La hora de Ursula: atrapada entre el órdago de Feijóo y el enfado «monumental» del PSOE

No fue normal que el pasado martes, el supermartes europeo en el que se evaluaban todos los vicepresidentes del próximo Ejecutivo comunitario, la presidenta de la Comisión Europea, la popular alemana Von der Leyen se presentara en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas para hablar con los presidentes de los dos principales grupos de la Cámara: el también alemán Manfred Weber, del PPE (188 escaños), y la española Iratxe García, de Socialistas&Demócratas (S&D, 136). La misma gestión se repitió el miércoles, con idéntico resultado: el bloqueo no se deshizo, ni siquiera con la intervención de la presidenta del Parlamento, la también popular Roberta Metsola.

El pacto que sellaron ambos grupos, junto a liberales, en julio, cuando se constituyó el Parlamento tras las elecciones, estaba a punto de saltar por los aires. Una de las causas era el veto del PP español a la candidata, la vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Ribera, para ser la vicepresidenta más poderosa de la nueva Comisión Europea, que se acabó mezclando con el mal ambiente creado por la negativa de los socialistas a asumir que tienen que aprobar también a los candidatos que han enviado dos gobiernos de derecha radical, como los de Hungría (Patriotas por Europa) e Italia (del grupo de Conservadores y Reformistas, ECR). El alcance de la crisis se ha vuelto imprevisible, porque señalar a Ribera suponía agredir directamente a la principal dirigente de la familia del PSOE para los próximos cinco años, en un escenario en el que los socialistas europeos están muy débiles.

Tal vez por eso, porque se saben vulnerables esta legislatura, con apenas cuatro gobiernos entre los 27 y a punto de perder al mayor de ellos en Alemania, los socialistas europeos se muestran firmes. «¿Por qué hace esto el PPE?», se preguntan algunos socialistas, lamentando que el PP español haya «embarcado al europeo» en esta estrategia para desgastar, o incluso derribar a la pieza más importante con la que contaban esta legislatura, en la que se han quedado solo con el portugués Antonio Costa en el puesto de presidente del Consejo.

En clave española es fácil de entender que el PP quiera atribuir a la ministra de Transición Ecológica la responsabilidad del Gobierno en la gestión de la catástrofe. Alberto Núñez Feijóo no está dispuesto a aceptar que la asunción de responsabilidades se acabe en Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. Y porque, como dijo en el Parlamento Europeo Esteban González Pons, «no se puede premiar a la ministra responsable con una vicepresidencia de la Comisión mientras todavía se están buscando cuerpos enterrados en el barro».

Desde medios socialistas se ha difundido ahora la tesis de que Weber habría asumido las posiciones del PP español por miedo a perder su apoyo en el congreso de los populares europeos que se celebrará el año que viene y —para colmo de coincidencias— muy probablemente en Valencia. «Weber y Von der Leyen no son lo mismo y tienen congreso en el 25», dice a ABC un eurodiputado socialista que trata de elevar la disputa de lo local: «El PP europeo trata de cobrar dos facturas a la vez: una a Pedro Sánchez y otra a Von der Leyen».

No andan desencaminados los socialistas, pues la relación entre Von der Leyen y Weber es complicada, y lo cierto es que la dimensión del órdago que ha planteado Núñez Feijóo tiene repercusiones a nivel europeo. «Si el PP español vota no a Ribera y Teresa cae, España debería poner otro nombre. Pero con eso votaríamos en contra», dicen sin mucha convicción desde el PSOE, cuyos diputados están acostumbrados a hacer lo que les diga Sánchez sin rechistar. En la delegación española del PP contestan diciendo que eso no les preocupa: «Von der Leyen le debe mucho a Pedro Sánchez, pero nosotros no le debemos nada, más bien al contrario».

Y aquí llega la respuesta socialistas al órdago popular de no votar a la candidata del Gobierno de España: «Nosotros no vamos a votar al candidato de Italia ni de Hungría», advierten. El aspirante húngaro Oliver Varhelyi es la propuesta del presidente Viktor Orbán. Candidato a la cartera de Sanidad y Bienestar Animal, el pasado 7 de noviembre suspendió el primer examen en su audiencia ante los eurodiputados del Parlamento Europeo, que le han pedido que responda a un cuestionario escrito para poder culminar su evaluación. El italiano es Raffaele Fitto, el nombre de Giorgia Meloni. Ambos pertenecen a grupos políticos distintos del Parlamento Europeo, pero con un elemento en común: los dos están fuera del cordón sanitario que han establecido los socialistas.

«La extrema derecha nunca va a votar al colegio de comisarios de Von der Leyen, y Ursula y el PP no tienen una mayoría alternativa», explican los socialistas a este periódico. «Somos 136. Si se te caen 100, hay que empezar el proceso de cero», advierten. Pero si no se aprueban todos los comisarios, tampoco hay Comisión y si se rechaza al húngaro, Orbán tendría en sus manos la llave de la institución, porque el nuevo ejecutivo comunitario no podría ejercer hasta que Budapest acceda a enviar a otro candidato que lo sustituya, para lo que no tiene un plazo determinado.

Por ello, los populares europeos también saben perfectamente que si ellos aprueban a los comisarios de derecha radical por razones institucionales a pesar de la oposición de los socialistas, estos van a utilizarlo como arma arrojadiza durante toda la legislatura para acusarles de haber abierto las puertas de la Comisión a la extrema derecha. Especialmente en Alemania donde el asunto de las relaciones de los democristianos con los nacional populistas es algo tremendamente delicado y tienen elecciones legislativas anticipadas el 23 de febrero, con las encuestas a favor de los democristianos del PPE.

Desde el Partido Popular español son claros: «Hay dos opciones, o los socialistas cambian a Teresa Ribera por otro nombre elegido por Pedro Sánchez, o el PP cede y traga con ella. Eso no va a pasar y no habrá Gobierno de Europa porque la vicepresidenta española está implicada en un escándalo de gestión pública». Von der Leyen le puede echar el pulso a Sánchez y pedirle que cambie a la comisaria Ribera, algo que en estas circunstancias provocaría una vía de agua en el Gobierno español, lo que le generaría a la alemana un coste político colosal. Si logra que los socialistas acepten apoyar los candidatos de gobiernos radicales, contribuiría a aislar a los populares españoles pero también dejaría a Sánchez sin uno de sus principales argumentos políticos. Y si Ribera se queda en la Comisión pese a todo, cualquier tropiezo legal a consecuencia de las inundaciones puede poner frente al abismo a toda la institución.