Sánchez solo tiene atado el sí de Bildu para una investidura que puede irse al límite del plazo

Los más optimistas en La Moncloa, antes de la ronda de contactos, veían serias opciones de que el debate de investidura se celebrase ya la semana que viene. Varios socios daban por hecho que, antes de que jure la Constitución la Princesa Leonor, el 31 de este mes, el secretario general del PSOE iba a ser presidente, ya sin el apellido de en funciones. No obstante, hace días que fueron asumiendo que la investidura será en noviembre y los socialistas empiezan a temer que será necesario agotar el plazo para evitar la repetición electoral. Si el 27N no hay nuevo jefe del Ejecutivo, las Cortes se disolverán y habrá que volver a las urnas.

Ante esa realidad, Junts sigue presionando. Los independentistas catalanes reclaman una amnistía a los encausados del ‘procés’, una condición que parecía inasumible hace solo unos meses para los socialistas, pero que ahora el propio Sánchez admite estar negociando. Pero es que además piden sentar ya las bases para un referéndum de independencia, si bien nadie termina de fijarlo, de manera inequívoca, como auténtica línea roja. El PSOE, por ahora, pone ahí su límite.

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Mariano Alonso

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Tras verse la semana pasada con Yolanda Díaz, con quien negocia la reedición de un Gobierno de coalición con Sumar, Sánchez recibió el lunes a Núñez Feijóo, casi para constatar que hoy en día un gran pacto entre los dos principales partidos del país es imposible. El martes recibió a BNG y PNV, y el miércoles, a Unión del Pueblo Navarro (UPN), Coalición Canaria y ERC. En todo momento quedó excluido de la ronda Vox, el tercer partido más votado de las pasadas elecciones de julio.

La mañana del miércoles se hizo pública una llamada entre Sánchez y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien sigue inhabilitado para ejercer un cargo público y tampoco facilitó más su papeleta a Sánchez. Horas después, su portavoz en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, advirtió que las tres «carpetas» de los republicanos, amnistía, «votar» y revertir el supuesto déficit fiscal catalán, deben abordarse en igualdad de condiciones.

Solo Bildu ha comprometido su sí al socialista, aunque a cambio de una imagen que los ‘abertzales’ quisieron poner este viernes en valor como «un hito». Por primera vez, un candidato a presidir el Gobierno se reúne con la coalición que integra a Sortu, heredero de la ilegalizada Batasuna, antiguo brazo político de la banda terrorista ETA. La hemeroteca de Sánchez resurgió, porque hace no tanto, en julio del 2019, todavía prometía que con los de Otegi, condenado por secuestro y pertenencia a organización terrorista, no había nada que acordar.

En el encuentro participó su secretario de Organización, Santos Cerdán, que también se vio las caras con la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, condenada en su día por enaltecimiento del terrorismo tras el secuestro de José Antonio Ortega Lara, y su homólogo en el Senado, Gorka Elejabarrieta. Aizpurua es la única representante que, tras su encuentro con Sánchez, no ofreció explicaciones a los periodistas. Bildu se limitó a enviar un comunicado de prensa.

La reunión indignó a la derecha. «Es el pacto de la vergüenza», escribió en X, el antiguo Twitter, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Condenada por hacer apología del terrorismo (...). Hoy es socia del autócrata Sánchez», ahondó su homólogo en Vox, Santiago Abascal. En una rueda de prensa en La Rioja, la secretaria general popular, Cuca Gamarra, se extendió en las críticas y aseveró que la cita de Sánchez con Aizpurua es «un absoluto ejercicio de indignidad que España no merece», informa Emilio V. Escudero.

Después de esa cita, el candidato se reunió con Nogueras, en un encuentro al que se sumó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que también participó en varios de los mantenidos con el resto de grupos. La independentista, de la máxima confianza de Puigdemont, le entregó una copia de la transcripción de la comparecencia que dio el prófugo el 5 de septiembre en Bruselas. En una hora y veinte minutos, diez más de los que Sánchez dedicó a Aizpurua, no hubo ningún avance, según expresó la portavoz separatista. Como está convirtiendo en costumbre, Nogueras solo habló en catalán en una brevísima declaración en el patio de la Cámara Baja –donde, al contrario que en la sala de prensa, no hay una bandera de España tras el compareciente– y se marchó a la carrera, tras responder una pregunta en la misma lengua, al empezar las cuestiones en castellano.

Los socialistas decidieron adoptar un perfil bajo a nivel mediático, más allá de las imágenes de Sánchez con las dos portavoces independentistas, que sientan un precedente. No hubo rueda de prensa de Patxi López, el portavoz parlamentario, y Ferraz apenas emitió un breve comunicado de términos muy genéricos, en el que se daba cuenta del «agradecimiento» expresado por el jefe del Gobierno a los grupos por su «disposición y respeto al proceso» de su investidura.

La negociación entra ahora en un segundo nivel más profundo o técnico, aunque en realidad nunca ha dejado de tener, fuera del foco público, ese carácter. Y de hecho el comunicado deja claro que los contactos a partir de ahora se mantendrán «en el ámbito de la discreción». Todo, sostienen los socialistas, para que «España cuente con un Gobierno progresista que haga políticas de ampliación de derechos para trabajadores, jóvenes, mujeres y la mayoría social de este país».

Ni una palabra sobre la amnistía a Puigdemont y los encausados por el ‘procés’, la clave de bóveda de la negociación, y un término que ya la semana pasada, en la cumbre europea de Granada, pronunció Sánchez por primera vez. Únicamente una alusión velada, para decir que las negociaciones tendrán como soporte «el marco constitucional en todo momento».

La comisión negociadora de los socialistas se reunirá el lunes en Ferraz para definir los próximos pasos a dar. Acudirán como invitados Patxi López y su homóloga en el Senado, Eva Granados, y los miembros designados por Sánchez para ese equipo: Cerdán, Bolaños, la ministra de Educación, Pilar Alegría, la responsable de Política Internacional de la Ejecutiva Federal, Hana Jalloul, y los diputados Óscar Puente y José Ramón Gómez Besteiro. Cuando Puigdemont planteó en septiembre que hubiera amnistía antes incluso de la investidura, el PSOE tuvo serias dudas de que se pudiera correr tanto. Y ahora las negociaciones se ralentizan, con el 27 de noviembre como fecha límite.