La reforma judicial de López Obrador en México avanza entre presiones y protestas

La reforma consiste en endurecer los controles del gobierno sobre jueces y magistrados, revisar sus salarios, fijarles plazos para emitir sentencias y, el punto más crítico, establecer que los jueces sean electos por voto popular, lo cual da por tierra también con la carrera judicial.

López Obrador ha enarbolado la retórica de que el Poder Judicial es corrupto y que por eso la reforma es imprescindible. Aprovecha además la percepción popular que existe en este país de los tribunales: básicamente, que la sentencia depende de cuál de las partes tiene más recursos económicos para, o bien pagarse un abogado competente, o bien sobornar al juez.

La corrupción judicial es algo recurrente y sin llegar a las altas esferas. Los ciudadanos a menudo están expuestos a todo tipo de pedidos de sobornos, ya sea desde agentes policiales hasta los llamados ministerios públicos, que son los primeros agentes judiciales que intervienen en un caso. En esa primera instancia los sobornos pueden oscilar entre los 2000 y los 5000 euros.

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Milton Merlo | Corresponsal en Ciudad de México

Con ese sustrato López Obrador busca cobrar históricas rencillas políticas y extender esa noción a todo el Poder Judicial. Su principal animadversión es para con la Corte Suprema. Un conflicto que viene del 2023, cuando el máximo tribunal decidió que es inconstitucional que la Guardia Nacional, la policía militarizada creada por el presidente, se encuentre bajo mandato de la Secretaría de la Defensa.

La reforma avanza a gran velocidad. Este lunes la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo, aprobó la reforma. Se estima que en septiembre, cuando inicie el nuevo periodo legislativo sea aprobada tanto por el Senado como por los diputados. En septiembre será poco lo que la oposición pueda hacer ya que López Obrador tiene amplia mayoría en ambas cámaras, producto del triunfo arrasador de Sheinbaum que logró 30 puntos de ventaja sobre la candidata opositora Xóchitl Gálvez en las últimas elecciones presidenciales.

De momento, el principal límite a la reforma es financiero. El peso mexicano se ha devaluado frente al dólar porque el público inversor considera que la reforma afecta la seguridad jurídica. En junio un dólar valía 17 pesos mexicanos y esta semana el tipo de cambio se ubica levemente por encima de los 19 pesos. Para los gobiernos mexicanos esta cotización es un tema central. López Obrador suele decir que «un presidente que devalúa es un presidente devaluado».

También se han paralizado los anuncios de nuevas inversiones por parte de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana y las agencias calificadoras están inquietas por el déficit presupuestal que exhiben las finanzas públicas. Un proyecto de Presupuesto 2025 poco confiable podría repercutir en la nota crediticia del país.

En paralelo la tensión con Washington. La semana pasada el embajador estadounidense Ken Salazar advirtió: «Creo que la elección directa de jueves representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción política».

El embajador se encuentra en la misma sintonía que otros actores de la vida pública: el temor a la elección de los jueces es que los cárteles de la droga intervengan en las campañas de los futuros juzgadores y luego estos respondan al crimen organizado.

Salazar históricamente ha sido ameno con López Obrador, lo cual incluso le ha generado fricciones con el secretario de Estado Antony Blinken. Pero la reforma ha abierto un conflicto que muestra una faceta más dura del embajador de Biden.

Por esto último Salazar le pidió a López Obrador analizar la reforma, pero el presidente endureció su postura y dijo que no discutiría con Estados Unidos asuntos de política interna. «Los temas relacionados con México nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que sólo corresponden a los mexicanos», expresó AMLO, quien ayer, en su 'mañanera', anunció una «pausa» en sus relaciones con los embajadores de EE.UU. y Canadá por criticar su reforma judicial: «Tienen que aprender a respetar la soberanía de México».

Este lunes una comitiva de jueces y magistrados mexicanos acudieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington para dar a conocer su postura sobre la reforma judicial y afirmar que el gobierno no tiene pruebas para acusarlos de supuesta corrupción. López Obrador tiene una disputa permanente con dicho roganismo multilateral.

Los cuestionamientos al gobierno mexicano también se han hecho presentes en la prensa de Estados Unidos. El domingo, The Wall Street Journal publicó en un editorial que López Obrador está proponiendo enmiendas constitucionales que violarán el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. «Probablemente no se materialicen los nuevos compromisos financieros de México porque el gobierno discrimina al capital privado», expresó el matutino. En tanto, este lunes The Washington Post señaló que el estado de derecho en México está en peligro y que Estados Unidos hace bien en intervenir.