El Senado exige el cese del fiscal general del Estado con la abstención de los socios de Pedro Sánchez

El primer revés lo recibió García Ortiz en noviembre, cuando el Alto Tribunal ya deshizo el ascenso de Delgado a fiscal de la Sala de lo Militar del Supremo, al entender que se producía «una desviación de poder visible e innegable».

García Ortiz, además, es el único fiscal general del Estado que ha sido declarado no idóneo para el cargo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con todos estos antecedentes, el PP llevaba una moción a la Cámara Alta este miércoles, en la que pedía al Gobierno el cese del fiscal general del Estado y el nombramiento de alguien «digno» para el puesto.

La senadora popular María Mayo se ha estrenado en la defensa de una moción y, tras decir que no buscaba el ataque personal a García Ortiz, ha subrayado: «Ya se desacredita él solito con sus acciones y con sus omisiones, como no contestar al Senado sobre la amnistía».

Mayo ha recordado el posicionamiento de fiscales y asociaciones contra su jefe, las desautorizaciones del Supremo por su «burdo manoseo» con Delgado, su antigua jefa, así como su «servilismo» al Ejecutivo. «Ante la campaña de desprestigio del 'lawfare', no es que haya estado callado, es que ha mostrado sintonía con los promotores de esa campaña», ha dicho, y ha terminado pidiendo, de paso, el cese del Gobierno entero.

Durante el debate, el PP y el PSOE se han echado en cara el bloqueo del CGPJ, acusándose mutuamente de pretender controlar el órgano de gobierno de los jueces; se han visto posiciones equidistantes, como las del PNV y Junts -ni ERC ni Bildu han intervenido-; y ha habido también quien ha elevado el tono, como la senadora de Sumar Carla Antonelli, que ha acusado a los populares de comportarse como «una banda de matones». El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, ha tenido que pedirle que guardase el debido decoro.

Precisamente Antonelli ha defendido la única enmienda a la moción, para que se pidiese la suspensión de sueldo de los vocales del CGPJ, que ejercen desde hace más de cinco años con el mandato caducado por la falta de acuerdo para su renovación. Rechazada. «A los únicos a los que no les piden el cese es a los vocales del Poder Judicial», le ha dicho al PP, antes de acusar a «la mayoría conservadora de jueces» del CGPJ de dar «un golpe de Estado» al Poder Judicial. «Un órgano que tiene el mandato caducado desde hace más de cinco años, secuestrado por el PP», ha enfatizado Antonelli, quien, en una moción para pedir el cese del fiscal general, una figura que debe ser independiente, ha dejado claro que ella se posiciona «del lado del Gobierno progresista».

Mayo, en respuesta a Antonelli, ha afirmado que esperaría de su señoría «otro talante» y ha reiterado que se pide el cese del fiscal general no ya por el incumplimiento «grave o reiterado» de sus funciones, como especifica la ley, sino por el incumplimiento «grave y reiterado»; ambas a la vez. Ya en el turno de portavoces, al cara a cara entre Mayo y Antonelli le ha sucedido otro entre José María Oleaga (PSOE) y María José Pardo (PP).

El socialista ha despreciado la iniciativa del PP y ha justificado que los populares tienen «inquina» tanto a Delgado como a García Ortiz. A la primera, según él, por haber sido la ministra de Justicia que sacó los restos del dictador Francisco Franco de su «mausoleo». Al segundo, por haber sido en su día el fiscal del caso Prestige. Tras aplaudir los «brillantísimos» currículums de ambos, ha encomendado tres tareas al PP: renovar el CGPJ, respetar al fiscal general del Estado y «abandonar los bulos».

Pardo, sobre el CGPJ, le ha acusado de querer «rebajar las mayorías al estilo de Hugo Chávez», tras haber abierto la puerta el Gobierno a cambiar las necesarias para nombrar a los miembros del órgano de gobierno de los jueces y, con ello, no necesitar al PP para su renovación. Este martes, la Mesa del Congreso calificó una proposición de ley de Podemos en la que se pasa de una mayoría cualificada de tres quintos para designar a los integrantes del CGPJ a, en segunda votación, una absoluta. Esto, de facto, da el control absoluto del órgano al Ejecutivo y sus aliados. «Señorías del PSOE, saquen sus sucias manos de las instituciones y cesen al fiscal general del Estado», ha concluido Pardo.

Antes, se ha producido un valle con las intervenciones de Igotz López (PNV) y de Josep Lluís Cleries (Junts). Los dos han venido a decir que el conflicto con la Fiscalía General del Estado es estructural, y no coyuntural, y que en España hay un problema con su independencia, como denuncian el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y la Comisión de Venecia, así como con la separación de poderes. Los senadores nacionalistas han recordado la frase de Ignacio Cosidó (PP) que desbarató la renovación del CGPJ en 2018, esa en la que presumió de que el nombramiento del juez Manuel Marchena como presidente del órgano les iba a permitir controlar la Sala Segunda del Supremo «desde detrás», y la de Pedro Sánchez en la campaña electoral de noviembre del 2019: «¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está».

Cleries ha aprovechado para meter con calzador la campaña catalana, recordar que Salvador Illa, el candidato del PSC, apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña para intervenir la comunidad autónoma y detener la declaración unilateral de independencia, y acusar a Sánchez de hacer «teatro del malo». «Lo mejor que puedes hacer es abstenerte», ha concluido, en tierra de nadie, el día que el Senado ha pedido oficialmente el cese de García Ortiz, con la abstinencia de los socios nacionalistas de Sánchez.