Pedro González-Trevijano: «Quien debe proteger al TC y la independencia del Poder Judicial es el Gobierno»

—Fue institucionalmente importante. Son diez años de un reinado tan difícil como ejemplar. Fue un acto que tenía toda la representatividad institucional de la monarquía parlamentaria y, simultáneamente, trasladó una organización del evento y de la comida acorde con lo que es una monarquía parlamentaria moderna fuera de elementos excesivamente barrocos, simbólicos y formalistas. Todo fue muy distendido, todo fue muy abierto. Seríamos aproximadamente unas 120 personas en la comida, nos sentamos los cónyuges separados y se nos mezcló con alguno de los premiados de las 19 comunidades autónomas.

—¿Con quién se sentó usted?

—A mí me tocó a la derecha Baltasar Garzón y a la izquierda la presidenta de Patrimonio Nacional. En cambio a mi mujer, por ejemplo, en uno de los lados le tocó la persona premiada por la Comunidad de Castilla y León, que tiene una empresa que hacía impresiones digitales en 3D, espectacular. Un señor que merecía la pena conocer.

—¿Cómo fue ese momento en el que la Princesa y la Infanta rompen el protocolo y se dirigen a los Reyes llamándolos «papá y mamá»?

—Un poco llamativo. Yo estaba hablando con la presidenta de Patrimonio Nacional y empezamos a escuchar por detrás unas voces que nos parecieron como si fuese alguien de televisión y, entonces, nos volvimos sorprendidos para ver quién era el que estaba hablando y nos llevamos la sorpresa de que estaban detrás la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía y que habían empezado las palabras tan afectuosas.

—Parece claro que ese acto del miércoles refleja que hay una voluntad por parte de la Casa del Rey de acercarse a la ciudadanía.

—Yo creo que la Monarquía española es muy cercana y muy próxima a la ciudadanía, creo que desde la llegada al trono de Felipe VI es una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Eso implica conceptual y exteriormente una mayor cercanía a la ciudadanía. La Monarquía se ha aproximado mucho a la gente, creo que esto es un elemento indiscutible, aunque es susceptible de seguir acercándose más, no tengo ninguna duda.

—Tanto el Rey como la Reina.

—Creo que aquí, aparte del papel del Rey, el papel de la actual Reina ha sido muy definitivo. Es una persona moderna, cercana, que no viene del mundo de las grandes familias regias. Y, luego, el perfil de la Princesa y la Infanta que, aparte de ser mujeres, simpáticas e inteligentes, son realmente imbatibles.

—El Rey volvió a renovar su compromiso con la Constitución. ¿Quién protege a quién? ¿El Rey a la Constitución o la Constitución al Rey?

—Esta es una buena pregunta que nunca me habían planteado y soy catedrático de Derecho constitucional. De entrada, una constitución en un sistema democrático protege a los ciudadanos frente a los poderes públicos, cuyos poderes limita. Dicho esto, quien debe proteger al Rey es la Constitución, pero simultáneamente también el Rey protege la Constitución; no directamente, pero sí.

—Hay quien pide al Rey que no firme la ley de Amnistía.

—Eso es un disparate conceptual y es sorprendente que haya gente que lo diga, por ignorancia o por mala fe, pretendiendo que el Rey adopte decisiones políticas que constitucionalmente no puede asumir y que políticamente le llevarían a un callejón sin salida. El Rey reina, pero no gobierna; disfruta de auctoritas, pero carece de potestas. El Rey Balduino en Bélgica durante 35 o 36 horas pidió una especie de abdicación transitoria para no firmar la ley del aborto. Aquello fue un fraude constitucional con mayúsculas. Esto en la España de hoy sería absolutamente impensable. Está obligado a firmar la ley, eso es incuestionable, no tiene discusión ninguna: no se le pueden pedir al Rey cosas que no puede hacer y que no debe hacer.

—¿Es usted partidario de regular la inviolabilidad del Rey?

