El Congreso aprueba por primera vez una ley sin permitir el debate de enmiendas del Senado

El PP, cuyos cuatro miembros en la Mesa se posicionaron en contra de la decisión de PSOE y Sumar, pidió este miércoles una reunión urgente del órgano, envió un escrito de reconsideración y reclamó la revocación del acuerdo adoptado el martes. Los populares pedían aplicar el artículo 68.1 del Reglamento del Congreso para que se debatiese una modificación del orden del día y se aplazase el punto sobre la ley de desperdicio alimentario hasta que se hubiesen resuelto sus recursos y el secretario general de la Mesa, como solicitaron, hubiese presentado un informe de legalidad por escrito sobre la maniobra de la Mesa.

ERC y Junts, que también habían conseguido aprobar enmiendas en el Senado que han sido eliminadas de la ley por la Mesa, sin permitir que los diputados se pronuncien sobre ellas en el Pleno, también se habían acogido al artículo 68.1 del Reglamento del Congreso para pedir que se aplazase el debate. El PSOE, no obstante, ha optado por convocar una reunión de la Junta de Portavoces y al no haber unanimidad para modificar el orden del día —el único grupo que se ha opuesto ha sido el socialista— ha dado por zanjado el asunto ignorando lo que establece la normativa interna de la Cámara Baja, que tiene rango de ley.

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Juan Casillas Bayo

Los socialistas se refugian en el artículo 67.4 del Reglamento, que recoge: «A iniciativa de un grupo parlamentario o del Gobierno, la Junta de Portavoces podrá acordar, por razones de urgencia y unanimidad, la inclusión en el orden del día de un determinado asunto, aunque no hubiere cumplido todavía los trámites reglamentarios». Sin embargo, ese precepto habla claramente de «inclusión» y no de modificar el orden del día para eliminar un punto del mismo, lo que es competencia exclusiva del Pleno, como confirman fuentes jurídicas consultadas por ABC.

El artículo 68.1 del Reglamento del Congreso dice: «El orden del día del Pleno puede ser alterado por acuerdo de este, a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la cámara». En este caso, no solo lo ha solicitado más de la quinta parte de los diputados —solo el Grupo Popular ya supera esa cifra— sino hasta tres grupos parlamentarios. Según fuentes jurídicas, este precepto es de activación automática y el presidente del Congreso, que en este caso era Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE) por la ausencia de su compañera Francina Armengol, debería haber sometido a votación la modificación del orden del día.

En cualquier caso, por primera vez, el Pleno del Congreso ha debatido una ley que regresa del Senado, la de desperdicio alimentario, sin haberse podido pronunciar sobre todas las enmiendas que aprobó, al quedar excluidas cuatro de ellas: del PP para bajar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en alimentos básicos, y de ERC y Junts en favor de los agricultores y ganaderos.

Los miembros del PSOE llegaron el martes a la reunión de la Mesa con una petición de veto del Gobierno, a pesar de que esos cambios ya habían sido introducidos en la norma en la Cámara Alta. El asunto no estaba ni en el orden del día, se debatió 'in voce', y por eso no había un informe o una nota de los letrados de la Cámara Baja. El secretario general, Fernando Galindo, normalmente alineado con las posiciones del Ejecutivo, advirtió verbalmente que la decisión que se disponían a tomar PSOE y Sumar no era legal y atentaba contra la doctrina del Tribunal Constitucional.

Según fuentes cercanas a la Presidencia del Congreso, el problema de base reside en que el Senado «se salta» el artículo 134.6 de la Constitución al levantar el veto planteado por el Gobierno a esas enmiendas. La Mesa de la Cámara Alta, respaldada por un informe de sus servicios jurídicos, decidió levantarlo y tramitarlas, y posteriormente quedaron aprobadas por el Pleno. Al regresar la ley al Congreso, el órgano rector decidió, en una maniobra sin precedentes, extraer del texto esas enmiendas contra el criterio de Galindo.

El asunto se ha discutido a primera hora de la mañana, antes de la sesión plenaria, en la Junta de Portavoces, donde el PSOE ha sido el único partido que se ha opuesto a aplazar el debate de la ley de desperdicio alimentario hasta que la Mesa resolviese los recursos planteados por el PP, Junts y ERC. Después, al comenzar la sesión, Miguel Tellado ha pedido formalmente aplicar el artículo 68.1 del Reglamento, pero Gómez de Celis, al que el portavoz popular ha llamado «presidente accidental», ha dicho que le iba a conceder la palabra justo antes del inicio del punto en cuestión.

Tellado ha protestado airadamente con un ejemplar del Reglamento de la Cámara Baja en la mano, mientras su bancada palmeaba en la madera del hemiciclo en señal de protesta. Gómez de Celis le ha llamado al orden y la sesión ha continuado con una tensa calma hasta que se iba a debatir el punto en cuestión. El diputado del PP ha explicado lo sucedido y ha acusado al PSOE de estar incurriendo en «prevaricación». Fuentes cercanas a la Presidencia del Congreso justifican que el Gobierno les había dicho que estaba dispuesto a aplicar el artículo 67.3 del Reglamento del Congreso en el caso de que se modificase el orden del día para excluir la ley de desperdicio alimentario.

Ese precepto, como el 67.4, habla de «incluir» un nuevo asunto, potestad que le concede al Ejecutivo, pero en ningún caso dice que este pueda frenar la modificación que pidan los grupos en virtud del 68.1. Fuentes jurídicas creen ese artículo no puede impedir que Gómez de Celis someta a votación la variación del orden del día, como le reclamaban tres grupos parlamentarios y más de la quinta parte de la Cámara Baja.

«No está como representante del Gobierno, está presidiendo la sede de la soberanía nacional. No cercene los derechos de los diputados», ha clamado Tellado. Después han intervenido Josep Maria Cruset (Junts), que ha pedido junto a ERC el aplazamiento hasta que se resolviesen sus recursos, y Teresa Jordà (ERC), quien se ha mostrado más equidistante al culpar de la situación a PP y PSOE.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, ha defendido que deba haber unanimidad porque si no, en cualquier circunstancia, una mayoría parlamentaria podría impedir el debate de las iniciativas que no le gustan. Gómez de Celis ha insistido en la unanimidad —que la exige el Reglamento en la Junta de Portavoces para incluir un nuevo asunto, no para modificar el orden establecido— y ha zanjado el debate. La ley de desperdicios alimentarios ha quedado aprobada sin que los diputados hayan podido debatir algunas de las enmiendas introducidas en el Senado. El PP y Junts se han cobrado su venganza y han votado en contra de una ley que habían apoyado en comisión, la que creaba la Agencia Estatal de Salud Pública, provocando que se haya tumbado por sorpresa.