oportunidad para asegurar el bienestar de las personas y un crecimiento económico sostenible y equilibrado», teniendo en cuenta, además, que los territorios y la localización de las personas en ellos «se ven directamente afectados por los cambios».

Asimismo, el documento recuerda que el crecimiento de la urbanización y el despoblamiento de muchas áreas rurales son «tendencias mantenidas en el tiempo», en gran medida «fortalecidas» por las transiciones y «difícilmente reversibles» y advierte de que los problemas asociados al cambio climático pueden «estimular esas tendencias, así como los procesos de innovación y de cambio tecnológico».

Por ello, el trabajo de la Fundación Alternativas propone «reorientar hasta donde sea posible» los recursos públicos vinculados al Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia para «asegurar» que estos «llegan en cantidades suficientes a los diferentes territorios», evitando la «concentración» de los mismos en las grandes ciudades, como, a su entender, «parece estar sucediendo ahora».

Además, confirma que la desigualdad «es mayor cuanto mayor es el tamaño del municipio» y que una de las «variables» que «más explica» esa relación es la «presencia de población inmigrante, mayor en los grandes núcleos urbanos».

«La recomposición de la población a la que dan lugar estos flujos ha estado asociada a cambios en las diferencias en la remuneración por niveles de cualificación», apostilló la fundación, cuyo análisis también permite «identificar con mayor nitidez» la «concentración espacial» de la desigualdad, con niveles «sensiblemente superiores a la media» en Madrid, el litoral mediterráneo y las islas.

Junto a ello, reseñó que casi el 60% de la población opina que la desigualdad en el mundo ha «aumentado en las últimas décadas», siendo esta percepción «más común» entre las personas de mayor edad.

Por su parte, considera que las políticas natalistas que «trasladan» la «responsabilidad» a las jóvenes son «ineficientes y resultan frustrantes» y los calendarios de maternidad tardía en todo el territorio «harían recomendable la ampliación de las políticas públicas de fertilidad asistida y su accesibilidad territorial».

En este punto, asevera que el crecimiento demográfico «no dependerá de la reproducción, sino de la migración». Por ello, a juicio de la fundación, las políticas migratorias deben tener una «relevancia creciente, destinadas a facilitar la integración y la permanencia de la población inmigrante en el territorio y muy especialmente aquellas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades de la segunda generación».

«Estas políticas de integración son especialmente relevantes en los pequeños y medianos municipios de la costa mediterránea y los archipiélagos», sentenció la fundación.

Por otro lado, estimó que las políticas y planes de prevención, respuesta, adaptación y resiliencia socioeconómica «deberían incorporar medidas de resiliencia justa ante el calentamiento global y juzgó «recomendable centrarse prioritariamente» en la «gestión del riesgo de desastres en vez de en la gestión de los propios desastres», actuando «preventivamente» para «disminuir» dichos riesgos, así como «evitando la aparición de nuevos riesgos y reforzando la resiliencia» ante los mismos.

Fomentar la equidad territorial en la digitalización, asignar «estratégicamente» los fondos Next Generation, potenciar los sectores menos digitalizados, invertir más en capital digital, impulsar a la I+D+i+d en todas las regiones y monitorear y evaluar la distribución de los fondos NGEU son otras de las medidas que el informe de la Fundación Alternativas sugiere en la lucha contra la desigualdades.

Asimismo, también ve necesario «reforzar» las políticas de carácter redistributivo, como las políticas de infraestructuras y de comunicación digital, para que «garanticen la conexión y el acceso a servicios en los distintos territorios», mientras que las políticas sectoriales también tendrían, a su entender, un «papel relevante» que «respalde las inversiones y el desarrollo de un tejido industrial diversificado».

El trabajo también plantea una «transición proactiva» para la economía del país que permita a las comunidades desarrollar medios de vida sostenibles y autosuficientes «sin una excesiva dependencia del turismo».

En este sentido, contemplan la reducción de la producción y consumo como una «necesidad ante el futuro» de escasez que conlleva el cambio climático y apuestan por aplicar el decrecimiento a un «sector tan depredador de recursos como es el turismo».

«Es necesario reevaluar la importancia del turismo frente a un futuro de escasez y cambio climático y, en línea con este planteamiento, adaptar de forma urgente los sectores agrícolas y alimentarios para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades», resuelve el informe.