La trama del caso Koldo, el asesor de Ábalos, generó más de 9,5 millones de euros en comisiones

Todo, en el contexto de una causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción por contratos de compra de mascarillas en abril de 2020, en lo peor de la pandemia de coronavirus. Koldo, como se le conocía en medios políticos y periodísticos, sería el conseguidor de contratos públicos, en una actividad que habría generado 9,5 millones de euros en comisiones fruto de las adjudicaciones, aunque fuentes del caso hablan de hasta 15 millones en total. Asimismo, apuntan a una sociedad, Deluxe Fortune, que habría utilizado para canalizar los pagos.

El origen está en una denuncia que presentó en marzo de 2022 el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, en plena tormenta por una compra de mascarillas en la que había participado un hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Aquello quedó esclarecido sin ningún tipo de responsabilidad penal pero la iniciativa de los populares, que afectaba a 362 millones de euros en compras de material sanitario, siguió adelante. Unos contratos se descartaron por falta de indicios, pero otros no: los realizados por procedimiento de urgencia, negociado y sin publicidad (adjudicación directa) desde el departamento que dirigía Ábalos por la entidad Puertos del Estado (24 millones en mascarillas) y Adif (12,5 millones). Había en la denuncia uno más: 3,5 millones de euros por cuenta del Ministerio del Interior pero la misma adjudicataria.

Se trata de una empresa de Zaragoza denominada Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S. L. cuyo objeto social nada tiene que ver con el material sanitario. En 2019 había ingresado cero euros y en 2020 casi 53 millones. El grueso, procedentes de contratos con administraciones públicas socialistas, como Transportes, pero también con los gobiernos de Baleares y Canarias donde el martes también se produjeron detenciones y registros.

En concreto, estando la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, al frente del Ejecutivo balear, compró material sanitario por importe de 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S. L. Mientras, siendo el ahora ministro de Política Territorial Víctor Torres presidente de Canarias la adjudicación directa lo fue por importe de 4,7 millones. Cabe recordar que el que fue director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, fue cesado en 2022 tras ser imputado por un pelotazo con mascarillas y sigue investigado en un juzgado local, aunque la adjudicataria es otra. Su nombre suena también en el caso Mediador.

Entre los investigados está el administrador único de esta empresa, si bien no es el perfil que más sobresalía en la denuncia. Para los 'populares' la clave estaba en otro de los detenidos en las jornadas del martes y este miércoles, el presidente del Zamora Club de Fútbol Víctor de Aldama. La vinculación que señalaban es triple. Por un lado, este empresario aparecía en el grupo que figuraba con Ábalos cuando, siendo ministro, visitó a un senador en México. La reseña del Senado mexicano le acreditaba como cónsul honorario de España, aunque no consta que lo sea.

Por otra parte, es el titular de un fondo de inversión que a su vez titulariza una empresa que participa de la adjudicataria de aquellos contratos de mascarillas. Por último, su hermano, Rubén, formó parte del equipo de escoltas de José Luis Ábalos, igual que Koldo García, que pasó de prestar servicios de seguridad a ser asesor del ministro y luego, por su designación directa, miembro del Consejo de Administración de Renfe Mercancías. Presumen los denunciantes que fue así como se crearon las relaciones.

La investigación que abrió Anticorrupción a partir de todos estos indicios se convirtió en una querella en la Audiencia Nacional a finales de 2023, fruto además de un análisis patrimonial exhaustivo sobre Koldo García que acabó apuntalando la sospecha de que ha estado manejando fuentes de ingresos más allá de las ganancias que estaba declarando.

Esta semana, cristalizaba la operación policial por la que fueron 20 los detenidos, en una causa que se sigue bajo secreto de sumario y que ha acabado salpicando a más nombres de los que recogía la denuncia del Partido Popular, como la mujer del propio Koldo García, detenida y en libertad en espera de ser citada ante el juez.

Patricia Úriz, que llegó a tener cargo en la ejecutiva del PSOE de Navarra, fue contratada para trabajar como ayudante de Secretaría en el Ministerio de Transportes en 2020, época de las adjudicaciones bajo sospecha. Su cuñado, Joseba García, pasará a disposición del juez previsiblemente este jueves, igual que el exasesor del ministro y otras cuatro personas, de acuerdo con las fuentes consultadas por ABC.

Este miércoles, mientras en dependencias de la UCO se tomaba declaración a distintos cargos de Puertos del Estado y Adif sobre los contratos y sus agentes recababan documentación de estos organismo, Ábalos respondió sobre este asunto en los pasillos del Congreso y en el programa de televisión 'Todo es Mentira', del que es colaborador.

«Me he quedado estupefacto con esto», declaró a los periodistas, para luego desarrollar que había ido perdiendo contacto con Koldo García. Concretó más: habían hablado hacía 15 días y le costaba creer las imputaciones porque consideraba que llevaba una vida modesta, no compatible con el presunto cobro de comisiones millonarias.

Sobre el empresario y supuesto cónsul dijo conocer los términos de la denuncia inicial del PP, pero subrayó que no fue con él a México, sino que estaba allí. Negó, en cualquier caso, haber recibido advertencias desde Moncloa acerca de su asesor de confianza, asunto sobre el que respondía este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Marruecos. Negó tajantemente que la razón del cese de Ábalos en 2021 fuera la actividad por la que ha sido detenido su otrora asesor. «Rotundamente, no».

En Interior, con una contratación bajo sospecha por importe de 3,5 millones de euros, este miércoles defendían que todo el procedimiento fue limpio. Según adelantó eldiario.es y confirmó ABC en fuentes conocedoras del caso, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; y el jefe de la Secretaría de Coordinación y Estudios, -auténtica sala de máquinas del departamento-, José Antonio Rodríguez, prestaron a lo largo de la jornada declaración como testigos ante la Guardia Civil en el propio ministerio. La denuncia, cabe recordar, señalaba que Interior había adquirido las mascarillas a ese proveedor por indicación de Transportes, que ya le habría comprado producto.