Alegría atiza el fuego: «No compartimos el sistema de compensación de la Iglesia porque no es vinculante ni cuenta con la participación de las víctimas»

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha sido la encargada hoy de poner voz al real decreto de apoyo y reconocimiento de víctimas de delitos sexuales que ayer trasladó el responsable de la Presidencia, Félix Bolaños, a asociaciones de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Alegría no ha desarrollado esta norma, porque es bien conocida desde la aprobación de la 'ley del solo sí es sí' en octubre de 2022. Y es que el reconocimiento del estatus de la víctima de delitos y agresiones sexuales y su indemnización en caso de ser una persona vulnerable se quedó sin desarrollar en aquella norma.

La ministra solo se ha detenido en explicar que las víctimas que no cuenten con recursos suficientes obtendrán un subsidio similar al del paro, unos 500 euros, durante 6 meses, prorrogrables hasta los 18 meses. "Estamos hablando de víctimas que acrediten una insuficiencia de recursos económicosmenores al salario mínimo interprofesional", ha apuntado.

En su artículo 41, la Ley reconoce el derecho de las víctimas de violencias sexuales a percibir una ayuda económica cuando quede acreditada la condición de víctima de violencia sexual e insuficiencia de medios económicos. El objetivo es garantizar su autonomía económica y facilitar así la recuperación integral de las víctimas más vulnerables.

El Real Decreto establece que las ayudas se destinarán tanto a las mujeres como a los niños víctimas de violencia sexual. Además, determina los medios para acreditar la condición de víctima, más allá del ámbito estrictamente judicial: una sentencia condenatoria, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar; un informe del Ministerio Fiscal; un informe de los servicios sociales; un informe de servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género; un informe de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencias sexuales de la administración pública competente o de la Inspección de Trabajo así como de la Seguridad Social y una sentencia de la jurisdicción de lo social.

En el caso de las víctimas de trata bastará con una acreditación de los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas. Por otra parte, en el caso de menores de edad, también será posible acreditar la situación de víctima de violencia sexual con documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.

Las víctimas contarán con un periodo de cinco años para poder solicitar la ayuda y ésta se podrá solicitar en diferentes ocasiones a lo largo de la vida si se vuelve a ser víctima de violencia sexual.

Ana Redondo, responsable ahora de Igualdad, que heredó la norma de la ley de Garantía Sexual que aprobó Irene Montero, ya anunció el pasado invierno que este real decreto estaba siendo desarrollado en connivencia con Interior y Justicia. El 'superministro' de Justicia y Presidencia adelantó ayer a las asociaciones de víctimas de la Iglesia un extracto de esta norma, que en realidad lleva año y medio aprobada.

Preguntada Alegría por esta norma y también por la contraprogramación del ministro Bolaños a la presentación hoy de los obispos de su plan de reparación (el llamado plan Priva), la ministra portavoz ha preferido reseñar que el Gobierno pide el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, realizado sobre las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

Alegría pide que se cumpla ese informe porque «es obligatorio, no voluntario», como el Priva de la Iglesia, un dato curioso cuando el Gobierno no ha querido llevar ese informe a las Cortes sabedor de que no obtendría mayoría para respaldarlo. Gabilondo lleva reclamando la aprobación de su informe -presentado el pasado mes de noviembre a la presidenta del Congreso, Francina Armengol- para dar «carpetazo» a este asunto.

«No compartimos el sistema de compensación de la Iglesia a las víctimas porque no es vinculante y no ha tenido en cuenta la mayor participación de las víctimas«, ha subrayado Pilar Alegría. El propio Ejecutivo, ha recordado, »trasladó el informe elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo a las asociaciones de víctimas« y es el documento que quiere seguir a pies juntillas el Gobierno pese a no contar con el respaldo parlamentario todavía.

A Alegría también le han preguntado los informadores en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros si ve factible la renovación del Pacto de Estado para la Violencia de Género. Alegría ha pedido al PP de Alberto Núñez Feijóo que rompa con un partido negacionista de la misma, como es Vox. El Ejecutivo ha aprovechado dos asuntos -el reparto de menas o menores inmigrantes llegados a Canarias entre las autonomías y los últimos datos de repunte de violencia machista en nuestro país, por los que son ya 21 las mujeres asesinadas este año 2024, confirmados los dos últimos crímenes por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en Villena (Alicante) y en Antequera (Málaga)- para pedir a Feijóo la ruptura de sus pactos en cinco autonomías y 140 ayuntamientos donde gobierna, ha dicho Alegría, con «la ultraderecha negacionista y extremista».

El Pacto de Estado contra la violencia de género incluye más de 200 medidas consensuadas entre las fuerzas políticas que forman parte de él y que busca mejorar el combate contra la violencia machista.