—Estoy absolutamente en contra de regular y de modificar el régimen de la inviolabilidad. Dicho esto, también se puede entender: primero, porque en principio los jefes del Estado son inviolables en las monarquías. Y porque la Constitución ya dice lo que dice: la persona del Rey es inviolable y no está sujeta responsabilidad. No requiere de ningún desarrollo legislativo. Tratar de reducir la inviolabilidad me parece desafortunado y, además, muy peligroso porque uno abre la espita, aunque sea con unas buenas intenciones, de apostillar, concretar o matizar la inviolabilidad que apunta la Constitución y acabamos abriendo un hueco en la Jefatura del Estado. Yo creo que ni se puede, ni se debe hacer por el poder legislativo.

—¿Tampoco en los actos propios del ámbito privado?

—Habría que hacerse la siguiente pregunta: ¿quién determina qué es un acto privado? Todos los actos que para los ciudadanos ordinarios son privados, ¿son intrascendentes en el caso de un Rey?

—También se pide una ley de la Corona.

—No hace falta hacer una ley de la Corona. Con lo que se dice en el Título II de la Constitución es suficiente. Y no hay apoyatura constitucional ninguna para que el legislador, que no es el poder constituyente, haga una regulación sustantiva, alternativa, diferente o complementaria de la Constitución, salvo en el tema de las abdicaciones. Eso es un auténtico despropósito.

—Otra espita: la despenalización de las injurias al Rey está en tramitación en el Congreso.

—Yo estoy en contra de esta despenalización, no solamente porque afecta al Jefe de Estado, que también. El Jefe de Estado, como dice la Constitución, es el símbolo del propio Estado. La preservación del honor existe y se protege no solamente para los agentes individuales, también para quien está al frente de las instituciones. Esto de que alguien que esté en la vida pública, no digamos el Jefe de Estado, carezca prácticamente de honor y pueda ser objeto de cualquier tipo de crítica fuera del contexto político de actividad, me parece muy discutible. Yo, desde luego, no estoy en absoluto a favor de que se despenalice. Me parecería una medida constitucionalmente posible, sí, pero políticamente desacertada. En este país estamos creando las sensación de que todo lo que constitucionalmente se puede hacer se debe de hacer, y éste es un planteamiento equivocado. Tú debes respetar el marco constitucional, pero el problema es que aciertes en las decisiones políticas. Hay muchas cosas que se pueden hacer constitucionalmente y que son un despropósito.

—En esta legislatura ha habido polémica sobre los despachos del Rey con el presidente del Gobierno. ¿Hay que regularlos también?

—Yo estoy completamente en contra. Volvemos a la misma idea, yo creo que no hay que ser excesivamente reglamentista, y el ámbito de las costumbres desarrolla un marco muy importante. Supongamos que nos ponemos a elaborar cómo tienen que producirse esos acontecimientos: o la legislación es tan absolutamente genérica que cabe todo o tendría que tener decenas de epígrafes y centenas de subepígrafes. ¿Qué vamos a poner? ¿Cómo tienen que ser todos los despachos? ¿Cómo son en Zarzuela o cómo son en otros sitios? Yo estoy totalmente en contra.

—En su momento también se habló de reglamentar un estatus del Príncipe de Asturias.

—Teóricamente estaba bien pensado y podría tener teóricamente más sentido, pero yo creo que tampoco hace falta regular cuál es el estatus del Príncipe de Asturias. La Constitución dice lo que dice, que es lo importante: cuando se adquiere la condición de Príncipe de Asturias, quién está llamado a serlo, sus obligaciones cuando alcanza la mayoría de edad de jurar la Constitución ante las Cortes Generales y, finalmente, el mecanismo sucesorio cuando fallece el Rey. No se necesita nada más.

—¿De manera que todas estas iniciativas lo que esconden es una intención de atacar a la Monarquía, una especie de guerra de guerrillas?

—Yo no sé cual puede ser la intención. Si somos bienpensantes, podemos pensar que hay personas que creen en esta idea de que si se regulan las cosas las instituciones funcionan mejor. Yo no lo creo, o no lo creo siempre. Seguramente hay opiniones más torticeras en las que se aprovecha cualquier contexto para ir abriendo portezuelas y poner en entredicho lo que es la propia institución. A mí me parece constitucionalmente muy discutible porque creo que no tienen apoyatura en el texto de la Constitución.

