El Gobierno negó varias veces al Congreso que desmantelara el OCON

En su respuesta predeterminada, Interior sostenía que la citada reestructuración obedecía a que «teniendo en cuenta que la amenaza que se está combatiendo es de carácter permanente, se ha considerado necesario fortalecer las estructuras permanentes de investigación». Justo lo contrario de lo que ha terminado sucediendo.

«Sus efectivos (del OCON-SUR), bases operativas y recursos se integran en las estructuras orgánicas permanentes de las Unidades de Policía Judicial de las Comandancias, reforzándolas de manera indefinida», afirmaba el Gobierno, puntualizando que «el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico asumirá las funciones de coordinación operativa».

La respuesta del Ejecutivo era formalmente cierta, pues OCON Sur nunca formó parte de la estructura orgánica de la Guardia Civil, pero ocultaba que muchos de los agentes que estuvieron allí destinados lo hicieron en comisión de servicio, lo que disparaba los costes. Además, parte de los agentes procedía de unidades no relacionadas con la lucha contra la droga, de modo que cuando se disolvió el grupo tuvieron que regresar a sus anteriores servicios. El resto, claro, reforzó los grupos contra el narcotráfico de las Unidades de Policía Judicial de las Comandancias. En la decisión de Interior pesó además que el debilitamiento de otras unidades por la creación de OCON Sur había provocado un aumento de la criminalidad en zonas rurales y complicaba mucho la organización de los servicios.

Además, el Ejecutivo sacaba pecho de su gestión recordando que «fue el Gobierno el que aprobó en julio de 2018 el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, prorrogado en dos ocasiones hasta fin de 2023». La primera contestación de Moncloa se produjo ante una batería de preguntas remitidas por el que fuera portavoz de Interior de Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez, en septiembre de 2018, reclamando conocer los motivos del desmantelamiento del OCON Sur, la falta de aviso a los agentes afectados sobre su cambio de destino, una explicación sobre las implicaciones de todo ello para el III Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, y la fecha de inclusión de este área como Zona de Especial Singularidad.

El Gobierno repitió textualmente la respuesta remitida a Ciudadanos cuando ese mismo mes de octubre el portavoz adjunto del Grupo Vox, Javier Ortega Smith, pidió explicaciones al Gobierno por la decisión de prescindir de OCON Sur, y el portavoz sustituto del mismo grupo, José María Figaredo, exigió conocer el balance que hacía Interior sobre la labor realizada por esa unidad especializada. Una cuestión que el Ejecutivo nunca respondió.

El Gobierno volvió a utilizar la misma contestación predeterminada para dar carpetazo a otra petición de explicaciones remitida por Figaredo ese mismo mes relativa a cómo se afrontarían y planificarían las operaciones contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar tras la desintegración de la unidad especial. Otro interrogante que el Ejecutivo dejó sin respuesta.

La última contestación escrita del Gobierno negando el desmantelamiento de OCON Sur lleva fecha del pasado mes de enero. En ella, a diferencia de las anteriores, Moncloa prescinde de señalar que la amenaza del narcotráfico es de carácter permanente, y que el objetivo de la «reestructuración o transformación» sea fortalecer las estructuras permanentes de investigación. Pero repite la misma negativa sobre la desaparición como tal de la unidad y hace mayor hincapié en el supuesto acierto de su gestión al reivindicar la autoría del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar y su prórroga posterior «por su éxito en varias ocasiones».

Este último posicionamiento del Gobierno se produjo después de que la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, preguntara en noviembre por los motivos del desmantelamiento de OCON y sobre si este hecho estaba relacionado con la caída de las incautaciones de droga en el Campo de Gibraltar. Otra cuestión que el Gobierno también dejó en el aire.

La oposición lleva muchos años cuestionando al Gobierno sobre la situación en el Campo de Gibraltar. En al menos tres ocasiones desde el año 2020 el PP ha preguntado al Ejecutivo si tenía intención de declarar Zona de Especial Singularidad el Campo de Gibraltar. La respuesta siempre fue la evasiva, la defensa de la gestión que se estaba realizando y la plasmación por escrito de que esa declaración no era necesaria. El 27 de noviembre de 2020 los diputados populares Isabel Borrego Cortés, la mencionada Ana Vázquez, Carlos Rojas y Luis Santamaría registraron una pregunta al respecto solicitando respuesta por escrito. El Gobierno contestó entonces resaltando los resultados del Plan Especial de Seguridad que aprobaron en el verano de 2018. Defendiendo que ese plan ya contemplaba «la habilitación de una partida presupuestaria extraordinaria para empoderar a las unidades policiales directamente involucradas en la protección del orden público, así como en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos conexos».

De nuevo en abril del año 2022 el PP preguntó al Gobierno «cuándo» tenía previsto Interior proceder a esta declaración «y pagar el complemento correspondiente». La respuesta del Gobierno en ese momento se limitó a precisar que se estaban realizando «estudios técnicos sobre la posibilidad de crear determinados incentivos» para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en ciertas zonas del territorio nacional, aunque reconocía que «no existe en estos momentos una definición de estos incentivos y zonas». En abril de 2023, las diputadas Vázquez y Borrego insistían en su cuestionamiento al Gobierno a este respecto.

En el mes de mayo consta la última respuesta escrita sobre esta cuestión. Nuevamente se defiende que haber prolongado el Plan Especial de Seguridad significaba dar continuidad a una serie de líneas de acción estratégicas «que tan buenos resultados han dado durante la vigencia de los planes anteriores». El Gobierno justificaba que esos planes ya contemplan un refuerzo de medios humanos, materiales y tecnológicos para «atacar con eficacia las actividades del crimen organizado». Por tanto, Interior defendía que ese incremento de medios ya se hacía «sin que sea necesario establecer nuevas Zonas de Especial Singularidad».

La creación de una de estas zonas supone una mejora de los sueldos y resto de condiciones laborales —por ejemplo, más vacaciones—, lo que las hace atractivas para muchos agentes. Eso permite completar plantillas y evitar peticiones de traslados a otros lugares menos inseguros.