PSC y secesionistas valoran dejar al PP sin senadores catalanes

Al Parlament le corresponden, desde 2008, ocho senadores por designación; es decir, uno menos de los que envía Andalucía (9) y uno más de los que reparte la Comunidad de Madrid (7). La Cámara Alta tiene 58 senadores designados por los distintos parlamentos regionales (a sumar a los que se eligen en las elecciones generales) que se renuevan con los ciclos autonómicos. Una vez constituida la Mesa, el 10 de junio, su presidente, Josep Rull, tiene de plazo hasta mediados de julio para presentar las candidaturas de los que «representan a la Generalitat en el Senado», según recoge el Estatuto y la ley de designación de senadores catalanes.

Antes de conocer los nombres de los elegidos y realizar el examen de idoneidad, sin embargo, hay que establecer el reparto de los ocho senadores. A cuántos tocan por grupo político. La fórmula utilizada la escoge la Mesa (después de oír a la Junta de Portavoces), que está compuesta solo por diputados del PSC (3), Junts (2) y ERC (2). Por lo que los socialistas y los independentistas decidirán cómo se hace el reparto, que tan solo tiene que cumplir un requisito: ser proporcional a la composición del pleno; es decir, al resultado de las elecciones.

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Con el precedente de 2021 (cuando se modificó, por primera vez, el sistema de elección de senadores para impedir que Vox tuviera un representante) y lo sucedido en la constitución de la Mesa, hace unos días, entre las filas de los populares y los de Ignacio Garriga (Vox) no se duda de que volverán a ser vetados. «No sabemos nada, pero es posible», apuntan fuentes de la dirección del PP catalán cuando se les pregunta por si temen que se repita el cordón sanitario contra ellos por parte del PSC, Junts y ERC. Hasta la fecha, no ha habido contactos y los de Illa están centrados solo en la investidura.

Hasta 2021, el Parlament enviaba sus senadores autonómicos utilizando una de las dos fórmulas habituales para estos procedimientos. Por un lado, la llamada ley D'Hondt, o por otro, la de restos mayores. Pero hace cuatro años, con la irrupción de Vox en el panorama político catalán, socialistas y nacionalistas pusieron en marcha el veto a los de Garriga en todos los ámbitos institucionales, y tras constatar que ambas fórmulas otorgaban un senador a Vox rebuscaron entre los diferentes sistemas electorales hasta que dieron con una que les dejaba a cero la casilla de senadores: variante Imperiali.

Con la fórmula de la ley D'Hondt, según la actual composición de la cámara autonómica, al PSC le corresponderían tres senadores; a Junts, otros tres; a ERC, uno; y al PP, otro. Si la Mesa optase por el sistema de restos mayores, la designación sería: tres para el PSC, dos para Junts, uno para ERC, uno para el PP y uno más para Vox. Sin embargo, con el hallazgo de la variante Imperiali la cosa cambiaría, a beneficio precisamente de los que tienen que decidir: cuatro para el PSC, tres para Junts y uno para ERC. Y aunque la última palabra la tiene el pleno, que debe votar y aprobar la propuesta de la Mesa, si el tripartito que conforma el órgano rector se pone de acuerdo, suma 97 de los 135 diputados.

Desde los partidos secesionistas se indica a este diario, en cualquier caso, que la decisión todavía no está adoptada. La Mesa, según fuentes parlamentarias, no ha tratado el asunto oficialmente. La prioridad de Rull, hasta ahora, ha sido la ronda de consultas con los líderes políticos para fijar el día de la 'no-investidura', el martes, y que empiece a correr el reloj de la repetición electoral y visitar a los tres diputados que están fugados de la Justicia: el propio Puigdemont y Lluís Puig, de Junts, en Bélgica; y Ruben Wagensberg, de ERC, en Suiza. De todas formas, los de Rovira sí han precisado que la variante Imperiali, utilizada en 2021, fue una propuesta de ERC, por lo que es razonable que estos mantengan que ahora se siga utilizando. E igualmente razonable parece la preocupación de los populares por su posible exclusión.

La legislación sobre la materia (Estatuto, ley específica y Reglamento del Parlament) no concreta el sistema que debe utilizar la Mesa para el reparto de los senadores. La normativa legal deja abierta la puerta a que sea la Mesa la que, con el único parámetro de la proporcionalidad, adapte el sistema que mejor le convenga. Además, el Constitucional ratificó (por unanimidad) esta práctica como legal al resolver el recurso planteado por Vox en 2021, cuando se cambió el sistema utilizado hasta entonces. El tribunal de garantías señaló, dos años después de la queja de los de Garriga, que no se vulneraron los derechos de los diputados de Vox pues la competencia para decidir el método utilizado es de la Mesa y el resultado se ajustó a la proporcionalidad, sea esta mayor o menor a la que se utilizaba generalmente.