El PSOE negocia con Puigdemont fuera de la UE y con total opacidad

En la puerta principal de la Henry Dunant, un coqueto palacete rodeado por un parque, a las orillas de un lago y con un monte nevado a la vista, no había ayer ni rastro de actividad. Cerrada a cal y canto, en su puerta se puede leer, en inglés y francés, sus motivos fundacionales: «Mediar para la paz» y dar respuesta a «conflictos armados». Justo enfrente, a apenas unos pasos, un monumento con varias coronas de flores a sus pies recuerda a los caídos originarios de esta ciudad en las dos guerras mundiales.

Sin embargo, allí no transcurrió la primera reunión entre los emisarios de Pedro Sánchez y una delegación de Junts per Catalunya al más alto nivel, con Carles Puigdemont, aunque sí en algún otro lugar de la ciudad suiza, a la que el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y la portavoz en el Congreso de los Diputados de Junts, Míriam Nogueras, llegaron el viernes por la tarde procedentes de sendos vuelos regulares con origen en Madrid y Barcelona, en medio de un enorme secretismo.

Ambos evitaron a los medios en el aeropuerto internacional de Ginebra, el mismo lugar al que regresó ayer por la tarde Cerdán. Se limitó a decir, sin detener ni un momento el paso ante los periodistas españoles, que el encuentro «ha ido bien», que no habrá otro hasta enero y que en breve habría una «nota de prensa».

Y la hubo, en idénticos términos del PSOE y Junts, para desvelar el nombre del verificador, mediador o en el lenguaje eufemístico empleado ya por algunos ministros socialistas, «acompañante». Será el diplomático de El Salvador Francisco Galindo Vélez, quien ayer mismo ya participó en el encuentro. Su función, según los términos del comunicado conjunto de los socialistas y la formación independentista, será «poner a disposición de las partes su experiencia y su voluntad de contribuir a alcanzar la solución política y negociada al conflicto».

Ni siquiera se le añade a este último término el de 'político', como en otras ocasiones. Conflicto, a secas. El comunicado también dice que la reunión se desarrolló en un «ambiente cordial» y que «se ha continuado avanzando».

Excluida de esta mesa la amnistía a Puigdemont y los encausados por el 'procés', que ya tiene su propio trámite en las Cortes tras haberla registrado el Grupo Socialista como proposición de ley, tal y como exigía Junts para el voto de sus siete diputados a la investidura, esos avances sólo pueden producirse en el resto de cuestiones que contempla el acuerdo de los dos partidos, y que no son otras que un referéndum de independencia para Cataluña o la cesión a esa comunidad del 100% de los impuestos.

El de ayer es, por tanto, el primero de una serie de encuentros que será larga, y con la que Junts logra imponer el marco que más le conviene. El de un conflicto entre Cataluña y España, como si no fueran una misma cosa, de dimensiones supuestamente internacionales. El mismo marco que fijaron en el tercer párrafo del acuerdo negociado y suscrito el 9 de noviembre por Cerdán en Bruselas, en el que se aludía a los «decretos de Nueva Planta» de 1714, origen según el mantra independentista de una agresión secular española contra ese territorio.

Pero los de Puigdemont consiguen, sobre todo, y más aún con un mediador internacional y con reuniones fuera de España, fijar -también en la clave de su eterna lucha por la hegemonía separatista con ERC- la idea de que en España hay un «conflicto» que sólo desde fuera tiene arreglo, al margen de la propia soberanía nacional y del marco legal español, tanto el constitucional como el estatutario.

Todo en la misma línea de la denuncia de un 'lawfare' o guerra sucia judicial generalizada contra los dirigentes del independentismo, como pretenden que avalen varias comisiones de investigación parlamentaria que se pondrán en marcha esta legislatura, de nuevo en pago por la investidura de Sánchez, a la que por primera vez se sumó Junts.

Y por último, pero no desde luego menos importante, la vía abierta en Ginebra desecha la idea de que Junts haya firmado un acuerdo de legislatura, como reclamó a principios de octubre el propio Sánchez nada más ser designado por el Rey como candidato a la investidura, tras el intento fallido de Alberto Núñez Feijóo.

Por el contrario, refuerza la de que el avance del nuevo mandato del jefe del Ejecutivo estará condicionado, como también reza el acuerdo suscrito, a los «avances» en las cuestiones que son nucleares para el independentismo. Cuestiones como la amnistía, el referéndum o la cesión total de los tributos a Cataluña (una suerte de 'cupo a la catalana') negada una y otra vez en el pasado por Sánchez y sus principales colaboradores.

El convencimiento que desde hace semanas transmiten desde Moncloa, para poner en valor el camino de negociación iniciado, es el de que hay aún «mucha desconfianza» entre las dos partes, si bien circunscriben el diálogo al ámbito de las dos formaciones políticas, el PSOE y Junts per Catalunya, que formalmente participan de él, aun cuando obviamente se trata de una mesa pilotada por el propio presidente Sánchez.

Aseguran igualmente las fuentes consultadas que dada esa distancia inicial, sentarse a hablar debe servir para alejar malos entendidos, despejar dudas, y avanzar en un camino que hasta ahora era intransitable con Junts, que en la pasada legislatura votó «no» tanto a la investidura en enero de 2020 como a las principales iniciativas de su Gobierno.

El camino que ahora toma velocidad de crucero en una ciudad extranjera como Ginebra, y con un mediador del otro lado del Atlántico, comenzó a fraguarse con el acuerdo en agosto para la Mesa del Congreso de los Diputados, de nuevo con una mayoría de izquierdas gracias a los votos de los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, y con una socialista como Francina Armengol, muy proclive a los planteamientos y tesis del nacionalismo, como presidenta del Congreso.

Con ella llegó el uso por primera vez de las lenguas cooficiales en el pleno parlamentario, una de las primeras condiciones de los socios del PSOE, junto a la de impulsar el reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones europeas, algo en lo que se ha empleado a fondo el ratificado ministro de Asuntos Exteriores. José Manuel Albares, aún sin resultados tangibles.

A principios de 2019, cuando Sánchez llevaba apenas medio año en La Moncloa tras derrocar el año anterior a Mariano Rajoy mediante una moción de censura, la mención a la figura de un «relator», como exigía el entonces presidente catalán, Quim Torra, provocó duras críticas de la oposición, movilizaciones de calado y, finalmente, y tras no respaldar los independentistas los Presupuestos, la convocatoria electoral anticipada.

Un lustro después se negocia el futuro de España fuera de sus fronteras, con alta opacidad, y con un mediador internacional designado a tal efecto.