—Otro de los elementos constitucionales clave de estos diez años de reinado ha sido el artículo 99, el que establece la función del Rey a la hora de proponer al candidato a presidente. ¿Ha logrado mantener la neutralidad el Rey?

—Yo creo que impecablemente y esta ha sido una de las pruebas de fuego. El artículo 99 es uno de los artículos donde el Rey disfruta de una mayor discrecionalidad a la hora de proponer a alguien. Don Juan Carlos lo hizo de forma impecable; también es cierto que el contexto de Don Juan Carlos fue distinto porque no había fragmentación política y quien no ganaba las elecciones nunca gobernó. Este contexto es diferente y lo hace mucho más complejo, pero el resultado ha sido impecable. El marco constitucional es suficiente y preciso.

—El Rey hizo el miércoles una vez más una llamada a los consensos y a la moderación. Usted, que ha tenido una larga vida pública, ¿está preocupado por la deriva de la política española hoy?

—El funcionamiento de la Constitución dependerá en gran parte de la capacidad de los partidos, y especialmente de los dos grandes partidos, de ponerse de acuerdo, de ser capaces de firmar determinados pactos de Estado, de no darse simultáneamente la espalda en todo momento. Si esto no es así, el funcionamiento de la Constitución y la organización del Jefe del Estado es muy difícil y muy compleja. Decía Miquel Roca: «Ha llegado el momento ante tanto encono político», y añado yo y tanta degradación política y degradación institucional, «de que los españoles nos demos la mano». Tenemos que ser capaces de pasar página y dejar a nuestros hijos unas instituciones respetadas y con prestigio. Si uno además no respeta ni prestigia las instituciones, al final no queda nada.

—¿Le preocupa la situación del Poder Judicial?

—¿En qué sentido?

—En el sentido de los ataques que se reciben desde el poder político, incluso desde el Ejecutivo.

—El artículo 16 de la Declaración francesa de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, ya ha llovido, decía: toda sociedad en la que no se reconocen los derechos fundamentales ni se preserva al principio de separación de poderes, carece de constitución. Tú tienes que preservar la independencia del poder jurisdiccional, el poder judicial. Al final, la piedra de toque para saber si estás ante una constitución de verdad, ante una constitución con mayúsculas, es el respeto a los órganos jurisdiccionales. El último baluarte en la preservación de los derechos y libertades fundamentales frente a los excesos de los poderes públicos son los órganos jurisdiccionales, y todas las intromisiones del poder político en los órganos judiciales son constitucionalmente fraudulentas, políticamente desafortunadas y, a mi modo de ver, extraordinariamente peligrosas. También le digo una cosa: quien tiene que preservar las instituciones en un régimen parlamentario o en un régimen presidencialista son todos los poderes del Estado, pero particularmente el Gobierno. No este, sino este el anterior y el que venga. Quien tiene que proteger la independencia al Poder Judicial, el papel de los jueces, es el Gobierno, quien tiene que proteger la función del Tribunal Constitucional es el Gobierno.

—¿Qué nota le pone a los diez años de reinado de Felipe VI?

—Podríamos discutir si le damos un nueve y medio o un diez, porque todo se puede mejorar. Podemos dejar el diez para cuando pasen diez años. Ha sido un reinado muy difícil y al final una monarquía se sustenta en dos principios: la ejemplaridad y su utilidad. Ha sido un Rey impecable.

—He visto en su despacho fotos con Juan Carlos I. Con el tiempo, ¿se impondrá su labor en la Transición sobre otros avatares del final de su reinado?

—Me gustaría pensar que sí, y no tengo dudas de que sí. Yo creo que la España constitucional no se puede entender sin Don Juan Carlos. En 1975 asume prácticamente la totalidad de poderes del anterior Jefe de Estado y, de forma tan inteligente como generosa, va renunciando paulatinamente a todos ellos y apuesta por construir una monarquía parlamentaria, que es la única compatible con una democracia constitucional. Es el impulsor de la Transición política y preservó la democracia frente al golpe de Estado del 23-F. Ese es el legado de Don Juan Carlos, importantísimo en la Historia de España. No se puede ignorar y hay que agradecérselo.