Bolaños contraprograma a la Iglesia con un decreto sobre delitos sexuales

Se trata de un nuevo episodio de la guerra que Iglesia y Gobierno llevan librando a cuenta de la reparación a víctimas y que se ha recrudecido en el último fin de semana, con la convocatoria en Moncloa de esa reunión urgente y «discreta» a los representantes de las asociaciones de víctimas. Un encuentro, que ayer, se saldó con una sobria participación –estaban representadas siete entidades–, una política de hechos consumados –el ministerio envió la nota de prensa una hora antes de que acabara el encuentro– y un mensaje muy directo del ministro, además del anuncio del Real Decreto: «El Gobierno no aceptará en ninguna circunstancia un sistema unilateral como el propuesto [por la Iglesia] y que no se ha transmitido en ningún momento al Ejecutivo».

Según ha manifestó Bolaños, «el plan de la Iglesia no cuenta con presencia de las víctimas, no es obligatorio para las diócesis y sus resoluciones no tienen carácter vinculante, por lo que no se garantiza en ningún momento la reparación», una descripción muy ajustada si se tiene en cuenta que antes había manifestado que «no había sido transmitido al Ejecutivo». Se refiere Bolaños al 'Plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales a menores y personas equiparadas en derecho' (Priva) que se aprobará en la Asamblea Plenaria extraordinaria que la Conferencia Episcopal ha convocado para hoy.

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Lejos de la posición eclesial, Félix Bolaños se situó al lado de las asociaciones presentes al afirmarles que «ha costado mucho que las víctimas consigáis que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se os garantice una reparación adecuada». «El Gobierno estará a vuestro lado», añadía Bolaños según la nota de prensa del ministerio.

Un «estar a vuestro lado» que fue seguido por el anuncio de que el Consejo de Ministros de hoy aprobará un Real Decreto con «medidas de protección para víctimas de abusos sexuales». Una coincidencia que hizo dudar a los presentes. Algunos interpretaron que se refería a los abusos en el seno de la Iglesia, otros que era más genérico. En todo caso, fuentes del Ministerio confirmaron a ABC que está dirigido «a víctimas de delitos sexuales» y que «nada tiene que ver con la Iglesia», aunque sí coincide en el tiempo y será presentado a la vez.

Bolaños también explicó a las asociaciones que «durante los últimos meses el ministerio ha estado en contacto con la CEE para negociar un sistema de reparación para aquellos casos donde las acciones judiciales han prescrito». También añadía que esa fórmula de reparación se haría «de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el Informe del Defensor del Pueblo, que consisten en la creación de un órgano mixto entre Iglesia y Estado».

Pero, según ha podido conocer ABC, sólo ha habido dos reuniones en las que se ha hablado de la cuestión de abusos. La primera, fue el «encuentro cordial» del 18 de abril en el que el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal se presentó al ministro. En aquel momento, Bolaños, anticipó a los obispos su intención de avanzar en una línea de colaboración en ese sentido.

Sin embargo, cinco días después, el 23, el Gobierno se descolgaba, de forma unilateral, con su plan de indemnización, aprobado en el Consejo de Ministros. Los obispos consideraron que «el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado». A pesar de ello, ambas partes volvieron a encontrarse el 3 de junio, en una «reunión técnica», para tratar la cuestión. El 27 de junio, cuando ya era público que la Iglesia tenía previsto aprobar el Priva en los primeros días de julio, Bolaños reclamó a la Conferencia Episcopal a otra reunión «para alcanzar un acuerdo». Los obispos se mostraron dispuestos a ello, pero a partir del 10 de julio, cuando ya tuvieran aprobado su plan de reparación.

En todo caso, el Gobierno insiste en que su planteamiento está basado en las «recomendaciones del Defensor del Pueblo», cuando no es totalmente cierto. Primero, porque Ángel Gabilondo, a pesar de haberlo reclamado en varias ocasiones, todavía no ha comparecido ante el Congreso para presentar su informe y que sea la Cámara quien decida por dónde se debe continuar. El Gobierno se ha saltado ese paso, sabedor de que no cuenta con una mayoría parlamentaria que respalde su posición.

Y segundo, porque el Defensor del Pueblo, en las recomendaciones, establece la creación de un «órgano independiente» –y no un «órgano mixto Iglesia-Estado» como sostiene Bolaños–, para la reparación de las víctimas que no tienen la posibilidad de acudir a un proceso penal. La recomendación plantea la exigencia de la colaboración de la Iglesia «de modo que esta asuma el compromiso de hacerse cargo» de las compensaciones, aunque también prevé una alternativa «en caso de no colaboración de la Iglesia» que pasaría por reconocer «la condición de víctima».

Además, el Informe del Defensor del Pueblo explica que «tanto si se configura un modelo mixto entre Iglesia y Estado como si se opta por un sistema administrativo de reconocimiento y reparación, el órgano debería incluir la competencia de acordar compensaciones conforme a un baremo». «Cualquiera de las opciones mencionadas requeriría una ley específica», aclara el Informe, un paso que Bolaños parece no haber tenido en cuenta.

«Para finalizar –afirmaba la nota de prensa del ministerio publicada una hora antes de que acabara la reunión– el ministro reiteraba que se seguirá dirigiendo a la CEE para negociar un sistema de reparación acordado entre Iglesia y Estado que vincule a la Iglesia, cuente con la participación y la aprobación de las víctimas, genere un entorno seguro y de confianza para plantear sus casos, actúe con criterios transparentes, esté integrado por profesionales independientes y compense adecuadamente a las víctimas de los abusos a cargo de la propia Iglesia».

Sin embargo las víctimas se sienten utilizadas por ambas partes. «No tiene sentido que hayan realizado reuniones bilaterales y hayan sacado de la ecuación a las víctimas», lamentaba Manuel Barbero, responsable de Mans Petites, al finalizar la reunión con Bolaños. «Somos las víctimas quienes debemos mostrar a la Iglesia y al Estado cuál es el camino, si no cada uno va por su lado y los perjudicados siempre somos nosotros».

Más optimista se mostraba Juan Cuatrecasas, representante de Infancia Robada y Justice Initiative España, quien sostenía a este diario que «a día de hoy estamos en más sintonía con lo que hemos escuchado del Gobierno que con lo ha trascendido de la Iglesia». Cuatrecasas, padre de un joven abusado en el colegio Gaztelueta de Bilbao, regido por el Opus Dei, fue diputado del PSOE en la anterior legislatura y es uno de los promotores de la PNL que le encomendó al Defensor del Pueblo la realización de su Informe.

Por otro lado, Laura Cuevas, presidenta de Lulacris, una asociación más enfocada a los abusos en el ámbito intrafamiliar, aprovechó la oportunidad para hablarle de esta realidad al ministro. «Le he explicado que hay que sacar a la luz los abusos a menores en el seno de la familia, que son más del ochenta por ciento de los que se producen. Parece una cuestión tabú, pero hay que darle la importancia que tiene, tanto educacional, a nivel legislativo y para la propia familia». «Me ha contestado que hoy estábamos ahí por los abusos en la Iglesia, pero que no descarta la cuestión y es algo que están mirando», ha explicado Cuevas a este diario.