El PP eleva una queja contra De Celis por incumplir el Reglamento

Antes de la sesión plenaria y durante la misma, Tellado invocó la aplicación del artículo 68.1 del Reglamento del Congreso, normativa con rango de ley, que dice en su literalidad: «El orden del día del Pleno puede ser alterado por acuerdo de este, a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la cámara». Lo habían solicitado tres grupos, porque además del PP, también lo reclamaron ERC y Junts, y más de una quinta parte de los diputados. Solo los 137 de la bancada popular superan ese requisito.

En el escrito de queja, al que ha tenido acceso ABC, el portavoz del Grupo Popular acusa a De Celis de protagonizar un «ejercicio de arbitrariedad y sectarismo consciente y predeterminado». El PP, ERC y Junts querían modificar el orden del día de la sesión plenaria para aplazar una semana el debate de la ley de desperdicio alimentario hasta que la Mesa del Congreso resolviese sus escritos de reconsideración contra la decisión del órgano de excluir cuatro de las enmiendas introducidas por el Senado en la norma.

El Gobierno, durante la tramitación de la ley en la Cámara Alta, planteó un veto a esas cuatro enmiendas alegando que afectaban a los presupuestos –pedían reducir el IVA de alimentos básicos y fomentar la cogeneración de purines–, pero la Mesa del Senado lo rechazó por improcedente, apoyada en un informe de sus letrados.

El martes, PSOE y Sumar llegaron a la reunión de la Mesa del Congreso con un escrito de disconformidad del Ejecutivo y decidieron, por primera vez en democracia, quitar del texto enmiendas aprobadas por el Senado impidiendo, como recoge el artículo 90.2 de la Constitución, que el Pleno las discutiese. La resolución se aprobó en contra del criterio del PP y del secretario general de la Cámara Baja, Fernando Galindo, normalmente afín al Gobierno.

PP, ERC y Junts registraron escritos de reconsideración y reclamaron el aplazamiento de la ley –que finalmente se aprobó el jueves– y los populares, además, pidieron un informe por escrito del letrado mayor y una reunión urgente de la Mesa para revocar su acuerdo. Gómez de Celis optó por citar a la Junta de Portavoces. «Una convocatoria –apunta Tellado en el escrito– tan extraña como irregular». A fin de cuentas, el órgano soberano para alterar el orden del día es el Pleno y no la Junta.

De Celis proclamó la necesidad de lograr unanimidad de los grupos –el único en contra de cambiar el orden del día era el PSOE–, pero esta postura, recuerda Tellado, «no tiene amparo en precepto reglamentario alguno». La unanimidad en la Junta, y así lo recoge el artículo 67.4, solo es necesaria para «incluir», que no alterar, un nuevo asunto en el orden del día. La actuación de Gómez de Celis supone, juzga el PP, «la flagrante vulneración de los derechos de los diputados», con una decisión «injusta y arbitraria». «El puesto institucional que ocupa es incompatible con la parcialidad y el sectarismo (...). Presentamos formalmente queja por todo lo referido, con reserva expresa de cuantas acciones legales puedan corresponder», concluye.