El narcocrimen de Barbate lo tendrá que asumir un juez novato

La juez a cargo de la investigación sobre el asesinato de dos guardias civiles en la bocana del puerto de Barbate (Cádiz) es una sustituta que está cubriendo la vacante del Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad, cuyo titular recibió el destino de manos de Felipe VI esta misma semana tras sacarse la oposición y culminar dos años de estudios en la Escuela Judicial.

Número 55 de una promoción de 160 nuevos jueces, su juventud no cuestiona la valía que se le presume, pero sí evidencia la precaria situación en los juzgados del sur de España que viene denunciando tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sus memorias año tras año como la distorsión con las exigencias de la lucha contra el narcotráfico que apuntaba la fiscal jefe de Antidroga, Rosana Morán, en el primer informe anual que suscribía en el puesto: no pueden ser «jueces sin experiencia suficiente» quienes asuman ese tipo de causas, que requieren cierto bagaje por su complejidad.

Y tampoco instructores con una agenda rebosante de otros quehaceres, porque implica un seguimiento y control exhaustivos, como cuando concurren escuchas telefónicas en investigaciones que se prolongan durante meses. El Juzgado 1 de Barbate es mixto y lleva, además de todo tipo de delincuencia común, tareas de registro civil. En el año 2022, último dato disponible, los dos órganos judiciales de que dispone el municipio gaditano asumieron 2.300 asuntos exclusivamente penales.

El presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella, hablaba estos días de que la localidad es «un destino maldito». «Quizá no estuve muy afortunado con esa frase, pero es cierto que es un lugar ingrato», comenta a ABC.

No cuestiona que el nuevo titular de la plaza estará a la altura, porque «la formación en España para ser juez es altísima y se pasa por un proceso muy complejo», pero «otra cosa son los medios con los que va a contar en un juzgado como el de Barbate», municipio fuertemente castigado por la droga consecuencia de una depresión económica que se arrastra ya dos décadas y cuyos dos órganos judiciales de primera instancia e instrucción presentan una alta rotación: los jueces se acaban marchando.

Una de las principales consecuencias es el «estancamiento», en palabras de la fiscal Antidroga delegada en la provincia, de importantes causas por blanqueo del narcotráfico: el cambio de funcionarios y jueces titulares «implica que cada nuevo instructor deba conocer y estudiar causas complejas que llevan años de instrucción». La demora tiene costes en términos de administración de Justicia: además de que se firman conformidades con rebajas de condena, se aplican reducciones importantes por las atenuantes de dilaciones indebidas.

Esta delegación de la fiscalía especial reorganizó su plantilla el año pasado «por la especial situación de los juzgados» de Barbate, «al tratarse de puntos de desembarco habitual de drogas y mantener un número elevado de asuntos contra organizaciones criminales de cierta antigüedad». Dos de sus ocho integrantes -la plantilla que tienen para Cádiz- se han adscrito a sus juzgados e integrado en la sección para asumir los casos que entran desde hace justo un año, en febrero de 2023. Hablan de «sobrecarga» de trabajo en esos órganos.

No es una situación excepcional en Andalucía. El criterio técnico del Consejo General del Poder Judicial fija los máximos asumibles de trabajo anual en 680 asuntos civiles y 1.000 penales por juzgado, cifra que no sólo se supera en Barbate, sino «en muchos partidos judiciales», como detallan los informes del TSJ, que viene reclamando crear plazas nuevas «y, en su caso, mantener o arbitrar medidas de refuerzo».

Ya lo decía la propia Fiscalía Antidroga Delegada en Cádiz y Ceuta, muy crítica con la desarticulación de la unidad especial antinarco OCON Sur tras cuatro años de actividad, en su balance anual: las aprehensiones de estupefacientes en la provincia cayeron desde 173.045 a 98.000 kilos en 2022, reduciéndose en consecuencia el número de causas por delitos contra la salud pública en toda la provincia. «Solo puede ser explicado por la disminución de la presión policial», sostenía. Pero el hecho es que ese descenso amortigua en parte la situación de los juzgados en el Campo de Gibraltar, donde el despliegue policial estaba creando cuellos de botella.

Estrella recuerda que ya ante el diseño del plan que constituiría aquella unidad antinarco advirtió a los ministerios del Interior y Justicia del riesgo de convertir los juzgados «en un embudo». Se crearon plazas en lugares como Algeciras o San Fernando, recuerda, «pero es absolutamente insuficiente». «Si hay disponibilidad económica y disposición política, traerse a 150 agentes de élite es relativamente sencillo, pero crear una plaza de juez no es tan fácil porque no sólo es él, tiene que tener una plantilla de funcionarios que sepan trabajar a su lado y recursos», añade.

El colapso incide de forma directa en la actividad policial contra el narco. Los policías y guardias civiles comprueban a diario que los jueces y fiscales no son capaces de absorber la cantidad de trabajo que generan sus continuas operaciones, hasta el punto de que no es extraño retrasarlas porque no hay posibilidad de que un juzgado las asuma, según las fuentes consultadas por ABC.

Esa situación es denunciada una y otra vez por los investigadores. «Muchas veces son causas muy complejas, con muchos investigados, en los que hay que hacer además una potente investigación patrimonial y recurrir a comisiones rogatorias. Que un juzgado de instrucción de estas localidades asuma un procedimiento de estos supone bloquearlo, porque no cuenta con los medios necesarios para que el asunto avance. Y, si el juzgado en cuestión es mixto, todo se complica más».

El caso paradigmático ha sido el reciente juicio al clan de los Castañas, uno de los que controla el tráfico de drogas en la zona, que se celebró con dos años de retraso porque después de una instrucción muy complicada ni siquiera se encontraba un espacio físico para albergarlo y hubo que construirlo. Por si fuera poco, las penas impuestas son reducidas.

¿Cuál es la principal consecuencia de ello? Que las instrucciones, por lo general, se prolongan más de dos años y los detenidos, incluidos los grandes capos, quedan poco a poco en libertad aunque estén detrás de muchas toneladas de droga. Los narcos lo saben y su sentimiento de impunidad se refuerza. Muchos huyen, bastantes a Marruecos, y de inmediato retoman su actividad criminal. Y vuelve a comenzar el círculo vicioso.

La falta de medios es muy evidente cuando se producen operaciones con decenas de detenidos. La primera dificultad es encontrar calabozos suficientes para los arrestados antes de ser puestos a disposición judicial. La segunda, que en ocasiones coinciden en un mismo dos jueces de detenidos, pues al que sale de guardia no le da tiempo a acabar de decidir sobre la situación de cada implicado y tiene que prolongar su jornada y el que entra vuelve a encontrarse con una actuación también de envergadura de las Fuerzas de Seguridad.

El Gobierno, en su huida hacia adelante para justificarse en este tema, asegura haber creado doce nuevos juzgados desde 2018, dos plazas en la Audiencia de Cádiz y otras diez de fiscales. El problema es que eso se hace sin dotarles de los medios imprescindibles para hacer el trabajo - «llegan con poco más que un papel y un bolígrafo y no están especializados», dicen las fuentes policiales consultadas-, de modo que apenas pueden aliviar la situación de colapso. Y además hay una carencia clara de funcionarios judiciales y pocos alicientes para que los que hay quieran quedarse en el puesto. «Dicen las plazas que crean, pero no cuánto tiempo se queda la gente que viene aquí. Muchos se van hartos de la carga de trabajo y la falta de medios», remachan esas fuentes.