Armengol reclamó a la empresa ya con el 99,8% de las mascarillas caducadas

El 25 de abril de 2020 llegaron a Palma 1.530.228 mascarillas (más de las prometidas) de siete lotes distintos. Casi todas caducaron a los dos años. Otro paquete de 170.000 caducó el pasado 9 de marzo, hace justo un año. Cuando el director general del IB-Salut, Manuel Palomino, emitió la primera queja a la empresa el 20 de marzo ya sólo quedaban 2.288 mascarillas en buen estado, apenas el 0,15%, según ha podido corroborar ABC. La fecha de caducidad es el 25 de marzo de 2025.

Hasta 2023, el Servicio de Salud no hizo ninguna objeción al polémico lote recibido, a pesar de que desde el primer momento se tuvo constancia de su baja calidad. Así lo alertó un informe interno de Centro Nacional de Protección de Material, que constató ya el 8 de junio de 2020 que eran inservibles para proteger a los sanitarios. Tampoco se usaron para uso extrahospitalario, como justifica ahora el PSOE.

«Se almacenaron por si era necesario y se puso el asunto en cola de trabajo para una reclamación parcial, es decir por la diferencia de dinero entre lo contratado y la calidad recibida», sostiene hoy el entorno de Armengol, sin ser capaz de explicar por qué se dejaron caducar, pese al perjuicio ocasionado. Este lote sigue abandonado en una nave industrial en el municipio mallorquín de Marratxí.

Ese 27 de abril de 2020 se solicitó por parte del jefe de servicio de la central de Compras la codificación en el sistema interno de inventario del Servicio de Salud un código distinto a las mascarillas FFP2 estándar que estaban adquiriendo. El PSOE se agarra a este código para defender que las mascarillas no eran inservibles y que se adquirieron para uso doméstico y no para los sanitarios. Sin embargo, la resolución de emergencia firmada el 4 de mayo de 2020 por el entonces director general del IB-Salut, Juli Fuster, no indicaba que fueran para «uso civil» o «domiciliario», como dicen el portavoz socialista en el Parlamento insular, Iago Negueruela, y su secretaria general, la propia Armengol.

En este documento, del que informó ABC ayer, se decía que la contratación debía ser por trámite de urgencia para atender las necesidades de los profesionales sanitarios y de entidades que no podían realizar su trabajo sin este material por la alta capacidad de contagio del virus de la Covid-19.

Posteriormente, el 30 de abril de 2020 se registró la factura emitida por Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros, que se elevó a casi 4 con los gastos del avión y técnicos. Se pagó el 5 de mayo, tal y como avanzó este diario, siete veces más rápido que el plazo medio en ese momento (43 días) y pese a que ya sospechaban del material y lo habían inmovilizado. De ahí en adelante, hasta el verano pasado, todo fue «satisfactorio» para el ejecutivo presidido por Armengol. El subdirector de Compras, Antonio Mascaró, certificó el 12 de agosto de 2020 que la empresa había realizado suministros de «manera satisfactoria» y «sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia».

Casi tres años después, el 20 de marzo de 2023, el director general del IB-Salut, Manuel Palomino, con quien la empresa de la trama se había comunicado a su correo personal para ofrecerle el lote de mascarillas, informó por correo electrónico que «no cumplían con los requerimientos de FFP2». Avanzó que tomaría las medidas oportunas «con el fin de resarcir al Servicio de Salud de la situación que ha ocasionado este hecho», sin mencionar reclamación ni importe alguno.

Ya después del batacazo electoral de Armengol en mayo, la reclamación iniciada ese último día de legislatura se hizo de forma notablemente beneficiosa para Soluciones de Gestión S.L., al exigir sólo la diferencia del precio entre la mascarilla FFP2 pedida y la quirúrgica servida. En total, 2,6 millones de euros y no los 3,7 (más gastos, casi 4) que se han perdido por la falta de uso.