Más de 80 millones para renovar la imagen de los juzgados de Sevilla

La Junta de Andalucía, con Juan Marín primero y ahora con José Antonio Nieto al frente de las competencias de Justicia en la Administración autonómica, en los últimos cinco años ha desarrollado una política clara por mejorar las infraestructuras en este ámbito. La actuación estrella, por su dimensión económica y social, ha sido la Ciudad de la Justicia de la capital, que ya ha echado a andar en Palmas Altas, donde los juzgados de lo Mercantil y lo Contencioso-Administrativo ya desarrollan su actividad.

Este proyecto, impulsado en la anterior legislatura, con el gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta, supuso la adquisición por 70,6 millones de euros (impuestos incluidos) de la sede de la multinacional Abengoa en el complejo de Palmas Altas, así como dos solares adyacentes, donde se levantarán dos edificios de nueva planta para albergar, previsiblemente, la Audiencia Provincial de Sevilla. Las obras de adecuación, mobiliario y mudanza han supuesto 1,2 millones de euros. El horizonte marcado, a priori, para que toda la planta judicial de la capital ofrezca servicio en esta área al Sur de la ciudad está en 2028.

Sin embargo, desde el departamento de José Antonio Nieto no se ha querido focalizar el plan de infraestructuras meramente en la capital, sino que desde el primer momento se está trabajando con la vista puesta en los otros catorces partidos judiciales. Así, en año y medio ha mantenido reuniones con la mayoría de alcaldes de municipios cabeza de partido judicial, salvo con los de Morón de la Frontera y Lebrija, que albergan las sedes más recientes de la provincia, y Cazalla, que se ha convertido en el próximo objetivo a eliminar del obsoleto mapa de las sedes judiciales en los pueblos.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Administración Pública ha diseñado un Plan de Infraestructuras, a desarrollar hasta 2030, en el que se contemplan desde obras menores, como puedan ser mejoras de climatización, hasta la construcción de nuevas sedes.

No obstante, las actuaciones para mejorar una planta judicial vieja y, en algunos casos, casi tercermundista arrancaron antes de 2023. Los últimos anuncios realizados por el consejero José Antonio Nieto se han producido en las tres últimas semanas y hacen referencia a Carmona, Dos Hermanas y Osuna. Pero las actuaciones o los acuerdos para futuras intervenciones también han llegado a Sanlúcar la Mayor, Lebrija, Coria del Río, Marchena, Alcalá de Guadaíra y Estepa.

La inversión en Sanlúcar la Mayor, que ascendía por encima de los 1,4 millones, en obras y cuatro años de alquiler, servían para que este partido judicial contara con una segunda sede en la avenida de Doblas. Atrás quedaban las caracolas prefabricadas. Allí están desde noviembre de 2019 los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1 y 3, salas de esperas para testigos, espacios para los colegios de Abogados y Procuradores, Registro Civil, sala de vista y una sala Gesell.

La Consejería quiere dar un paso más en este partido judicial. El Plan de Infraestructuras 2023-2030 contempla como fundamental la colaboración pública-pública, esto es, entre administraciones, tanto con ayuntamientos como diputaciones. En este sentido, el equipo de José Antonio Nieto ha propuesto a la Diputación de Sevilla una actuación conjunta para levantar una sede judicial en Sanlúcar que unifique todos los órganos bajo un mismo techo. Aún no hay respuesta desde organismo provincial.

Los juzgados de Marchena eran «los peores de la provincia». Así lo calificaban siempre desde los sindicatos sectoriales. Aunque sea una solución provisional y una sede 'puente', una inversión de casi medio millón de euros permite, desde el segundo semestre de 2023, dejar atrás los antiguos juzgados y pasar a un edificio alquilado durante cuatro años, donde han tenido que hacer obras de adecuación para todos los servicios de la Administración de Justicia en este partido. Lo próximo es alquilar un segundo edificio para servicios complementarios como calabozos, aparcamientos o archivos, así como dependencias, abogados y procuradores y una sala de videoconferencias. Mientras tanto, se busca una ubicación definitiva.

En diciembre de 2020, el entonces consejero de Justicia, Juan Marín, inauguraba la nueva sede judicial de Lebrija. Costó más de un millón de euros la adquisición del edificio y las obras que se llevaron a cabo. Más de mil metros cuadrados construidos para albergar los dos juzgados.

Desde mayo del año pasado los juzgados de Coria del Río, con una sobrecarga de trabajo «importante», según el propio José Antonio Nieto, cuentan con casi 600 metros cuadrados más con el alquiler de la segunda planta de la sede actual, donde se ha ubicado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 con competencias en Violencia contra la Mujer, al que se ha dotado de una sala de atención a las víctimas e incorporará una Sala Gesell. Está actuación de la Junta supuso más de 20.000 en euros en obras de adecuación y mobiliario y el aumento del alquiler en un coste anual de 59.052,84 euros, que pasa a 170.885,26 euros al año.

La actuación más destacada prevista por la Consejería de Justicia es la que va a acometer en Osuna, donde la inversión superará los seis millones de euros. Supondrá la rehabilitación del Palacio de los Cepeda, un edificio barroco que perteneció a la familia de Santa Teresa de Jesús. Osuna recuperará así su histórica sede judicial. En 2012, la Junta decidió ubicar los juzgados en una nave en un polígono industrial. Era una medida provisional. Desde junio de 2022, al menos, la Consejería paga un alquiler de cinco mil euros anuales al Ayuntamiento. Esta provisionalidad terminará a finales de 2025.

De otro lado, en los casos de Carmona, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, la Junta ha alcanzado acuerdos con los ayuntamientos para que éstos construyan un edificio nuevo por el que la Administración autonómica pagará un canon o alquiler durante 30 años. La misma fórmula se quiere usar en Estepa, con cuyo Consistorio se está en negociaciones avanzadas para que los juzgados se vayan a un antiguo colegio, que tendrá que ser rehabilitado. En Lora del Río, Utrera y Écija se baraja el mismo escenario. La actual sede en la localidad astigitana, en un palacio mudéjar, es poco operativa, pues cualquier actuación u obra de mejora tiene que pasar por Patrimonio.

El panorama ha cambiado en cinco años, en los que la factura de lo invertido o anunciado supera los 80 millones, unas cifras muy lejos de los cien mil euros que destinó el gobierno socialista en la anterior legislatura a 2018 para una sede provisional en Cazalla. La sede de Morón se inauguró en 2011 tras cuatro millones de euros. Era consejero Luis Pizarro.