Sánchez busca una «solución imaginativa» en Cataluña pero rechaza el cupo que pide ERC

Ahora Pedro Sánchez se enfrenta a ese sudoku o reparto del café haciendo, como en el presidente del Gobierno ya es tradición, de la necesidad virtud. En el contexto de la negociación cada vez más peliaguda para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, Sánchez lanzó el pasado fin de semana, en una entrevista en 'La Vanguardia', su oferta de una financiación singular para Cataluña. Una propuesta que calificó como «factible» y compatible con el acuerdo para «mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral».

La polémica estaba, cómo no, servida. Tanto que no tardó el Ejecutivo en empezar a suavizar o a matizar su mensaje, en aras también a mitigar el descontento del resto de territorios españoles que no serían singulares. Terminada el martes la reunión del Consejo de Ministros, y antes de la rueda de prensa habitual en Moncloa, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consensuaron el mensaje que la primera –aragonesa y con aspiraciones futuras en su comunidad, vecina de Cataluña– transmitiría a los medios.

Y así, Alegría habló ya de «singularidades», un término que repiten machaconamente desde entonces (en público y en privado) los miembros del Gabinete, y que el propio Sánchez utilizó el miércoles en la sesión de control del Congreso, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras. Todo ello mientras fuentes del Gobierno dejan muy claro que en ningún caso contemplan conceder a Cataluña, y ni siquiera negociar, un sistema de cupo como el que existe en el País Vasco y en Navarra, blindado en este caso en la Constitución.

Tampoco apuntan a que esa singularidad para Cataluña se establezca en el ámbito multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que participan todas las comunidades del régimen común y que se reunirá este próximo julio. Un organismo en el que los gobiernos del Partido Popular (PP) son amplísima mayoría, después de las elecciones autonómicas de mayo del año pasado, donde el PSOE sufrió una importante pérdida de poder territorial.

Así las cosas, la pregunta es obvia. ¿Cómo contentar a ERC y por extensión al independentismo? Pues con una «solución imaginativa» a la que apelan fuentes gubernamentales, que estaría fuera de ese ámbito común de todos los gobiernos autonómicos y que no es, dicho queda, un cupo a la catalana, como el que Artur Mas le pidió en su día a Mariano Rajoy, antes de aventurarse en el 'procés' después de la negativa del líder popular.

Solución que el Gobierno, y más en concreto el Ministerio de Hacienda, el competente en la materia, guarda con todo celo. Especulaciones hay para todos los gustos, incluida la de que se convierta al Instituto Catalán de Finanzas en un banco público autonómico, algo que la propia ERC solicitó el mes pasado mediante una proposición no de ley en el Congreso. Bastaría con que el Banco de España, ahora con una proceso de renovación pendiente en su cúpula, le concediera la ficha preceptiva para ello. Pero el Gobierno no suelta prenda.

En cualquier caso, las citadas fuentes aseguran que la reforma global del sistema de financiación sólo puede hacerse con discreción y con el concurso del PP. Si bien aseguran que es en el seno de los populares donde anida la discrepancia, pues no piensan lo mismo, aducen, Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno o Alfonso Rueda, presidentes de Madrid, Andalucía y Galicia. Demasiadas casillas para completar el sudoku, y demasiados cafés...