Teresa Ribera perderá el aforamiento frente a la DANA si es comisaria

En este momento su designación está en el aire después del choque de trenes entre populares y socialistas escenificado el pasado martes en su examen ante las comisiones competentes del Parlamento Europeo.

La batalla política es tal que se sitúa en la mesa de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ante quien se abre otras hipótesis incierta: el horizonte judicial de la persona que ella pretende situar como la vicepresidenta más importante de su Gobierno, dado que empiezan a proliferar las querellas relativas a su gestión de la DANA, si bien todo está en una fase aún muy inicial.

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Isabel Vega

La Sala de lo Contencioso pide informe a la Fiscalía y la Abogacía del Estado sobre la admisión de la iniciativa

Por una parte, el Tribunal Supremo está analizando un recurso por inacción del Gobierno en la catástrofe que incluye a la ministra. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal pidió el jueves informe a la Fiscalía y la Abogacía del Estado sobre la admisión de la iniciativa. Del mismo modo, la Sala de lo Penal debe resolver sobre la admisión de querellas presentadas por Vox, Iustitia Europa y Manos Limpias.

Ahora que el PP y Vox la han situado como el principal objetivo a la hora de fijar responsabilidades en el Gobierno, todo parece indicar que esto no es más que el principio. El pasado martes, la portavoz del PP español en el Europarlamento, Dolors Montserrat, mostró por dónde iba a discurrir la estrategia de los populares: «¿Se compromete a dimitir si se ve involucrada judicialmente para no comprometer a la presidenta Von der Leyen y de todo el Colegio de Comisarios?».

Ante este frente judicial es importante observar la situación de inmunidad en la que se pueda encontrar Teresa Ribera, dado que al dejar de ser miembro del Gobierno de España perderá el aforamiento que la protege de los actos en los que ha participado como miembro del Ejecutivo. Esto significa, según explican las fuentes jurídicas consultadas, que las querellas dejarían de estudiarse en el Tribunal Supremo y pasarían al correspondiente juzgado de instrucción.

«El privilegio que representa el aforamiento se extingue cuando desaparece el cargo, salvo que ya se haya abierto el juicio oral. Si mañana Ábalos dimite como diputado, el Tribunal Supremo pierde la competencia; sin embargo, si Ábalos dimite cuando ya está abierto el juicio oral el Tribunal Supremo le enjuiciaría», explican estas mismas fuentes, que precisan que la única excepción es que hayas sido presidente del Gobierno e inmediatamente te incorpores al Consejo de Estado como consejero permanente, pues también tienen aforamiento». «Todos los ministros que lo hayan sido pierden el aforamiento, pueden ser investigados en cualquier juzgado de guardia incluso por hechos concerniente al ejercicio de su cargo», aseveran.

Aunque sobre este punto no hay unanimidad, sí existe un precedente relevante que afecta al hoy presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa. Siendo aún ministro se abrió un procedimiento para investigar un posible delito contra los derechos de los trabajadores del sector sanitario que se vieron expuestos al Covid-19 por el uso de las mascarillas no homologadas adquiridas por el Ministerio de Sanidad en marzo de 2020.

Cuando Illa dejó de ser ministro y pasó a ser diputado del Parlament de Cataluña perdió su condición de aforado ante el Tribunal Supremo, por lo que la causa pasó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La Fiscalía trató de evitar que la causa pasase de un tribunal al otro, de modo que la cosa fue resuelta por la Audiencia Provincial de Madrid, que avaló el traslado de la causa a Cataluña.

En el caso de Ribera, su cese como ministra se produciría como consecuencia de su nombramiento como comisaria europea. Esto supondría que perdería su aforamiento en España respecto a los actos realizados en el ejercicio de su cargo como ministra de Transición Ecológica y adquiriría inmunidad en Europa, pero sólo para los actos que realice en función de su cargo. «El principio general es que gozan de la inmunidad para sus actos en su función de comisario», explican desde la Comisión Europea: «Es decir, tienen inmunidad, pero no para lo que suceda o haya sucedido fuera de sus funciones como comisarios».

Desde un punto de vista político, y en la hipótesis de que Teresa Ribera fuese imputada, el problema sería para la presidenta de la Comisión. Ursula Von der Leyen no puede cesar a los comisarios, que son propuestos por los Gobiernos de los Estados miembros. Si Ribera no dimitiera, como ya le exige preventivamente el PP, lo que estaría en riesgo sería el conjunto de la Comisión, pues como sus miembros no pueden ser cesados ni censurados por separado, la única forma de destituirla sería haciendo caer al Gobierno europeo en su conjunto.