La Oficina Antifraude de la UE copió los 'emails' del general Espinosa

Los inspectores copiaron toda la información digital del general tal y como quedó cuando se jubiló y dejó el proyecto, al tiempo que también se llevaron copia del material informático de su sucesor al frente del GARSI, el general de Brigada de la Guardia Civil Francisco Espadas.

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Javier Chicote

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La delegación europea de la Olaf se personó sin avisar en la sede de la Fiiapp, en el número 18 de la calle Beatriz de Bobadilla de Madrid, el lunes 28 de noviembre para recabar pruebas de un posible desvío de fondos de la UE, ya que la casi totalidad de los 67 millones de euros anuales que mueve esta fundación gubernamental presidida por Nadia Calviño provienen del presupuesto comunitario.

Se da la circunstancia de que en la oficina apenas había una recepcionista, debido a que los viernes y los lunes todos teletrabajan. Los inspectores, un total de cinco liderados por una funcionaria de nacionalidad alemana, se identificaron y pidieron que se avisara a los gestores de la Fiiapp para que comparecieran. El equipo de la Olaf se instaló en dependencias de la fundación durante cinco días, hasta el viernes 2 de diciembre. Trajeron equipos informáticos y fueron clonando y encriptando todo lo requerido: los perfiles de usuario con los documentos que manejaban, servidores de correo, documentos en la nube y el denominado 'One Drive' que alberga los documentos compartidos. De las cinco personas de la oficina comunitaria antifraude dos eran forenses informáticos.

Según fuentes conocedoras de la investigación, la OLAF tiene en el punto de mira cuatro proyectos de cooperación internacional de la Fiiapp, de los que requirieron toda la información. Entre ellos está el GAR-SI, el mismo que investiga la juez del Tenerife que instruye el caso Mediador-Tito Berni, y en el que el general Espinosa es sospechoso de adjudicar contratos por 263.000 para la compra de drones a cambio de dádivas. Este proyecto trata de mejorar la seguridad en una zona vital para el terrorismo y la inmigración ilegal, el Sahel. Expertos españoles, franceses, italianos y portugueses instruyen a las fuerzas de seguridad de estos países africanos para que puedan combatir el yihadismo y el crimen organizado.

Además de este proyecto, los inspectores de la Olaf están tras el ECI CT Níger, el Cuba y Expertos y un cuarto proyecto que ABC no ha podido concretar.

El de Níger trabaja para combatir el tráfico irregular de migrantes y la trata de personas: «Busca contribuir a la lucha contra las redes criminales vinculadas al terrorismo en Níger, mediante la creación de un equipo conjunto de investigación (ECI) en el seno del Servicio Central de Lucha contra el Terrorismo y el Crimen Transnacional Organizado (SCLCT/CTO)», según lo describe la fundación. En cuanto al de Cuba, se trata de un proyecto de intercambio de expertos entre la isla y la Unión Europea financiado por la Comisión Europea. Debe servir para «acompañar al gobierno cubano en la implementación de sus líneas de la política socioeconómica a través de un intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas en la gestión de la administración y las políticas públicas».

Además de los archivos y correos de la directora de la fundación y de los generales Espinosa y Espadas, entre los 33 miembros de la Fiiapp de los que se requirió el material están la secretaria general, Inmaculada Zamora; el director del Área Operativa; la jefa del Área de Seguridad y mando intermedio del proyecto GAR-SI; y varios técnicos de proyectos. El 2 de diciembre, antes de abandonar España, la delegación de la Olaf levantó acta del material incautado y dejó pendiente la remisión de algunos documentos que en ese momento no estaban disponibles y que una persona de gerencia tendría que remitir con posterioridad.

Cuando este diario destapó la investigación de la Olaf, el pasado lunes, fuentes de la Fiiapp declinaron pronunciarse al respecto. Se limitaron a expresar que la fundación «colabora con todos los requerimiento de información, sean judiciales, como se está haciendo en el caso Mediador, o de organismos fiscalizadores».

La fundación, que gestiona alrededor de 120 proyectos al año y ya ha puesto en marcha un millar en 114 países, saltó a los medios por la detención del general retirado Francisco Espinosa el pasado 14 de febrero.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife libró hace unas semanas un requerimiento de documentación a la Fiiapp sobre cuatro contratos detectados adjudicados a un empresario implicado en el caso Mediador, José Antonio Suárez, y que se encuentran bajo sospecha.

Se trata de suministro de equipamiento para el proyecto GAR-SI Sahel en Mauritania, Níger, Malí y un envío a la base de Logroño adjudicados entre 2020 y 2021, los años en que se circunscribe la investigación sobre una trama de mordidas en la que el mediador, Antonio Navarro Tacoronte, habría gestionado comisiones de empresarios a cargos públicos a cambio de influencia y, se sospecha, también adjudicaciones. Son expedientes que suman un importe total de 2,35 millones de euros, pero los lotes bajo sospecha ascienden a 263.000 euros.

El patronato de la fundación –el órgano que gobierna, representa y administra la Fiiapp– está compuesto por miembros del Gobierno, comenzando por la citada Nadia Calviño y siguiendo con los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Justicia, Pilar Llop.

Como desveló ABC, ya en 2020 una auditoría de la IGAE denunció la sistemática adjudicación de contratos públicos sin cumplir la normativa vigente.

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