Plan B del Gobierno de Baleares para recuperar el dinero que pagó Armengol a la trama: «Hemos perdido 3,7 millones»

El Servicio balear de Salud ya ha dado la orden de que este nuevo expediente administrativo se formalice esta semana. Aprovechará para pedir todo el importe de la operación (3,7 más gastos) y no los 2,6 millones que Armengol planteó inicialmente, que sólo reclamó la diferencia de precio entre el tipo de mascarilla suministrado (quirúrgica) y el solicitado (FFP2).

El actual equipo del director general, Javier Ureña, heredó un embrionario inicio de expediente de reclamación en julio de 2023 y lo ejecutó en agosto de 2023. La reclamación a Soluciones de Gestión siguió su curso con las alegaciones de la empresa ya tramitada. La empresa descartó cualquier devolución de dinero y alegó que esta reclamación, tres años después de recibir el material y sin notificar ninguna incidencia, es «extemporánea» y fuera de lugar.

Sin embargo, tras estallar la operación Delorme que investiga en la Audiencia Nacional una presunta trama de corrupción vinculada al asesor del exministro José Luis Ábalos para cobrar comisiones por la venta de material sanitario en plena pandemia, se ha abierto un «nuevo escenario», reconoce el director general a ABC. «Se está pasando de un ámbito administrativo a un ámbito penal porque la Audiencia Nacional está hablando de que hemos comprado unas mascarillas a una supuesta organización criminal», alerta Javier Ureña, que conociendo los nuevos detalles entiende que no hay que reclamar sólo los 2,6 millones de euros sino la totalidad, 3,7 millones, porque «los ciudadanos de Baleares se han visto afectados patrimonialmente por la totalidad de la cantidad, los 3,7».

Ureña desmiente al PSOE y a la presidenta del Congreso, que sostienen que esta operación fue transparente. «En ningún momento se me informó» [del fraude], sostiene, ni tampoco a la presidenta Prohens ni a nadie. De hecho, el informe interno del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) que acreditaba ya en junio de 2020 que las mascarillas tenían una calidad ínfima se ocultó a la Guardia Civil, a la Intervención, la Oficina Anticorrupción y al Parlamento de Baleares durante toda la legislatura de Armengol.

El Servicio de Salud ultima esta nueva reclamación, que ya tiene «muy avanzada», y se declara «optimista de que pueda prosperar». Pero alerta de que la solvencia de la empresa vinculada a Koldo García está en entredicho, lo cual implica que «si esta reclamación la hubieran hecho en 2020, y era cuando la empresa tenía fondos, es muy probable que se hubiera podido recuperar esta cantidad de dinero. La dejadez [del gobierno de Armengol] va a provocar que aunque la reclamación prospere, es difícil que se traduzca en un resarcimiento económico para los ciudadanos», lamenta Ureña.

Además, el Servicio de Salud de Baleares ya está auditando la compra de este lote de mascarillas a la empresa de la trama. Paralelamente, entiende que hay que iniciar una nueva vía administrativa y, a la vez, personarse también en el procedimiento penal de la Audiencia Nacional. La Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitó el pasado miércoles presentarse como parte afectada al ver motivos suficientes para demostrar que se ha visto perjudicada económicamente. Sin embargo, el juez instructor de la Audiencia Nacional lo rechazó ayer martes al considerar que no hubo perjuicio económico al pagarse las mascarillas con fondos europeos.

El Gobierno de Prohens ha anunciado este miércoles que recurrirá la decisión de no permitir la personación del Govern como parte perjudicada en la causa. El vicepresidente del Ejecutivo balear, Antoni Costa, sostiene que con la descertificación de fondos europeos que tramitó su consejería de Hacienda tras conocerse el escándalo. El Ejecutivo justifica esta actuación en el cumplimiento de protocolos de lucha contra el fraude y normativa Feder. Lo hizo al saberse que el anterior gobierno de la presidenta del Congreso ocultó a Europa que las mascarillas eran fraudulentas para endosar este gasto.

Por todo ello, la Comunidad pasa «automáticamente a ser parte afectada», insiste el vicepresidente, que desmonta el argumento del juez instructor de la Audiencia Nacional de que es la Unión Europea y no el Gobierno de Baleares el perjudicado por la omisión de Armengol. Costa sostiene que, en la práctica «hemos perdido 3,7 millones de euros« porque que el trámite de descertificación de gasto implica renunciar a los fondos europeos.